Fundación ONCE participará en el Foro de Empleo de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley que adaptará la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé, entre otras medidas, el aumento del 5% al 7% en la reserva pública de empleo para ciudadanos con discapacidad.
La aprobación de este proyecto por parte del Gabinete coincide con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, impulsado por la ONU en 1992.
En virtud del borrador de la norma presentado hoy, "al menos" el dos por ciento de las plazas de empleo ofertadas en procesos públicos serán cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
Además, el texto establece que en el plazo de un año, el Ejecutivo promoverá medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores, y para establecer condiciones para la ejecución de los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad.
SANCIONES
Por otra parte, el proyecto de ley, que consta de once artículos y tres disposiciones finales, modifica el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Así, una infracción muy grave por parte de las instituciones que presten servicios sociales podría conllevar la inhabilitación para el ejercicio de estas actividades.
Del mismo modo, cuando en un proceso judicial se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba para que corresponda a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ya sucede en los casos de discriminación por razón de género.
En la contratación de seguros, la futura norma prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, para que las empresas no puedan denegar los seguros a los ciudadanos con problemas físicos, psíquicos o sensoriales, ni tampoco imponerles condiciones más gravosas que al resto de la población.
TRANSPORTES Y SANIDAD
En materia de transportes, el texto prevé que todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos) promovidos por la Administración General del Estado incorporen una memoria de accesibilidad.
En el ámbito sanitario, se modifican diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes, mediante la recepción de la información necesaria en formatos accesibles.
Igualmente, se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las personas con discapacidad, para garantizar su asistencia en situaciones de emergencia.
Con este paso, según el Gobierno, España se convierte en "el primer país" que traslada a su legislación el contenido de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Fuente: Servimedia
