Fundación ONCE propone un código de valores con criterios de RSE para la actividad investigadora

Dicha ponencia, creada en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara Alta, recoge la emisión de un informe en el que se avance en la propuesta de medidas de integración y apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en I+D+i+d y de transferencia de conocimiento hacia ellas, y se promueva un código de valores en I+D+i+d, de acuerdo, entre otros, con los criterios de Responsabilidad Social Empresarial.

La ponencia pretende identificar los instrumentos que permitan que las empresas, en especial las PYMES, tengan acceso y puedan impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación dentro de su campo de actuación.

Para Fundación ONCE en esta ponencia el interés se centra en conseguir una mayor participación de las PYMES a través de una adecuada transferencia de conocimiento de las universidades y centros y organismos de investigación hacia las empresas, particularmente las pequeñas y medianas. Asimismo, se busca dotar de un código de valores con criterios RSE a la actividad investigadora.

En su intervención, Alberto Durán ha insistido en que “la innovación no es suficiente”. “Innovación y cohesión social deben ser conceptos que se entrelacen.  El avance de la transferencia de I+D a las PYMES debe ir de la mano de la inclusión y la responsabilidad social”, ha añadido.

En su opinión, existe una relación directa entre I+D y RSE, y también con la competitividad de las empresas. “Una empresa puede desarrollar un producto o un servicio con una tecnología que permita obtener una mayor calidad y mejores prestaciones desde el punto de vista, por ejemplo, del consumo de recursos (agua, energía) durante su proceso de fabricación y también durante su vida útil. Esto le permitirá ser eficiente en los consumos necesarios para su producción y podrá ofrecer a su cliente serlo también durante su uso”.

Siguiendo con la reflexión, Durán ha añadido que, si hay consenso en que la responsabilidad social o la sostenibilidad concierne a todas las organizaciones, también una universidad o un centro de investigación, -público o privado-, o el área de I+D de una empresa, “deberían ser socialmente responsables y guiarse en su gestión por estos principios de actuación, y considerarlos, junto con su código científico deontológico, en sus investigaciones”.

En su intervención, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE también ha abordado la relación entre RSE y Discapacidad. Según ha subrayado, el impulso de las políticas de RSE por parte de las empresas, de las administraciones públicas y, en general, de todas las organizaciones, supone “una gran oportunidad y una forma especialmente relevante de avanzar en la normalización de las condiciones de vida de las personas con discapacidad”.

Para Fundación ONCE, la sostenibilidad se refiere a aspectos económicos, medioambientales y, especialmente, a la dimensión social de las organizaciones, relacionada con cuestiones clave como sus recursos humanos y su impacto en la comunidad, “cuestiones que deben contemplar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. “Es decir, que la sostenibilidad no puede entenderse si no contribuye a la cohesión social”, ha advertido.

En este sentido, ha asegurado que las personas con discapacidad constituyen un grupo de interés legítimo al que tener en cuenta a la hora de adoptar políticas trasversales de RSE.

“Las personas con discapacidad participan en los ámbitos de la actividad económica, social, y de la gestión de la empresa y las organizaciones: como trabajadores; como clientes y consumidores; como proveedores (Centros Especiales de Empleo); como empresarios y empleadores (autónomos con discapacidad), como administrados, contribuyentes y pensionistas, como votantes, como inversores (interesados en que los fondos de inversión y de pensiones se inviertan en empresas que cumplen la normativa vigente sobre empleo de Personas con Discapacidad), y como colectivo beneficiario de la acción social y la filantropía de las empresas (financiación de proyectos, patrocinios, voluntariado).

Para Fundación ONCE, una vía determinante para que esta participación, inferior a la de la población sin discapacidad, se produzca de forma normalizada es que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo.

Por otro lado, también se ha referido a la aplicación de criterios de Diseño para Todos y Accesibilidad Universal a los entornos, productos y a los servicios, “que es otro elemento básico para el colectivo, tanto que podemos decir que constituye un requisito previo para el éxito de otras actuaciones”.

Además, Durán ha insistido en que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista comercial, supone para las empresas aprovechar un segmento del mercado. “3’8 millones de personas tienen discapacidad en nuestro país, a lo que podemos sumar sus familias, y ampliarlo con el colectivo de personas mayores, con una presencia cada vez mayor en una sociedad que se está envejeciendo”.

Por último, ha señalado que una política avanzada y que supone un alto nivel de compromiso es favorecer a aquellos proveedores y subcontratistas que emplean a personas con discapacidad, y de manera particular, a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, a través de la utilización de las denominadas cláusulas sociales, tanto por parte de las administraciones como de las empresas.

Durán ha concluido su exposición con la mención de algunas iniciativas relevantes que ponen en conexión la Discapacidad y la RSE, como la Red Mundial de la OIT sobre Empresas y Discapacidad; la Red Europea de RSE y Discapacidad, promovida por la Fundación ONCE y co-financiada por el Fondo Social Europeo, y parte de la iniciativa Enterprise 2020; el Foro Inserta Responsable y el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable; ambos impulsados por la Fundación ONCE, así como el Club Ability promovido por Telefónica.

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