El Defensor del Pueblo 
recibió en 2014 un total de 23.186 quejas, lo que supone un 2,18 más que el año anterior (22.692), según el informe anual de esta institución, presentado este jueves en las Cortes.
Este ligero aumento contrasta con la fuerte subida en el número de quejas que recibió el Defensor en 2013, un 32,2%, como consecuencia de los recortes en sanidad y educación, la supresión de la paga extra a los funcionarios y las participaciones preferentes.
En 2014, las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos fueron las relacionadas con asuntos sociales, especialmente las dificultades de acceso a rentas mínimas y prestaciones de dependencia; los problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales, y los retrasos en la administración de justicia.
Según el informe, que entregó este jueves a los presidentes del Congreso y el Senado la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la institución aumentó sus actuaciones de oficio un 41%, hasta alcanzar los 489 expedientes. Destacan las relativas a la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, la supervisión de acogida de inmigrantes, los problemas sobre pobreza energética, los cortes de suministro eléctrico y los sistemas de facturación.
El Defensor formuló 467 recomendaciones a las administraciones, un 97,4% más, y de ellas fueron aceptadas un 72,09%. La mayoría de ellas se refirieron a reforma fiscal, ley de segunda oportunidad, pobreza y nutrición infantil y mayor difusión internacional sobre las víctimas del terrorismo.
En su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la la Oficina del Defensor visitó 61 lugares de privación de libertad; en 11 de estas visitas participó Becerril. Además, la defensora visitó tres centros en países de la UE para conocer la realidad de estos centros, las buenas prácticas que allí se realizan y recomendar su implantación en nuestro país.
El informe da cuenta del Portal de Transparencia que ha puesto el Defensor, en el que se detalla la gestión presupuestaria, salarios, contratos, convenios y viajes oficiales de la institución, así como los tiempos medios empleados por el Defensor para contestar a los ciudadanos y los tiempos utilizados por las administraciones para contestar al Defensor.
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