Con la aquiescencia de los sindicatos y la oposició de la patronal
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 8% para 2023, de modo que los más de dos millones de trabajadores que perciben esta remuneración pasarán de cobrar 1.000 euros a 1.080 euros por 14 pagas.
La subida del SMI, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, llega dos semanas después del acuerdo al que el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT llegaron para el incremento de este indicador, al que CEOE mostró su oposición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que la subida del SMI es “el camino de lo correcto” y contribuye de forma directa a luchar contra la “pobreza laboral” y contra la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Además, destacó que “hay consenso académico” en que “tiene un impacto clave” en la reducción de la pobreza infantil, en la mejora de la esperanza de vida de las personas y en la salud mental. En este punto, Díaz cifró en unos 2,5 millones los beneficiarios en España por la subida del SMI, de los que dijo que se verán afectado sobre todo mujeres y jóvenes.
“No es un dato más. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente”, enfatizó la titular de Trabajo, que puso como ejemplo que 80 euros al mes puede ser la diferencia para que una madre pueda conseguir que su hijo coma pescado o fruta de temporada o que un joven “tenga un poquito más de esperanza”.
En este sentido, subrayó que el Gobierno “está cumpliendo con su compromiso con este país”, al haber conseguido que el SMI llegue al 60% del salario medio en España, tal y como se comprometió antes de que concluyera esta legislatura. Así, celebró que no solo se cumple con las promesas realizadas, sino que “cumplimos con Europa”, al atender las recomendaciones de la Carta Social Europea.
Además, aprovechó su intervención para contraponer la gestión del actual Ejecutivo con el anterior, el presidido por Mariano Rajoy, de quien denunció que con los conocidos como “viernes de dolores” hizo que la anterior crisis la pagara “la mayoría social”, no solo congelando pensiones o el SMI, sino con “recortes” que “derrumbaron” la educación o la sanidad. Igualmente, señaló que Rajoy recortó en un 10% las prestaciones por desempleo tras el sexto mes, lo que se ha corregido este año.
La vicepresidenta segunda también defendió que “no hay ningún dato” que sostenga que subir el SMI “destruya empleo”, sino que es “la mejor herramienta para luchar contra la pobreza laboral”.
“El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: cumplir su palabra”, añadió Díaz, que pidió a los agentes sociales, especialmente a la CEOE, que vuelvan a sentarse a negociar un acuerdo general sobre evolución de salarios en convenios colectivos.
Así, lamentó que la patronal se levantó de la mesa el pasado 5 de mayo. “Esta crisis no la están causando los salarios. Ni en nuestro país ni en el mundo. No es una crisis de demanda y las recetas que tenemos que aplicar son diferentes”, zanjó.
PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Las negociaciones dieron comienzo a finales de 2022, tras la presentación de un informe encargado a un comité de expertos por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social con el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio en España al término de la legislatura.
El documento inicial se publicó en 2021 pero, ante el repunte de la inflación y la evolución de los salarios, la titular de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió que el estudio fuera actualizado.
Tras ello, se celebró una reunión entre el Ministerio y los sindicatos, ya que CEOE decidió no asistir presencialmente. Eso sí, remitió su posicionamiento por escrito, en el que apostaba por una revalorización del SMI del 4%, ligado a apoyos al sector del campo y a una revisión de la legislación para que los contratos públicos de administraciones con empresas que pagan el SMI tengan que ser actualizados para que estas compañías y autónomos no incurran en pérdidas.
Después de semanas sin contactos formales, Trabajo volvió a convocar a los agentes sociales a finales de enero y nuevamente CEOE no asistió, criticando que no había recibido respuesta a su planteamiento ni conocía la cifra que ponía sobre la mesa el Ejecutivo. Su ausencia cosechó las críticas de Yolanda Díaz y de los sindicatos, que le acusaron de no cumplir con sus responsabilidades ante la ciudadanía.
CCOO pedía una revalorización que llevara el SMI hasta los 1.082 o los 1.100 euros, mientras que UGT exigía directamente los 1.100 euros. Pero, finalmente, tras dos reuniones el 31 de enero y la participación de Yolanda Díaz y los líderes sindicales Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) se logró desbloquear el acuerdo en 1.080 euros.
En esas reuniones no se habló de una posible nueva subida a mediados de este año, aunque los sindicatos no lo descartaron en función de cómo evolucione la inflación.
Los líderes sindicales señalaron que la subida del SMI beneficiará especialmente a mujeres y jóvenes, así como a trabajadores del sector agroalimentario, de los servicios y de las comunidades de Extremadura, Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia. Valoraron que ayudará a luchar contra la “brecha salarial de género” y a fomentar el consumo y, por ende, favorecerá al conjunto de la economía.
