Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley de Economía Social, con la que se reconoce "como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en rueda de prensa que con esta norma se "da respuesta a una demanda histórica del sector, desde el respeto a la diversidad".
Desde el Gobierno explicaron que el objetivo básico de la Ley "es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la Economía Social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector".
Estas organizaciones están formadas por un conjunto de entidades y empresas que actúan en la actividad económica mediante principios como: primacía de las personas y del fin social sobre el capital, y aplicación de los resultados en función del trabajo y servicio prestado por los socios.
Se trata de empresas que en el ámbito de la Unión Europea se agrupan en cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones y que, en España, se concretan en: cooperativas, mutualidades de previsión social, empresas de inserción social, asociaciones de discapacitados, cofradías de pescadores o sociedades agrarias.
En cuanto a la representatividad, el proyecto de Ley reconoce la importancia de la existencia de asociaciones que representen a la Economía Social y da un papel destacado a las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas.
Éstas serán aquellas que: agrupen a la mayoría de tipos de entidades como las reflejadas con anterioridad; tengan, al menos, el 25 % del total de las entidades o empresas asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias de las confederaciones de economía social que concurran al procedimiento de representatividad; o reúnan, al menos, al 15% de entidades asociadas a las diferentes organizaciones de cada tipo señalado.
Estos criterios serán desarrollados reglamentariamente. Asimismo, se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor consultivo para las actividades relacionadas con el sector.
CREACIÓN DE EMPLEO
Desde el punto de vista económico, esta Ley permite el reconocimiento de los valores de la Economía Social, reforzando el desarrollo de las distintas fórmulas de empresa que se acogen bajo los principios que la inspiran, sin olvidar su importante participación en la creación de empleo y en el PIB nacional.
El impacto en creación de empleo se sitúa en torno a 1.350.000 empleos, teniendo en cuenta diversos estudios realizados para considerar el empleo en otras entidades de la Economía Social, caso de asociaciones, fundaciones, empresas de inserción social, centros especiales de empleos, incluyendo el de cooperativas y sociedades laborales.
Según datos de la Seguridad Social, a 31 de marzo de 2010 había 376.569 personas dadas de alta en 38.505 cooperativas y sociedades laborales.
En cuanto al PIB, según datos fiscales de la memoria de la Agencia Tributaria del año 2007, las cooperativas y sociedades laborales declararon una producción de 64.614,5 millones de euros, generando un valor añadido de 11.817,6 millones de euros, e incorporando otros datos económicos del resto de las figuras de la Economía Social, se podría concluir que esta representa el 3% del PIB.
Fuente: Servimedia
