La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
, Ana Mató, anunció este lunes que el Gobierno está trabajando en la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular asuntos como las hospitalizaciones forzosas, en cumplimiento del compromiso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en materia de capacidad jurídica.
Mato realizó este anuncio en un acto organizado en su Ministerio para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este lunes, en el que también destacó que promover la salud mental requiere respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pacientes, en cuestiones como el cumplimiento de las terapias y las hospitalizaciones involuntarias.
Además, la ministra pidió "superar definitivamente el rechazo social asociado a la enfermedad mental", porque aunque "vamos en la dirección adecuada", aún queda mucho camino por recorrer.
A juicio de Mato, "la percepción del enfermo mental ha ido cambiando". Frente a la visión del paciente como algo que se debía "aislar y ocultar", hoy, "con la ayuda de profesionales y el adecuado tratamiento, pueden llevar una vida plena". En este cambio, ensalzó el papel de la familia, "una pieza clave para afrontar la enfermedad y la reinserción del enfermo".
La ministra agregó que, debido a la alta incidencia de las enfermedades mentales y al hecho de que las personas afectadas, en muchos casos, desarrollan otros problemas de salud físicos, así como el elevado coste social, económico y familiar, hace que "trabajar para promover el estado de buena salud mental sea la mejor inversión que podemos realizar".
Mato indicó que "al menos un 9% de la población española padece algún tipo de trastorno mental", y hasta el 15% lo desarrollará en algún momento de su vida. De los tres millones de personas con discapacidad, una de cada diez lo es por padecer alguna enfermedad mental.
Desde el punto de vista económico, el impacto global de los problemas de salud mental en la Unión Europea supone un coste de en torno al 3-4% del PIB. En este cálculo se tienen en cuenta costes directos (cuidados del enfermo) e indirectos (pérdida de productividad y absentismo laboral).
Por todo ello, "las repercusiones de la salud mental a nivel laboral, social y económico son muy importantes", indicó, y para mejorar la atención, "debe realizarse de forma integral".
Asimismo, recordó que, junto con las comunidades autónomas y las sociedades científicas y de pacientes, "trabajamos para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia de Salud Mental 2009-2013". Se trata de una estrategia que "nos responsabiliza como instituciones sanitarias frente a pacientes y familiares de la protección de la salud mental", al tiempo que "garantiza la equidad, continuidad y accesibilidad a tratamientos de calidad en toda España".
Finalmente, la ministra subrayó que la nueva Ley General de Discapacidad será una garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación para estos pacientes.
Mato concluyó su intervención agradeciendo la labor de la Confederación Española de Agrupaciones y Personas con Enfermedad Mental (Feafes ). De esta entidad reconoció su "papel fundamental" en la elaboración de la Estrategia de la Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, y a ella le ofreció todo el "apoyo y colaboración del Ministerio".
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