Sobre todo en los cuerpos y escalas superiores
Servimedia
La Fundación ONCE lanzará una convocatoria de becas dirigidas a universitarios con discapacidad interesados en opositar para el ingreso en la Administración General del Estado (AGE), según avanzó a Servimedia la directora de Programas con Universidades y Fomento del Talento de la Fundación, Isabel Martínez Lozano.
En colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), este programa consta de dos líneas fundamentales: ayudas económicas para sufragar academias y preparadores, y sesiones de información y asesoramiento.
Según Martínez Lozano, "queremos aumentar el número de empleados con discapacidad en la administración pública, sobre todo en los cuerpos y escalas superiores", pues "ya sea "por falta de información o de iniciativa o por la imposibilidad de pasar dos o tres años dedicados al estudio sin recibir ingresos, el caso es que los universitarios con discapacidad no acceden a estos puestos.
"Hemos detectado que la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad en las oposiciones no siempre se cubre, sobre todo en las categorías más altas", lamentó Martínez Lozano. Por eso, el programa ofrecerá una convocatoria de becas y ayudas a estos alumnos, a fin de que puedan sufragarse los preparadores y las academias necesarias para estudiar y permanecer un tiempo sin trabajar.
Asimismo, se les proporcionará orientación y asesoramiento, empezando por "la detección de aquellos perfiles susceptibles de afrontar con éxito estas oposiciones". "También ofreceremos información y un seguimiento personalizado", y adelantó que su primera acción consistirá en un encuentro con miembros de asociaciones profesionales y del propio INAP. "De momento vamos a centrarnos en la función pública del Estado", apuntó Martínez Lozano, aunque "más adelante "colaboremos con las comunidades autónomas".
MASA CRÍTICA
Según el informe anual del INAP, "es verdad que la administración cumple con los cupos de reserva y con la adaptación de las pruebas", admitió Martínez Lozano. Sin embargo, la reserva del 5% de las plazas se cumple a nivel general, explicó, pero hay más convocatorias en las escalas bajas (cuerpos C1 y C2) que en las más altas, donde la oferta es menor.
"La explicación habitual era que no se presentaban suficientes personas con discapacidad, algo que no deja de ser cierto", reconoció la experta. Pero añadió que "por primera vez tenemos una masa crítica de universitarios para dar ese paso", así que "ahora la administración "tiene que hacer su parte".
El INAP ha expresado el propósito de aumentar la diversidad de su plantilla, dijo Martínez Lozano. Asimismo, subrayó que "ya tenemos muchos doctores con discapacidad acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca) que no tienen trabajo". "Esto hubiese sido inviable hace 20 años, pero ahora sí hay demanda para dichas plazas".
"Al año salen más de 5.000 graduados con discapacidad de las universidades españolas, por lo que ya tenemos una masa crítica para que, bien formados y orientados, puedan optar a los cuerpos más altos de la función pública. Queremos que lleguen lo más arriba posible", concluyó.
