El subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, Ángel Melchor, ha señalado este martes que el objetivo del Gobierno es “mantener e incrementar” el empleo público de personas con discapacidad.
Así lo ha señalado durante la inauguración de la VI Jornadas del Foro de la Contratación Pública Responsable 
, “RSC+D en la Administración Pública: presentación de la herramienta para la aplicación efectiva de la cláusula social”, que se celebra con la colaboración de Fundación ONCE , el Nuevo Lunes y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP ) y el Fondo Social Europeo .
El acto de inauguración ha contado con la asistencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y la presidenta del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y presidenta de Microsoft , María Garaña.
En este marco, Melchor ha anunciado que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se va a proceder al estudio y actualización del Real Decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y que, entre otras medidas, se extenderá la reserva de la cuota del 7% de reserva de plazas para personas con discapacidad entre los funcionarios interinos.
Según ha explicado, la actualización legislativa en esta materia será presentada al Consejo Nacional de Discapacidad y a la comisión de empleo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones.
Melchor ha señalado que las cláusulas sociales son criterios en la contratación pública que incorporan aspectos de política social, lo que supone, ha dicho, una herramienta de máxima utilidad, ya que la contratación pública representa una parte importante del PIB.
De este modo, ha asegurado que estas cláusulas “ponen en valor la rentabilidad social” y contribuyen al empleo, “para que las personas con discapacidad aspiren a mejores condiciones de vida y trabajo” y, ha recalcado, “las administraciones públicas tienen que asumir un firme compromiso con aquellos colectivos con mayores dificultades”.
“Hay que crear las condiciones entre todos para que estas cláusulas se introduzcan en la contratación pública”, ha subrayado, y “el ahorro de costes no es incompatible con esto”.
Durante la inauguración de la Jornada, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha señalado que el Cermi y Fundación ONCE promovieron el Foro para poner encima de la mesa una herramienta más, la contratación pública responsable, que en la coyuntura actual, “tiene una justificación mayor”.
De este modo, ha asegurado que la no integración de las personas con discapacidad en el empleo impide la normalización de este colectivo en la sociedad. Durán ha señalado que la no integración laboral, junto a la existencia de barreras físicas y mentales, genera muchos problemas para la integración de las personas con discapacidad en la vida ordinaria y su participación en sociedad.
También se ha referido al marco regulativo español en este ámbito, que ha calificado de “avanzado” pero, ha puntualizado, “las normas no siempre se cumplen ni se llevan hasta sus últimas consecuencias”.
En este sentido, ha considerado necesario “hacer pedagogía” sobre cómo deben influir positivamente las normas en su aplicación y valorar las consecuencias positivas de hacer efectiva una norma de contratación pública.
Así, ha destacado la necesidad de “igualar en la salida, pero también a la llegada” en lo que se refiere a la integración laboral y “aplicar la equidad para que la igualdad sea real”. “La contratación pública es un instrumento para hacer política social y conseguir que todos tengamos igualdad de oportunidades”, ha subrayado.
Por su parte, la presidenta del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y presidenta de Microsoft, María Garaña, ha destacado que un 10% de la población española tiene discapacidad y el índice de desempleo entre este colectivo es de más del 50%. Por ello, ha dicho, “no es un tema de solidaridad sino de acción rápida”.
Desde su punto de vista, en este momento de crisis, la contratación pública socialmente responsable “es perfectamente aplicable sin tener que hablar de financiación adicional o subvenciones”. La contratación pública, ha explicado, mueve actualmente el 18% del PIB, por lo que “hay que habilitar este mecanismo que ya existe”.
PENSIONES MASCULINAS
Los varones españoles perciben un promedio de 970 euros al mes por sus pensiones, lo que supone casi el doble de los 507 euros de pensión que como media ganan las mujeres.
Así lo declaró este martes el presidente del Consejo Económico y Social , Marcos Peña, durante la conferencia sectorial 'La confianza en las Mujeres: Una respuesta a los Retos del Siglo XXI para la ONCE y su Fundación'. Según Peña, esta diferencia se debe a la brecha salarial y a la mayor prevalencia de los contratos a tiempo parcial.
Además, prosiguió, la tasa de actividad femenina en España sigue muy por debajo de la masculina (un 13%) y, "aunque ha mejorado mucho en los últimos años, las mujeres se concentran en sectores y actividades muy determinadas, como el sector servicios, la limpieza del hogar y los cuidados". Ello implica que solo el 17% de los empleos de profesionales y el 13% de los de técnicos superiores estén desempeñados por mujeres, lo que supone menores sueldos, explicó Peña.
En su opinión, "el desigual reparto de los tiempos" y de las tareas domésticas está detrás de esta desigualdad, que hace que "el impacto de la crisis no sea equitativo y se centre en las mujeres".
NO TODO ES CONCILIAR
La misma idea expresó la secretaria de Igualdad de UGT , Almudena Fontecha, para quien, "pese a que la primera destrucción masiva de empleo se concretó en sectores muy masculinizados", al final fueron las mujeres "de nuevo las más perjudicadas".
A su juicio, existe "una menor consideración social hacia el trabajo de la mujer", fruto de la cual deriva "el injusto reparto de tiempos y de tareas y su especialización en los cuidados". "Si solo pensamos en que la mujer tiene que conciliar, nunca arreglaremos nada", aseguró.
Como prueba de ello Fontecha destacó que "las mujeres ya tenemos menos hijos de los que desearíamos y mayor formación y, sin embargo, la desigualdad permanece".
En su intervención, Francisco José Sosa, director de Relaciones Externas en Numintec , llamó la atención sobre el hecho de que "en España, las leyes a favor de la igualdad de las mujeres y de las personas con discapacidad carecen de efectos penalizadores para las pymes, que forman el 95% del tejido productivo".
Según Sosa, aunque las penalizaciones y multas "no son el mejor camino, sí deberían buscarse fórmulas para incentivar a las pequeñas y medianas empresas".
Los tres participaron en una mesa redonda sobre 'Tolerancia, pluralismo y cohesión social' moderada por la directora general adjunta de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Patricia Sanz.
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