La Oficina de la defensora del Pueblo 
ha informado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi ) de que, tras haber abierto una investigación de carácter informativo ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional manifestó su intención de poner en marcha diversas actuaciones para que un grupo de expertos proponga antes de verano sus conclusiones respecto a la formación que debe dar respuesta a los subtituladores y audiodescriptores.
Así se acordó, según expone, en una reunión entre la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, el Consejo Nacional de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Centro de Subtitulado y Audiodescripción , y el Real Patronato sobre la Discapacidad .
La Defensora del Pueblo celebra esta información ante la queja planteada por el Cermi sobre la necesidad de que se regulen los títulos profesionales de subtitulador y audiodescriptor, bajo la consideración de que la “correcta y completa” formación de especialistas en esta materia es “esencial” para impulsar la accesibilidad audiovisual y para dar “adecuado” cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad sensorial.
En este sentido, el Comité resaltaba en su demanda, la importancia que tiene la “adecuada” formación y profesionalización de este personal para lograr un “mayor” avance en la accesibilidad de los contenidos audiovisuales a favor de las personas sordas y con discapacidad auditiva, y para las personas ciegas y con discapacidad visual, a través del subtitulado y la audiodescripción.
Según indica la institución, esta premisa quedó reflejada también en el Convenio suscrito el pasado mes de julio por el Gobierno y la Universidad Carlos III para impulsar el acceso de las personas con discapacidad visual y auditiva a través del seguimiento del subtitulado y la audiodescripción en las televisiones de ámbito estatal de la TDT, así como en el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.
En esta línea, la Defensora del Pueblo asegura que valora siempre “prioritariamente” cualquier medida que vaya dirigida a la supresión de barreras de comunicación en el marco de políticas de igualdad destinadas a favorecer los derechos de las personas más vulnerables.
Por ello, manifiesta que celebra que finalmente se hayan comenzado a tomar en consideración estas aspiraciones, y que valorará “positivamente” cualquier iniciativa que se adopte para favorecer los derechos de las personas más vulnerables, para lo que, apunta, realizará un seguimiento del resultado que vayan ofreciendo las actuaciones ya iniciadas por Educación.
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