No habrá feminismo posible si no se tienen en cuenta las demandas del colectivo, según la ministra Belarra
Redacción
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, pidió perdón este jueves, en su nombre “y en el nombre del Gobierno de España”, a las mujeres y niñas con discapacidad que fueron víctimas de esterilizaciones no consentidas, una práctica permitida en el ordenamiento jurídico español hasta diciembre de 2020. Belarra realizó estas afirmaciones durante un acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, 3 de diciembre.
Según declaró, “no habrá feminismo posible si no se tienen en cuenta las demandas de las mujeres y las niñas con discapacidad”, ”a la discriminación que sufrís por ser mujeres, se suma la discriminación que sufrís por tener discapacidad”.
En referencia a las víctimas, dijo saber que “no podemos cambiar el dolor que os produce lo que pasó, pero sí queremos que sepáis que, de corazón, lo sentimos”. “Estamos determinadas a cambiar para mejor el futuro de miles de niñas y mujeres con discapacidad”, afirmó, y quiero que “sepan y sepáis que las administraciones públicas vamos a estar de su lado, con mirada feminista, con sororidad y con cariño”.
Belarra señaló que “nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos, ni debimos tardar tanto tiempo en prohibir esta práctica”.
Según la ministra, “nuestro país no va a volver a tolerar que los derechos y la voluntad de las mujeres y niñas con discapacidad sean ignorados, olvidados y vulnerados”. "Este es un reconocimiento público e institucional” a las víctimas de dicha práctica que “durante tantos años han sido olvidadas”, declaró.
Sin embargo, prosiguió, “el reconocimiento no tiene ningún sentido si no va acompañado, a su vez, de un compromiso para cambiar la situación”. España ya lo demostró al ilegalizar esta práctica, y avanzó que el Consejo de Ministros aprobará una declaración institucional de reconocimiento a las mujeres y niñas con discapacidad que han sufrido estas prácticas.
Belarra aseguró que el Gobierno trabajará “para que tengáis los cuidados de calidad a los que tenéis derecho, para que la accesibilidad universal deje de ser un objetivo y sea una realidad; para que podáis tener una vivienda accesible, para que, en definitiva, vuestros derechos no sean papel mojado”.
Por último, la ministra hizo una mención especial a las familias, que “son muchas veces un gran pilar vital para vosotras. Tenemos que apoyarlas más y darles recursos, porque sabemos que no lo tienen fácil”, concluyó.
INVISIBILIDAD
Por su parte, la ministra de Igualad, Irene Montero, expresó su deseo de que este acto “sirva para visibilizar” esta realidad, que “permanecía ignorada por muchos ciudadanos”, y también “para romper barreras y desterrar estereotipos”. “Sabemos que las mujeres con discapacidad sentís que se os trata con paternalismo y que no se os tiene en cuenta”, subrayó.
Por eso, Montero dio las gracias a las asociaciones de personas con discapacidad y, en especial, a las organizaciones de mujeres con discapacidad, por “denunciar y hacer visible tal barbaridad jurídica”.
Destacó como las esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad son contrarias al Convenio de Estambul y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y destacó como “los tabúes sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres con discapacidad” están detrás de dicha práctica.
Asimismo, , abogó por “una mirada interseccional” a la hora de “convertir en leyes los derechos de las mujeres que este Gobierno está llevando a cabo”, para “ser capaces de llegar a todas las mujeres”.
RESTABLECER DERECHOS
Tanto Montero como Belarra subrayaron la importancia de “acabar con el capacitismo”, idea que también defendió el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.
En su opinión, “el capacitismo fue la causa por la que (el Código Penal) permitió invadir los cuerpos de las mujeres con discapacidad”, y la justificación por la que “se limitaba a las personas con discapacidad el tráfico legal”.
“Lo hemos erradicado donde había que hacerlo, cambiando la ley”, agregó en referencia a las recientes modificaciones del Código Penal y de toda la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.
Por otro lado, Martín Blanco señaló que a este acto “nos ha convocado también la decencia de Estado”, ya que “además de restablecer los derechos (de estas mujeres), debíamos reconocerlas como víctimas y prometer que nunca volverá a pasar”.
Por último, los tres pidieron el “máximo consenso parlamentario” para modificar el artículo 49 de la Constitución, a fin de remplazar el término ‘disminuido’ por el de ‘persona con discapacidad’ y darle un “enfoque exigente de derechos humanos”.
