Porque, tal y como recordó la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), la financiación de los centros de trabajo de la economía social proviene en buena parte de subvenciones y conciertos de las administraciones públicas.
En el caso de los centros especiales de empleo, también existe una contraprestación económica por la contratación de suministros o la prestación de servicios a las administraciones.
Asimismo, la Seguridad Social bonifica a los centros especiales de empleo a través de cotizaciones sociales por sus trabajadores.
Con la firma del acuerdo, la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis) y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) se posicionan frente a las políticas de recortes presupuestarios y retraso en los pagos que están protagonizando las diferentes administraciones.
Las mismas organizaciones recuerdan a las administraciones que ante las políticas de contención del gasto y reducción del déficit público se debe establecer prioridades, lo que significa que "hay colectivos sobre los que no cabe aplicar reducción alguna".
Las citadas entidades sostienen que "los importantes avances conseguidos en los últimos 30 años" para las personas con discapacidad "no se van a poder sostener sin el necesario apoyo económico público".
Y es que, explican, la merma en dicha financiación supondría la pérdida de puestos de trabajo, la desaparición de servicios de apoyo y la rebaja en la calidad de atención.
Sin embargo, prosiguen, si se mantienen los actuales niveles de financiación pública, las partes se comprometen a hacer los esfuerzos precisos para garantizar la mejora en la calidad de atención y el mantenimiento de los puestos de trabajo, a pesar de la crisis, en las empresas en dificultades.
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