La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha afirmado que, para que nuestra Ley de Igualdades de Oportunidades y la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no sean “meras declaraciones de principios”, resulta “necesario” un régimen sancionador “eficaz”, “que sólo la Comunidad Foral de Navarra lo ha regulado en su territorio”.
Así lo asegura en el periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi 
), en una entrevista publicada en su número 9.
En este sentido, Cava de Llano considera “muy importante” garantizar los derechos de las personas con discapacidad a través de la adaptación a la Convención de la ONU. Según explica, “su texto ha sido ratificado y publicado en el BOE, por lo que forma parte ya de nuestro ordenamiento desde 2008”. Además, incide en que “hay que dejar constancia de la aprobación de la Ley sobre adaptación normativa a la Convención”.
La Institución de la Defensora del Pueblo y el sector de la discapacidad
La Institución que dirige María Luisa Cava de Llano tramitó el año pasado casi 35.000 quejas, “un 55, 6% más que en 2009” y, según señala, “se prevé que en 2011 se incremente esa cifra”.
En este sentido, con respecto a las principales investigaciones de oficio llevadas a cabo por esta Institución en materia de discapacidad, Cava de Llano destaca que, a través de las “numerosas” recomendaciones efectuadas, se ha logrado, por ejemplo, “un incremento sustancial en la cuantía del subsidio de garantía de ingresos mínimos y que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria y a la prestación farmacéutica a todas las personas con discapacidad que no estuvieran incluidas en el sistema de la Seguridad Social”.
También, continúa, “se ha conseguido fijar un cupo de reserva de puestos de trabajo en las distintas administraciones públicas”. Asimismo, manifiesta que, desde la Institución que dirige, elaboraron el estudio ‘Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado’ y se promovió una investigación de carácter general sobre la realidad epidemiológica y socio-sanitaria del Daño Cerebral Sobrevenido (DCS) en España.
Otra de las acciones que se han llevado a cabo, según indica, son las dirigidas a eliminar todo tipo de barreras, gracias a lo que “se ha modificado el régimen jurídico de la propiedad horizontal para favorecer acuerdos de supresión de barreras arquitectónicas y eliminar barreras físicas para el acceso a la Universidad”.
Además, destaca que, con el objetivo de promover la participación en la vida política de las personas con discapacidad, “hemos pedido la eliminación de barreras o sistemas que imposibiliten su efectiva participación y se ha solicitado al Ministerio de Interior un informe sobre la conveniencia de aportar medidas que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos electorales”.
La Defensora del Pueblo, que afirma que le gustaría, después de más de once años ejerciendo su cargo en funciones, ser designada Defensora del Pueblo ‘in pectore’, hace referencia también al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en las nuevas oficinas de farmacia.
Así, señala que se inició una queja de oficio ante la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con el objetivo de que se reformara la ley para que se estableciera una reserva legal para personas con discapacidad, y admite que se ha conseguido establecer este cupo en alguna Comunidad Autónoma, como es el caso de Andalucía.
Según destaca, “el marco legal vigente en nuestro país impone a los poderes públicos la obligación de adoptar medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad”, a lo que añade que “esta Institución hará un seguimiento sobre las medidas contempladas en la Estrategia para el Empleo de Personas con Discapacidad.
Por otra parte, en cuanto a si Hacienda ha actualizado el límite de 8.000 euros para la deducción por los ingresos de ascendientes de personas con discapacidad en el IRPF, Cava de Llano asegura que “no se ha actualizado ese importe”. “La Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos considera que ese límite es suficiente para fijar el de dependencia económica”, mientras que para la Institución de la Defensora del Pueblo, “ese límite debía afectarse a las modificaciones del IPC anual para mantener el equilibrio inicial”, aclara.
“Hemos cerrado la queja, aunque en disconformidad con la Administración”, concluye.
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