La fusión de la recaudación del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades le confiere mayor estabilidad
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de entidades del Tercer Sector por un importe total de 331,7 millones de euros, un 7% más que en 2020. De este modo, el Ministerio de Derechos Sociales concreta el acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para distribuir los fondos procedentes de la recaudación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.
Este acuerdo se completó con otro acuerdo, firmado el 1 de julio entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Plataforma del Tercer Sector, que incluía medidas para reforzar los cauces de interlocución con el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, mejorar la estabilidad de la financiación de las entidades y completar los desarrollos legislativos pendientes para el sector.
Así pues, el Gobierno destinará 331,7 millones de euros a financiar proyectos del Tercer Sector, un 7% más que en 2020, de los cuales 260,8 millones se transferirá a las comunidades autónomas, atendiendo a los criterios acordados en el Consejo Territorial, para que ellas los distribuyan en sus convocatorias de financiación al Tercer Sector, mientras que los 70,9 millones restantes se repartirán a través de una convocatoria para entidades y planes a nivel estatal.
El acuerdo aprobado en Consejo de Ministros tiene una duración de cinco años y consolida el modelo con dos tramos: uno estatal, que pasará de gestionar el 22,1% de los fondos en 2020 a ocuparse del 20% en 2023; y otro autonómico, que se encargará pasará progresivamente a gestionar el 80%, el cual se aplicará tanto a los fondos procedentes del IRPF como a los provenientes del Impuesto de Sociedades, lo que “supone una garantía para el mantenimiento de las subvenciones para proyectos estatales de interés social”.
De este modo, el real decreto establece las bases reguladoras de una única convocatoria anual de subvenciones en la que se canalizará la suma de los fondos provenientes del IRPF y del Impuesto de Sociedades que le corresponden a la Administración General del Estado para la financiación de actividades consideradas de interés social.
En concreto, estos fondos se destinarán a financiar proyectos que correspondan a las competencias de la Administración General del Estado y que aporten un valor añadido diferente a los proyectos financiados a nivel autonómicos, los cual están más vinculados a las competencias de asistencia social que tienen asignadas.
En ese sentido, las sucesivas convocatorias anuales de subvenciones, de las cuales la primera de ellas se presentará en cuanto sea aprobado el Real Decreto, definirán la tipología específica y los requisitos de los programas que podrán concurrir a las mismas.
A pesar de ello, el acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Plataforma del Tercer Sector incluía los siguientes tipos de proyectos: promoción de la autonomía, la sostenibilidad financiera y la internacionalización de las entidades; promoción de la ID+I en el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal; modernización y mejora del Tercer Sector; promoción y defensa de derechos; promoción de la igualdad de trato y combate de la discriminación; contribuciones a las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y otras estrategias sectoriales; programas plurirregionales cofinanciados por el FSE+ para la lucha contra la discriminación y la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad; programas de atención y apoyo a la población reclusa y ex reclusa y programas contra la trata de seres humanos, contra la violencia de género y otros delitos similares; y programas que atiendan a la población de la mayor parte del país que no puedan ser “territorializables”.
El Gobierno sostiene que, desde el respeto al reparto competencial entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, la nueva regulación de las convocatorias de subvenciones “va a mejorar el impacto y eficacia de los fondos para lograr los fines perseguidos, al mismo tiempo que asegurar una tramitación más ágil de su concesión”.
