Las desigualdades de gasto por habitante en servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) entre comunidades autónomas rondan el 60%, según señala un informe de la Fundación BBVA 
y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE ) presentado este lunes en Madrid.
En rueda de prensa, el catedrático de Análisis Económicos de la Universidad de Valencia y director de Investigación del IVIE, Francisco Pérez, señaló que "estas diferencias territoriales no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios públicos básicos".
"Si tenemos en cuenta que estos servicios suponen el 44% de la renta familiar disponible, su impacto en la equidad es importante", subrayó.
Las diferencias de gasto por habitante entre comunidades autónomas ascienden a 55 puntos porcentuales en educación, al 37% en sanidad y al 87% en lo referido a prestaciones sociales.
En 2013, el gasto de algunas comunidades en estos servicios superaba al de otras regiones antes de la crisis, y en el caso de Asturias, País Vasco y Navarra seguía por encima de la media nacional en 2009.
Por eso, y bajo el título 'Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades', el informe recomienda crear un fondo de previsión para las políticas educativas y sanitarias, y propone revisar "las diferencias de recursos" que afectan a la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios en cada territorio.
DIVERSIDAD REGIONAL
Asturias, País Vasco, Navarra y Cantabria encabezan el gasto en salud, educación y protección social (pensiones, prestaciones por desempleo, dependencia y otros gastos sociales). En el extremo opuesto se sitúan Canarias, Islas Baleares, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
El informe refleja que el grueso de los recortes se ha centrado en el gasto de las comunidades autónomas, por lo que fundamentalmente ha afectado a la prestación de servicios de sanidad y educación. Las inversiones en dichos ámbitos cayeron de 2009 a 2013 un 21 y un 22%, respectivamente.
En cambio, el gasto en prestaciones sociales aumentó durante la crisis, debido al mantenimiento de las pensiones y al aumento en las prestaciones por desempleo.
Asturias es, con 8.532 euros, la comunidad que más inversión social realiza por habitante, y Canarias la que menos, con 5.253.
En educación, sin embargo, País Vasco encabeza el ranking, mientras que Madrid se sitúa a la cola. Asturias figura como la primera en gasto sanitario y social, ámbitos donde Andalucía y Canarias presentan la menor inversión.
RECOMENDACIONES
El economista y coautor del trabajo, Vicent Cucarella, afirmó que la sostenibilidad del gasto en servicios públicos fundamentales requiere "previsión financiera y políticas a medio plazo" como la que en los 90 se adoptó con el fondo de reserva de las pensiones.
A su juicio, Las diferencias de gasto dependen sobre todo de los ingresos de cada región, de su historia (nivel de partida) y de 'decisiones políticas', y no tanto de 'necesidades específicas' como la dispersión poblacional, el envejecimiento, la presencia de inmigración, etc.
El informe revela no obstante "el esfuerzo" realizado por mantener el Estado del bienestar", pues el porcentaje del PIB dedicado a estos fines pasó del 23% en 2007 al 28% en 2013.
Ello resulta especialmente significativo en el caso de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, que "son derechos individuales adquiridos por los ciudadanos" y para los que "ha existido voluntad política e inversora" a la hora de mantenerlos.
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