Los agentes sociales dejarán de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de las actividades de formación profesional para el empleo, según recoge el borrador del proyecto de real decreto de reforma de este sistema elaborado por el Gobierno y al que tuvo acceso Servimedia.
La exposición de motivos de este borrador, que consta de 41 páginas y que no está previsto que sea aprobado en el Consejo de Ministros de hoy viernes pese a las previsiones iniciales de los agentes sociales, afirma que la reforma del sistema de formación profesional para el empleo supondrá, "en línea con la reforma laboral aprobada en febrero de 2012", que las organizaciones empresariales y sindicales "dejen de participar en la gestión de fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha".
En este sentido, añade que a partir de ahora "dejarán ese papel a las entidades que imparten formación profesional y que desarrollarán esta tarea en un entorno más competitivo".
El Ejecutivo asegura que esta nueva posición de los agentes sociales en el sistema de formación va en paralelo a un "impulso a su liderazgo en el diseño estratégico, la planificación, programación y difusión de la formación profesional para el empleo".
FUNDACIÓN TRIPARTITA
En esta materia el proyecto de real decreto incluye un cambio sustancial, al sustituir la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
, que era el principal órgano de gobierno del sistema, por una nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Esta nueva fundación tendrá menores competencias que la Fundación Tripartita y estará controlada por la Administración General del Estado, mientras que ahora la presencia de los agentes sociales en el patronato era mayoritaria.
En la actualidad, el Patronato de la Fundación Tripartita está compuesto por 27 miembros, nueve en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, nueve por parte de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT y CIG), y otros nueve de las patronales (CEOE y Cepyme ), y está presidido por la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE ), Reyes Zatarain.
Por el contrario, el borrador establece que en el órgano director de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo "los representantes de la Administración General del Estado deberán representar una mayoría de sus miembros", mientras que la presidencia la pasará a ostentar la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
Las funciones de esta fundación se centrarán en la colaboración y el apoyo técnico al SEPE y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación. Para ello, contará con tres comisiones permanentes ligadas a la prospección de mercados y detección de necesidades formativas, evaluación de la actividad formativa y sistemas de información.
MAYORES SANCIONES POR FRAUDE
Por otro lado, el borrador del real decreto recoge un endurecimiento de las sanciones por casos de fraude bajo el "principio de tolerancia cero" en la gestión de los fondos de formación.
En este sentido, se amplían los sujetos con responsabilidades en la gestión del sistema para incluir a las entidades que se encargan de la organización de la formación, así como a los solicitantes de las ayudas y las subvenciones públicas.
Asimismo, se incrementa de dos a cinco años el periodo máximo que los beneficiarios del sistema pueden quedar excluidos del mismo en caso de fraude. Los sancionados "quedarán excluidos de las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación".
Sobre este tema, el real decreto introduce nuevas situaciones que pasan a considerarse como infracciones muy graves, como simular la celebración o impartición de los cursos, o "incrementar, alterar o falsear el importe o cualquier otro dato relativo a las facturas".
Por último, se crea una Unidad Especial de Inspección, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para "reforzar el control y la capacidad sancionadora".
El proyecto de real decreto incluye otras modificaciones, como la potenciación de la formación 'online' y la desaparición del modelo tradicional a distancia.
También se llevarán a cabo auditorías de calidad de las entidades que llevan a cabo las acciones de formación, y se harán públicos los resultados.
ESCENARIO PLURIANUAL
Por otro lado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social diseñará un escenario plurianual que actuará como marco de planificación estratégica de todo el sistema de formación profesional.
En el diseño de este escenario participarán las comunidades autónomas y los agentes sociales y deberá incluir una identificación de las tendencias y evolución previsible de la economía española, los objetivos de atención primaria y la proyección de los recursos financieros con los que contará el sistema.
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