Provocado por las listas de espera
Redacción
El secretario de Estado de Servicios Sociales, Ignacio Álvarez, ha apuntado este lunes que el plan de choque del Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia servirá para acabar para 2023 con el conocido como “limbo de la dependencia” provocado por las listas de espera, ya que “estamos revirtiendo de una sola vez todos los recortes”.
“Tenemos más de 300.000 personas que tienen reconocida la prestación pero no la han recibido. Si aumentamos en 600 millones la financiación, es para poder ir reduciendo esa lista de espera y reabsorber ese número tan alto”, dijo Álvarez en una entrevista con RNE recogida por Servimedia.
A su juicio, este plan de choque aprobado la semana pasada con las comunidades autónomas y los agentes sociales supone “un segundo impulso al sistema de dependencia”, ya que “en la década anterior fue sometido a recortes muy duros”.
Como dijo, “va a conseguir mejorar la financiación del sistema de dependencia y darle un impulso con la mejora de prestaciones de calidad, el derecho de la teleasistencia o la regulación del asistente personal”.
El objetivo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, con este plan es impulsar un cambio de modelo en los apoyos y cuidados de larga duración de mayores y dependientes con medidas como más teleasistencia o tender a un nuevo tipo de residencias más pequeñas y potenciar la profesionalización de los cuidados.
En concreto, el plan prevé que en febrero se establezcan objetivos específicos para la reducción de la lista de espera en cada comunidad autónoma y las medidas que adoptarán para lograrlo. Actualmente hay 230.000 personas esperando a recibir una prestación ya reconocida y otras 150.000 a que se valore su grado de dependencia.
La inversión en el Sistema de Dependencia durante 2021, 2022 y 2023 será de 3.600 millones de euros, con los que echará a andar el plan. En este sentido, este año se refuerza con 600 millones de euros.
Esto servirá, entre otros puntos, para mejorar las cuantías del nivel mínimo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente que recibe alguna prestación o servicio, que se incrementan un 23,6% en el caso de los grandes dependientes, cuya prestación pasará de 190 euros a 235. Para el grado II aumentan un 11,3%; y para el grado I, un 26,6%,
“Estamos revirtiendo de una sola vez todos estos recortes”, celebró Nacho Álvarez, que insistió en que el plan servirá para profesionalizar los cuidados y mejorar las condiciones de las trabajadoras de la dependencia. “Es un sistema poco profesionalizado en algunos ámbitos y hay precariedad laboral”, señaló.
Y es que, por ejemplo, las “cuidadoras en el ámbito doméstico tienen sueldos y condiciones bajas”, por lo que el reconocimiento del asistente personal servirá para “profesionalizar el sistema y avanzar en que las prestaciones se vayan prestando cada vez más por la vía de los servicios públicos”.
Asimismo, avanzó que se revisarán los conciertos con las residencias de mayores para ampliarlos y que esto redunde en una mejora de las condiciones de los trabajadores, así como de su profesionalización.
En cuanto a las residencias de mayores que ya existen, el secretario de Estado prevé invertir 700 millones de euros para remodelarlas y adaptarlas a modelos de convivencia“centrados en la persona” y en la línea de las que proyecta para el futuro, con centros más pequeños y más conectados con los centros de atención primaria, al tiempo que se reforzará la teleasistencia avanzada para finales de 2022
