Sólo se observa en tres de cada diez casos
Servimedia
La discapacidad intelectual solo se tiene en cuenta en tres de cada 10 procesos judiciales que involucran a una persona con estas características, según se desprende del informe preliminar elaborado por la Confederación Plena inclusión España, a partir de 743 casos en los que participaron ciudadanos con discapacidad intelectual o trastornos generalizados del desarrollo.
Bajo el título 'A cada Lado', el trabajo concluye que solo en el 31,5 % de los casos judiciales se tuvo en cuenta esta circunstancia y, en consecuencia, se proporcionó algún tipo de adaptación a la persona.
Por ello, asociaciones, expertos y familias piden la regulación de la figura del facilitador judicial en el sistema jurídico español, para que siempre que una persona con discapacidad intelectual se vea envuelta en este tipo de procesos, sus derechos estén garantizados.
"Es una cuestión de equidad", declaró a Servimedia Inés de Araoz, responsable jurídica de Plena inclusión, que agrupa a más de 900 asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
"Del mismo modo que una persona sorda tiene asegurado por ley el apoyo de un intérprete de lengua de signos si lo requiere, es de justicia que alguien con discapacidad intelectual reciba las adaptaciones que precisa para entender el proceso y poder manejarse en él, en igualdad de condiciones", afirmó.
"Actualmente, son los jueces y otros operadores jurídicos quienes solicitan la intervención de estos profesionales", explica de Araoz, pero "esta participación se suele limitar a aquellos casos en los que la persona con discapacidad es la víctima, y, por lo general, solo en procesos penales". También las asociaciones pueden intervenir cuando detectan un problema, "pero, en muchas ocasiones, llegamos cuando ya ha empezado todo".
"Al final, todo depende un poco de la voluntad y de la sensibilidad del operador jurídico" y por ello reclamó cambios en las leyes de enjuiciamiento criminal y civil y en todas las normativas de procedimiento, a fin de incorporar esta figura de manera estándar.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge la obligación de proporcionar los ajustes de procedimiento necesarios a estas personas y en 2013, la Comisión Europea dictó una recomendación donde instaba a los Estados miembros a reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados que no puedan comprender ni participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física o sus discapacidades.
APOYO
María García trabaja en el Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y es una de los 10 facilitadores de Plena inclusión La Rioja. "Somos 10 personas, y desde que empezamos en 2015, hemos atendido a 54 víctimas, 13 agresores y tres testigos", explicó a esta agencia.
"Al principio se nos recibía con bastantes reticencias", admite, porque "muchos pensaban que íbamos a actuar de parte y a contaminar el proceso". Sin embargo, "cada vez se entiende mejor nuestro trabajo y nos llaman más desde los mismos juzgados".
Entre sus tareas, figuran la adaptación de documentos a lectura fácil, la recogida de testimonios, el asesoramiento a los agentes policiales y judiciales, la disposición de ayudas técnicas y la reorganización de los tiempos.
García aclara que su forma de trabajar varía mucho según los casos. "Si por ejemplo tenemos conocimiento de un abuso a través de nuestro trabajo en las asociaciones o porque las víctimas se dirigen a nosotros, lo primero que hacemos es recoger su testimonio (siempre grabado, por supuesto)".
A continuación, "le ofrecemos toda la información disponible sobre los escenarios que se le plantean y le damos tiempo para que decida qué quiere hacer". "Si es preciso, también les acompañamos a urgencias, a recoger un parte de lesiones, a buscar un nuevo domicilio, etc. Lo que haga falta", recalca.
Por supuesto, el procedimiento varía cuando se trata de un agresor o un testigo, ya que "en estos casos es el sistema quien acude a nosotros", puntualiza.
De hecho, las declaraciones de testigos y presuntos autores son siempre recogidas por la policía y el juez, que si han contactado con algún facilitador recibirán orientaciones sobre la mejor manera de llevar a cabo su interrogatorio.
En todos los casos, lo primero que tiene que hacer un facilitador es una evaluación de necesidades para determinar qué ajustes necesita esa persona con discapacidad, y aquí existe una gran diversidad. "Hay que determinar su capacidad de comprensión, deducir si puede establecer una relación de acontecimientos temporales, si posee o no memoria visual, cómo utiliza el lenguaje, si precisa descansos frecuentes, si encadena sucesos de forma lógica... En definitiva, ver qué requiere la persona para enfrentarse a todo el proceso".
Concluido el informe, "nosotros les acompañamos durante todo el periplo judicial”, prosigue, lo que “supone asegurarse de que entienden y comprenden lo que les está sucediendo y lo que puede ocurrir después".
Para ello, los facilitadores adelantan una explicación comprensible de todos los pasos y escenarios que se plantearán y, a medida que estos se hacen efectivos, aclaran lo ocurrido realmente y las nuevas posibilidades que se abren.
"En el caso de que las personas apoyadas deban tomar decisiones -llegar o no a un acuerdo, presentar un recurso o acudir a declarar-, "tenemos que asegurarnos de que entienden todas las implicaciones y toman una decisión de forma libre e informada", agregó García. Eso sí, quiso dejar claro que ellos no sustituyen a nadie.
"No somos ni abogados, ni jueces, ni psicólogos ni peritos". De hecho, sus perfiles profesionales tienen mucho más que ver con la psicología y con el trabajo social, "y por supuesto todos estamos muy especializados en discapacidad intelectual y en apoyo a víctimas".
"Tenemos unos conocimientos básicos de Derecho, pero nada más, porque "hemos de ser neutrales y asegurarnos de no contaminar el proceso".
ACCESIBLE SIGNIFICA FÁCIL
"En el fondo", explica, "lo que nosotros hacemos es garantizar que las personas con discapacidad intelectual tengan las mismas oportunidades que el resto a la hora de pasar por un proceso judicial".
"Cuando alguien va en silla de ruedas, todo el mundo tiene claro qué ayuda necesita", compara la experta. Del mismo modo, la ley garantiza que las personas sordas dispondrán de un intérprete de lengua de signos si así lo requieren, y que las personas ciegas recibirán la documentación en Braille o en algún formato digital".
El problema, según esta experta, es que éstos ajustes de procedimiento son mucho más complicados cuando hablamos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo".
"Las necesidades no son nada evidentes y en general se genera mucha menos empatía. Y ya ni te cuento si además hablamos de agresores", subraya.
Sin embargo, “víctimas, testigos y autores, con y sin discapacidad, todos somos iguales ante la ley. Nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que así sea”.
"Es una cuestión de derechos", incide Inés de Araoz, y afortunadamente, cada vez más personas lo entienden. María García tiene la misma impresión. "A nosotros cada vez nos llaman más, y nuestras recomendaciones son muy bien acogidas.
"También nos beneficiamos de que La Rioja es una comunidad chiquitita, y al final todos nos conocemos y saben cómo trabajamos", reflexionó. En su opinión, "en los juzgados y en la policía se han dado cuenta de que cuando nosotros intervenimos, en general, todo el proceso funciona mejor y es más justo".
"Al final, es de lo que se trata. La justicia debe ser ciega, equitativa y accesible para todas las personas, y "si queremos que así sea, a algunos ciudadanos se lo hemos de facilitar".
