El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha comenzado la elaboración de un extenso informe relativo al empleo y la discapacidad, que deberá presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2013.
Con el fin de cumplimentar lo máximo posible las cifras existentes de nuestro país, el Cermi 
ya ha hecho sus deberes enviando con antelación su propio informe -con datos recopilados desde 2010-, "en aras de cumplir con su política social y de trabajar siempre por la mejora de las condiciones de vida y la integración social de las personas discapacitadas", tal y como señala en su nota de prensa.
Informe del Cermi
El Cermi ha destacado que el informe presentado ante el organizamo internacional abarca todas las áreas relacionadas con el empleo, desde las tasas de inserción laboral hasta la cualificación personal, prestando atención a las divisiones por edad y sexo.
En definitiva, un detallado reporte en el que destaca un dato negativo: la escasa tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad. Sólo el 36,2% de este sector social permanece activo frente al 75% de la población general. Es más, puntualiza el Cermi, sólo "el 27,7% trabaja realmente, cuando la tasa de trabajo efectivo de la población general es de casi el doble, un 49,2%".
Una de las causas que eleva el paro en entre las personas con discapacidadd es el hecho de que muchas ni tienen ni buscan empleo. En concreto, se han contabilizado unas 750.000, "lo que se traduce en un porcentaje de paro mucho mayor que el descrito para la población general".
Sería bueno conocer por qué se producen estos datos cualitativamente paupérrimos en términos de empleo. Por ello, el informe también recaba un estudio relacionado con las causas.
Entre los múltiples "factores que obstaculizan la inserción laboral de las personas con discapacidad", el movimiento asociativo señala la educación como un factor carencial. Sólo el 20% de la población con discapacidad ha conseguido completar la educación secundaria.
Efectivamente, la formación para el empleo es clave para "acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, bien a través de establecimiento de cupos en las plantillas, a la mejora de las políticas de responsabilidad social de las empresas o favoreciendo la aplicación de la normativa y las Directivas europeas por parte de la Administración Pública", apunta el Cermi.
La discriminación empresarial es la otra barrera con un papel protagonista a la hora de dejar fuera del mercado laboral a este colectivo. Causas como "el desconocimiento de las medidas a implantar y su coste económico y, sobre todo, la discriminación salarial y el insuficiente y poco coordinado funcionamiento de los servicios de empleo", han tenido un efecto inmediato en la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral.
Tras la evaluación de la relación que mantienen la discapacidad y el empleo en España, "el informe reivindica que se pongan las medias 'necesarias' para mejorar estas cifras, tales como vincular mejor las políticas sociales a las de empleo, favorecer la inserción laboral y los itinerarios laborales de las personas con discapacidad, así como una mayor implicación del sistema en la educación inclusiva de las personas con discapacidad".
Saliendo de la perspectiva general y centrándose en los detalles, el estudio aprecia "sustanciales diferencias" entre la tasa de actividad de hombres y mujeres con discapacidad. Así, refleja que más del 40% de los hombres permanecen activos frente al casi 31% de las mujeres.
La edad también influye en los resultados. Los jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, presentan un índice de actividad que supera el 50%, frente al resto de la población con discapacidad.
Finalmente, el informe del Comité constata el hecho de que, a mayor grado de discapacidad, más dificultad de encontrar un empleo y, por tanto, menor es a tasa de inserción laboral. Por el contrario, resalta positivamente el alto porcentaje de personas con discapacidad auditiva que están activas, con un 58,2% del total.
La principal conclusión extraída por el movimiento asociativo es que las políticas sociales desarrolladas por entes privados y asociaciones como Fundación ONCE , Cruz Roja o Cáritas , han conseguido integrar laboralmente a más de 350.000 personas en los últimos 10 años, creando más de 130.000 nuevos empleos y 700 empresas, un buen mensaje enviado a las autoridades públicas.
Nathalie Domínguez
Fuente: Cermi
