El Consejo de Ministros 
aprobó este viernes la reforma de la formación profesional para el empleo, que deja a las organizaciones sindicales y empresariales fuera de la gestión de los fondos y de la impartición de estas actividades. A raíz de esta reforma, será el sector privado, a través de entidades especializadas en la impartición de formación profesional, el que desarrolle esta tarea en un entorno de libre competencia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ésta es una "reforma clave, de primer orden, de las más importantes de la legislatura", y es "esencial para el acceso a un empleo".
También subrayó que la reforma supone una mejora en la lucha contra el fraude, en respuesta a los "casos de corrupción llamativos" que se han registrado en los últimos años.
Según la vicepresidenta, la reforma tiene un doble objetivo: por un lado, mejorar la "transparencia" del sistema para evitar casos de corrupción y fraude, y por otro, dotar de "nuevos mecanismos para mejorar la formación y el acceso al empleo".
NUEVA FUNDACIÓN
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social , Fátima Báñez, defendió que ésta es una reforma "de presente y de futuro", ya que los trabajadores mejor formados resistirán mejor momentos de crisis.
En concreto, el proyecto de real decreto aprobado por el Consejo de Ministros sustituye la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que era el principal órgano de gobierno del sistema, por una nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Esta nueva fundación estará controlada por la Administración General del Estado, mientras que ahora la presencia de los agentes sociales en el patronato era mayoritaria. En la actualidad, el Patronato de la Fundación Tripartita está compuesto por 27 miembros, nueve en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, nueve por parte de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT y CIG), y otros nueve de las patronales (CEOE y Cepyme), y está presidido por la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Reyes Zatarain.
Por el contrario, la reforma establece que en el órgano director de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo los representantes de la Administración General del Estado deberán representar una mayoría de sus miembros, mientras que la presidencia la pasará a ostentar la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
Las funciones de esta fundación se centrarán en la colaboración y el apoyo técnico al SEPE y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación. Para ello, contará con tres comisiones permanentes ligadas a la prospección de mercados y detección de necesidades formativas, evaluación de la actividad formativa y sistemas de información.
No obstante, Báñez defendió que las organizaciones sindicales y patronales "seguirán teniendo un papel trascendente, sobre todo en la planificación de la formación".
MAYORES SANCIONES POR FRAUDE
Por otro lado, la reforma recoge un endurecimiento de las sanciones por casos de fraude bajo el "principio de tolerancia cero" en la gestión de los fondos de formación.
En este sentido, la ministra de Empleo destacó que a partir de la reforma sólo se podrán anticipar el 25% de los fondos a los centros de formación, "cuando ahora se podía prefinanciar el 100%, lo que ha dado lugar a irregularidades que queremos evitar".
En este sentido, se amplían los sujetos con responsabilidades en la gestión del sistema para incluir a las entidades que se encargan de la organización de la formación, así como a los solicitantes de las ayudas y las subvenciones públicas.
Asimismo, se incrementa de dos a cinco años el periodo máximo que los beneficiarios del sistema pueden quedar excluidos del mismo en caso de fraude.
Sobre este tema, el real decreto introduce nuevas situaciones que pasan a considerarse como infracciones muy graves, como simular la celebración o impartición de los cursos, o incrementar, alterar o falsear el importe o cualquier otro dato relativo a las facturas.
Por otro lado, se crea una Unidad Especial de Inspección, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para reforzar el control y la capacidad sancionadora.
ACUERDO
Asimismo, Báñez apuntó que la reforma ha sido "dialogada hasta la extenuación" con las organizaciones empresariales y sindicales, aunque finalmente no ha habido un acuerdo tripartito.
"Ha sido una reforma dialogada durante mucho tiempo con los interlocutores sociales, con las organizaciones de la economía social y los autónomos, con expertos", insistiÓ la ministra, quien explicó que con las patronales y sindicatoS ha habido "más de 50 reuniones" después de "casi un año trabajando en este modelo".
Sin embargo, evitó referirse a un acuerdo, aunque sí que defendió que la reforma "cumple con los objetivos" que las tres partes pactaron en la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los máximos responsables de estas organizaciones en julio del pasado año.
AUTÓNOMOS
Por su parte, la reforma incluye que los trabajadores autónomos también tendrán "derecho individual a la formación" y abre la puerta a que en el futuro los trabajadores por cuenta propia coticen por esta materia, como ya hacen los asalariados.
Ésta es una reivindicación de las principales organizaciones de autónomos (UPTA y ATA), que abogan por establecer una cotización similar a la que afrontan los asalariados, que es del 0,1%.
Por último, la reforma recoge el establecimiento de una cuenta de formación asociada a cada trabajador, que "le acompañará toda la vida laboral y certificará toda la formación que haya hecho".
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