La Fundación Juan XXIII Roncalli apuesta por la RSC para la inclusión de las personas con discapacidad

Mar Muñoz, directora Comercial y de Captación de Recursos de la Fundación Juan XXIII Roncalli, entidad que celebra su 50º Aniversario en 2016, destacó que el objetivo de la fundación "es lograr la integración social y laboral de las personas con discapacidad" bajo la máxima de que "lo que dignifica a una persona es el trabajo".

Muñoz explicó que la Fundación Juan XXIII Roncalli se dedica a la formación de personas con discapacidad intelectual con el objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios para trabajar en las empresas.

Para Carmen Verdera, directora de RSC en la Cámara de Comercio de Madrid, "divulgar las mejores prácticas en esta materia contribuye a replicar estas políticas" en otras organizaciones.

David Lafuente, jefe de Área de la Economía Social y de la RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , destacó el papel que tiene la Administración pública en lo que respecta a contratación de personas con discapacidad. "El Ministerio de Empleo se esfuerza por apoyar especialmente a los jóvenes, personas mayores, personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad, pero desde la Administración no podemos llegar a todo, por lo que nos ayuda mucho tener relación con entidades como la Fundación Juan XXIII ". Además, alabó la labor de esta entidad: "Si no existiera una fundación como la Fundación Juan XXIII, habría que inventarla".

Recalcó también que "aquellas empresas que trabajan con personas con capacidades distintas ganan mucho más que el retorno de la RSC". Además, destacó que "si en España hubiéramos tenido una RSC mucho más desarrollada, los efectos de la crisis no habrían sido tan patentes".

CONSIDERACIONES LEGALES

Raúl Cerejido, director de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de la Fundación Juan XXIII Roncalli, analizó la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover la integración de personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

Según Cerejido, la tasa de actividad es 39 puntos inferior en las personas con discapacidad con respecto a las personas sin discapacidad. Además, destacó que "el 80% de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen en puestos con pocos requerimientos técnicos y de baja cualificación, lo que influye también en términos de pensiones".

Por otro lado, lamentó que en la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad las sanciones por incumplimiento de la normativa sean tan bajas, ya que oscilan entre 650 y 6.000 euros por no contratar el 2% estipulado, conocido como cuota de reserva de empleo. "Sale mucho más barato no cumplir que cumplir. Una reivindicación del colectivo es que esta infracción se tipifique como muy grave, de forma que las multas asciendan hasta los 187.000 euros".

Respecto al valor de las personas con discapacidad en las empresas, Mar Muñoz y Susana Escribano, consultora de RSC de Fundación Juan XXIII Roncalli, identificaron los cinco pilares destacables que definen la aportación de las personas con discapacidad intelectual a las empresas: "Mejora del clima laboral, promoción del trabajo en equipo, sensibilización al resto del personal, eficiencia en trabajos específicos y mejora de la reputación corporativa", destacó Muñoz.

"Hay que posibilitar que estas personas se incorporen al mercado laboral porque son trabajadores totalmente capaces que mejoran la reputación de la empresa y adquieren grandes compromisos", destacó Cristina Nieva, directora de Desarrollo de Personas de la Fundación Juan XXIII Roncalli. Asimismo, Nieva destacó la necesidad de que la dirección de las organizaciones esté implicada en el proceso.

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