La Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) trabajarán de manera conjunta para identificar y reducir las cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y sus familias.
Para ello, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto Iruiñ, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, han firmado un convenio por el que promoverán diferentes iniciativas y actuaciones que tengan por fin incrementar la inclusión social de las personas con discapacidad y garanticen su acceso sin exclusiones a los servicios y prestaciones de la Administración General del Estado (AGE).
Ambas partes, que reconocen la situación de partida de objetiva desventaja de las personas con discapacidad para disfrutar de los derechos que reconoce la Constitución, impulsarán, desde sus diferentes ámbitos de actuación, medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida, sociales y culturales de las personas con discapacidad.
En concreto, el Cermi se compromete a realizar una labor de análisis de la información y cargas burocráticas que afectan a las personas con discapacidad y a elaborar propuestas concretas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes para las personas con discapacidad y sus familias.
Con este fin, la plataforma representativa de la discapacidad en España entregará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Minptfp), antes del 20 de noviembre de 2018, el informe resultante del trabajo de análisis y de las propuestas de reducción de cargas administrativas para las personas con discapacidad y sus familias.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Función Pública proporcionará asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas y su reducción.
Asimismo, realizará un seguimiento de los trabajos realizados durante el periodo de vigencia del convenio, convocando reuniones periódicas en las que participen ambas partes, y remitirá las propuestas presentadas a los departamentos ministeriales competentes en cada materia, según la iniciativa.
Para garantizar las labores de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, que tendrá como cometido principal resolver los posibles problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. La SEFP será la encargada de convocar para la constitución de esta comisión a la que, a propuesta de cualquiera de sus miembros, podrán asistir otros responsables de la AGE y del Cermi, cuando deban tratarse temas que requieran de su asesoramiento.
