Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha elaborado una serie de propuestas e iniciativas sobre discapacidad para incorporar a la nueva agenda social anunciada por el Gobierno, con el objetivo de favorecer a las personas con discapacidad y sus familias.
En el ámbito de la inclusión laboral, el Cermi plantea una modificación legislativa en relación a la Ley de Contratos del Sector Público, para exigir a los licitadores, como "requisito de admisibilidad en los procedimientos", que en la contratación pública acrediten el cumplimiento legal de la reserva de los puestos de trabajos a favor de personas con discapacidad.
También propone una modificación normativa para esta ley, a fin de establecer que todos los órganos contratantes de las Administraciones Públicas estén obligados a reservar el 6% de los contratos públicos que convoquen anualmente a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro.
Dentro de este ámbito, otra medida que establece es la modificación normativa en relación a la Ley General de Subvenciones, para establecer la prohibición de otorgar "ningún tipo de ayuda pública, incluidas las subvenciones, a empresas y entidades que, estando obligadas, no acrediten el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad".
En cuanto al ámbito de la accesibilidad, el Cermi hace referencia a la rebaja de los plazos máximos de la Liondau de 17 a 13 años, "de modo que el 2016 sea el límite temporal máximo para la adaptación de todos los entornos, productos y servicios".
Por otro lado, pide una reforma de la Lismi para elevar al 6% como mínimo para todo el Estado la reserva de viviendas de promoción pública a favor de las personas con discapacidad, "abriendo esta reserva a las asociaciones y sus fundaciones de personas con discapacidad y sus familias para dedicarlas a un proyecto de vida autónoma e independiente".
Asimismo, plantea, por un lado, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios asuman "íntegramente" los costes derivados de actuaciones y obras de accesibilidad en las viviendas sometidas a propiedad horizontal, y, por otro, la creación de un Fondo de Promoción de la Accesibilidad, en el marco de la Administración General del Estado, dedicado a obras públicas, infraestructuras e inversiones en nuevas tecnologías y sociedad de la información.
La plataforma de la discapacidad plantea, además, medidas que afectan al ámbito educativo, social y sociosanitario, así como al fiscal.
Fuente: Servimedia
