El Ministerio de Trabajo asegura a Servimedia que “se está hablando” con el sector para medir el impacto de la reforma
Redacción
Alrededor de cien mil empleos de personas con discapacidad correspondientes a Centros Especiales de Empleo (CEE) pueden quedar en jaque con la reforma legal que prepara el Gobierno de España y que contempla derogar las actuales bonificaciones y los incentivos existentes para la contratación laboral de este colectivo. El anteproyecto de ley redactado por el Ministerio de Trabajo que regula las medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad terminó este viernes la fase de consulta pública y ahora debe ser pulido por el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Los cambios que contempla afectan a todo tipo de empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad pero sobre todo deja en una situación muy delicada a los 2.300 centros especiales de empleo que existe en España y que tienen en plantilla a más de 98.000 personas, según explicaron a Servimedia fuentes del sector de la discapacidad.
La nueva normativa que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad que tienen estos centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo. Perder las ayudas públicas actuales por la inclusión laboral de personas con discapacidad dejaría a estos centros en una situación económica grave.
Pero esta reforma del Ejecutivo va incluso más allá, ya que también afecta a cualquier tipo de empresa que colabora en el fomento del empleo de personas con discapacidad. Afectaría además al Grupo Social ONCE, donde un 59 por ciento de los empleados tiene algún tipo de discapacidad.
Durante el último año, desde el Tercer Sector e incluso desde el ámbito político en las Cortes Generales se ha solicitado precisamente lo contrario: incrementar la subvención a los Centros Especiales de Empleo con el fin de compensar los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobados en los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Al elevar los costes de las plantillas, estos centros de trabajo que tienen mayoritariamente una vocación social han visto comprometidas sus cuentas y por eso han reclamado mejorar las ayudas que perciben con el fin de proteger los puestos de trabajo de las personas con discapacidad que contratan.
"SE ESTÁ HABLANDO"
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fuentes cercanas a la vicepresidenta Yolanda Díaz aseguraron a Servimedia que “se está hablando” con el sector para medir el impacto que tendrá esta reforma en el colectivo de las personas con discapacidad y “se va a tener en cuenta a todo el mundo” antes de aprobarlo a finales de año.
El Gobierno asegura que el anteproyecto se encuentra “en fase hiperpreliminar” pese a haber superado ya la fase de consulta pública y de amparar la derogación de bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad en un informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó en octubre de 2020, en plena pandemia de covid-19.
El estudio de la Airef concluyó entonces con carácter general que los incentivos a la contratación tienen un “efecto positivo limitado” y abogó por reducirlos para que se dirijan únicamente “a colectivos muy específicos de baja empleabilidad”.
Se da la circunstancia de que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen actualmente cerca de 4,5 millones de personas con discapacidad pero únicamente una de cada cuatro tiene un empleo. Sin las bonificaciones e incentivos actuales, que contribuyen a mantener los 100.000 empleos de los Centros Especiales de Empleo, la baja tasa de ocupación de este colectivo sería aún peor.
Tras las quejas públicas que han empezado a expresar entidades de la discapacidad por el perjuicio que genera la reforma del anteproyecto, el Ministerio de Trabajo aseguró este domingo a Servimedia que “no se va a terminar con los incentivos” de contratación aunque sí se pretende tener en cuenta la recomendación de la Airef para “hacer políticas eficaces y focalizadas” en quienes más lo necesitan.
Además, estas fuentes gubernamentales precisaron que existe un “contacto permanente” con el sector y que, antes de tomar una decisión definitiva, “se está esperando al Libro Blanco de la Discapacidad” que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
