Muchas empresas no pueden esperar a recibir las ayudas del Gobierno
Redacción
La crisis desatada por el coronavirus comienza a hacer estragos económicos. El mercado laboral español se salvó el pasado mes de febrero de los efectos de una enfermedad que en apenas 15 días se ha convertido en pandemia global y ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma, obligando al cierre de sectores enteros del comercio y al confinamiento de millones de españoles en sus casas.
Pero esta semana recién inaugurada llevará al paro a miles de personas por la cantidad de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que se han o se van a registrar. Los despachos laboralistas y gestoras tienen ya listas las comunicaciones mientras los sindicatos se preparan para un aluvión de consultas sobre los derechos de los trabajadores o los trámites para darse de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que también ha cerrado sus oficinas por la pandemia.
Grandes, medianas y pequeñas empresas de sectores generadores de trabajo en la economía española como el comercio (3,2 millones de empleos), la hostelería (1,5 millones), las plantas de automóviles y la industria en general (2 millones) o la educación (1 millón) iniciarán hoy los trámites ante el Ministerio de Trabajo para suspender de empleo a sus plantillas ante la parálisis causada por el coronavirus.
Si no lo han hecho ya es porque la respuesta prometida por el Gobierno está prevista para el Consejo de Ministros de mañana en forma de una regulación específica para acelerar la tramitación de los ERTEs hasta una duración mínima de cinco días desde la comunicación a los sindicatos y con efectos retroactivos al día de la comunicación por causas de fuerza mayor. El problema para sectores como el comercio o la hostelería es que el cierre de sus negocios por el estado de alarma les obliga a enviar a casa a sus trabajadores. Ayer, varias de las principales empresas empleadoras del país del sector de la gran distribución optaron por enviar a casa al grueso de sus plantillas dedicadas a la atención al público, con las excepciones de actividades como la alimentación marcadas por el decreto del Gobierno.
