El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y la Economía Social con la que, además de otras medidas, amplía la duración de la tarifa plana de 50 euros en las contingencias comunes para los empleados por cuenta propia hasta los 12 meses, frente a los seis meses actuales, para aquellos emprendedores con discapacidad o que sean víctimas de terrorismo o violencia de género.
Según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
en una nota, la entrada en vigor de esta ley permitirá que el autoempleo pueda crecer en 550.000 personas hasta 2019, gracias a la adopción de nuevas medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y la economía social.
Además de ampliar la duración de la tarifa plana para los autónomos con discapacidad, la ley permitirá que los trabajadores por cuenta propia sigan beneficiándose de ella aunque contraten a trabajadores.
También generaliza la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo a los parados que inicien una actividad por cuenta propia con independencia de la edad, y permitirá a los mayores de 30 años compatibilizar durante un máximo de 270 días el paro con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.
Asimismo, se amplía de 24 a 60 meses el plazo para la reanudación de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia a todos los trabajadores con derecho a prestación.
Por otro lado, permitirá a los autónomos económicamente dependientes, aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente o empresa, contratar un trabajador en determinadas circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral.
También se amplían los incentivos previstos para los familiares colaboradores que podrán beneficiarse de una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en el RETA durante 24 meses, que será del 50% los primeros 18 meses y del 25% durante los seis meses adicionales.
En el ámbito de la economía social, la Ley amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad y aumenta la bonificación para los menores de 30 años hasta 1.650 euros durante el primer año.
Por otro lado, se reconoce a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general, lo que les permitirá ampliar hasta 500.000 euros la cuantía que pueden recibir en concepto de subvenciones en un período de tres años.
Por último, la Ley introduce la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público, algo que hasta ahora se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.
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