La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales calcula que las medidas adoptadas por el Gobierno en lo referido a la Ley de Dependencia supondrán un recorte superior a los 800 millones de euros, harán insostenible el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en España, dejan a las comunidades autónomas sin margen de maniobra y destruirán este año más de 10.000 empleos.
Según los resultados del Observatorio Estatal de la Dependencia, en el que la citada asociación analiza el impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia, estas medidas se traducen en la práctica en "destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios".
Según la asociación, la supresión del nivel convenido y la reducción en un 13,2% del nivel mínimo garantizado a las comunidades autónomas "agudizan hasta lo insoportable la tan cacareada insostenibilidad económica del Sistema de Atención a la Dependencia".
El informe indica que la primera de las medidas supuso una minoración en los ingresos de las arcas autonómicas de 283,2 millones de euros y la segunda supondrá ?solo hasta finales de 2012- un quebranto de 87,7 millones. Ambas cantidades supondrían una disminución de los ingresos a las comunidades para la atención a la dependencia de 370,9 millones de euros sobre lo previsto hasta marzo de este año.
Otra medida de ahorro directo para las arcas estatales es la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social por las personas cuidadoras familiares a partir del 1 de agosto. Según el observatorio, la cantidad estimada que el Imserso dejará de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social en 2012 rondará los 140 millones de euros.
"Estas tres acciones combinadas suponen un ahorro para las arcas estatales (Presupuestos Generales del Estado) de más de 510 millones de euros sobre lo que sería previsible en 2012", y "los efectos consolidados de estos ahorros para el ejercicio 2013 ascenderán a más de 850 millones".
SISTEMA INSOSTENIBLE
Además, la asociación de directores y gerentes destaca otras medidas que favorecen el ahorro autonómico: la reducción de las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar (Pecef) en un 15% a partir de 1 de agosto, lo que supondrá hasta final de año un ahorro neto de unos 112,2 millones de euros, y la eliminación de la retroactividad en las Pecef a partir de esa misma fecha, lo que reportará un ahorro a las arcas autonómicas de 193,5 millones.
Todos estos recortes supondrán, indica el informe, dejar de inyectar al sistema financiación pública por un importe de 816,6 millones de euros, que "invertidos inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y unos retornos (directos e indirectos) a las arcas públicas de 352 millones de euros, que sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 500 millones".
"Por el contrario, se depreciarán todas las atenciones a más de 750.000 personas, se destruirán con toda seguridad en lo que resta de año 2012 más de 10.000 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en servicios sociales", agrega el Observatorio Estatal de la Dependencia.
"Las decisiones adoptadas hacen efectivamente insostenible el sistema de atenciones a la dependencia en España. Bajo la hipótesis de un crecimiento nulo, solo mantener las atenciones que se prestan en 2012 (servicios más prestaciones económicas) conlleva un gasto público mínimo de 5.933 millones de euros (ya reducida la Pecef en un 15% para los cinco últimos meses del año). De esta cantidad, la Administración General del Estado aportará tan solo unos 1.225 millones (20,6%) en concepto de Nivel Mínimo, lo que obligaría a las CCAA a aportar el resto: esto es, 4.708 millones (79,4%). Podemos afirmar que las medidas adoptadas por el Gobierno hacen el sistema absolutamente insostenible y deja a las CCAA sin margen de maniobra", concluye el informe.
Además, indica que las "devastadoras" medidas gubernamentales tienen otro efecto "perverso y territorialmente injusto", ya que "los impactos de las restricciones presupuestarias serán muy desiguales entre los territorios autonómicos y además favorecerán a las comunidades que peor desarrollaron esta política social, hundiendo a las que los hacían razonablemente bien o lo intentaban. La supresión del nivel convenido y la reducción del nivel mínimo suponen un quebranto directo hacia las arcas autonómicas".
AHORROS PARA LAS CCAA
Los autores del estudio afirman que de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley de 13 de julio hay dos que supondrían importantes "ahorros" para las CCAA, facultadas para que sus aportaciones al sistema se reduzcan significativamente.
Una de estas medidas es la inicial reducción de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15% y con efectos a partir del 1 de agosto de 2012. La otra es la eliminación, con efectos desde el 1 de agosto, del derecho a percibir retroactivamente los importes de dichas prestaciones económicas en los casos en que se hubieran devengado las mismas (a partir del sexto mes de iniciado el expediente).
"La combinación de los tipos de recorte afectan de manera directa (como sumatorio) a las personas dependientes que ya reciban algún servicio o prestación del sistema o que debieran recibirlo por tener derecho a atención", continúa el estudio. "En definitiva, el efecto agregado es una reducción importantísima de los aportes públicos al sistema para 2012 que reduce el gasto público total en el SAAD en más de un 10% sobre el gasto 2011, pero que tiene importantes diferencias por territorio".
Si se estima que las atenciones en dependencia suponían en 2012 un gasto público mensual medio de 540 euros por persona atendida, una rebaja de 52 euros/mes por persona sitúa la media por debajo de los 500 euros.
"Es obvio que el sistema se destruye por inanición", finaliza el informe. "El destrozo total del sistema es tan evidente que solo caben dos posibilidades de valoración de la maniobra: o se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de Dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial".
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