El presidente de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps 
), Juan Cid, ha enviado una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social , Fátima Báñez, en la que le pide que no quite las ayudas a los trabajadores con discapacidad intelectual.
Cid denuncia que "está en juego el mantenimiento de puestos de trabajo de estas personas en los Centros Especiales de Empleo (CEE)" e insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que no desaparezca el incremento de la ayuda sobre el salario mínimo interprofesional para las personas con mayores dificultades de empleabilidad, en línea con las reivindicaciones planteadas desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi ).
"Esta medida -establecida de forma transitoria por el artículo 8 de la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas-, supone una subvención para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual que alcanza el 75% del salario mínimo interprofesional, y resulta imperativa para asegurar que nuestros Centros Especiales de Empleo (CEE) sean capaces de mantener en sus plantillas a trabajadores con mayores dificultades de inserción laboral", sostiene Feaps.
En la mencionada ley se establecía que una vez finalizado su periodo de vigencia, habría que realizar un estudio para valorar su continuidad. Recientemente se ha aprobado una moción por todos los grupos parlamentarios que insta al Gobierno a realizar este informe de valoración técnica.
En la carta, Feaps demanda que en la elaboración de este informe "se tengan en cuenta todas las dimensiones que están presentes en esta realidad: impacto económico, aumento del gasto social que supondría absorber las necesidades y apoyos que requieren estas personas, las dificultades de sus familias, el aumento del paro y la bajada de la actividad económica junto a otros retornos económicos y sociales".
"En un contexto como el actual, la pérdida de puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual", según Cid, puede suponer "una verdadera brecha insalvable, para que su contribución como ciudadanos de pleno derecho sea un aporte más para que juntos podamos superar estos momentos de gran dificultad".
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