El Gobierno distribuirá, con cargo a los Presupuestos de este año, un total de 10.571.500 euros en subvenciones de concesión directa a 47 ONG de ámbito estatal. Esto será posible gracias a una enmienda a la Ley del Tercer Sector de Acción Social presentada por el PP en el Senado y aprobada este miércoles con el apoyo de los populares, el PSOE y la Entesa.
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta dio hoy el visto bueno a esta norma. En su tramitación, los senadores presentaron a la Ley del Tercer Sector cinco vetos (CiU, EPC, PNV, IU y ERC) y 61 enmiendas (1 del PP, 7 del PSOE, 24 de CiU, 17 de Entesa pel Progrés de Catalunya, 3 del PNV y 9 del Grupo Mixto), pero la principal atención se centró hoy en la única enmienda de los populares.
TRAS EL FALLO DE SUPREMO
Coloma Francisca Mendiola, del PP, defendió que esa enmienda pretende "evitar el grave perjuicio que supone para las ONG de ámbito estatal el fallo del Tribunal Supremo en materia de subvenciones a ONG y para evitar poner en peligro la asistencia a más de seis millones de personas y que estos grupos sociales excluidos no puedan contrar con esta red fundamental de apoyo y de acompañamiento, que en la actual crisis ha colaborado con el Gobierno para atender las demandas y los anhelos de la ciudadanía más castigada".
Mendiola señaló que, mientras se determina cuál es el procedimiento general de subvenciones tras la sentencia del Supremo del pasado mes de junio, que declaró nulo el real decreto del Gobierno que regula las subvenciones a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal, la ley aprobada hoy autoriza al Estado a conceder "con carácter inmediato" ayudas a organizaciones que "tienen un conocimiento directo y especializado de las necesidades más acuciantes de los colectivos más desfavorecidos".
Así, la enmienda del PP enumera las 47 ONG estatales que serán beneficiarias este año de ayudas directas por un importe global de 10.571.500 euros, desglosadas en cuatro partidas: programas de personas con discapacidad (4.100.000), actuaciones de acción social (4.019.310), programas de infancia y familias (2.347.190) y la Fundación Víctimas del Terrorismo (105.000).
"RECONOCIMIENTO"
Esa enmienda contó con el apoyo de los populares, el PSOE -cuya portavoz, Raquel Miriam Andrés, justificó para evitar que "miles y miles de personas desatendidas no sean las paganas" de la crisis económica- y de Entesa pel Progrés de Catalunya, en tanto que CiU y PNV se abstuvieron, y Grupo Mixto (en la persona de la senadora Ester Capella, de ERC) votó en contra.
El resto de las enmiendas quedaron rechazadas por la mayoría que el PP ostenta en la Cámara Alta. El proyecto de ley en su conjunto fue aprobado solamente con los votos favorables de los senadores populares, mientras que el PSOE y Entesa pel Progrés de Cataluña se abstuvieron, y CiU, PNV y ERC expresaron sus votos en contra.
Algunos portavoces centraron sus críticas en la "invasión competencial" del texto sobre las competencias autonómicas en materia de asistencia social. Así, Capella (ERC) lamentó que la norma irá "en detrimento de las organizaciones territoriales", José María Cazalis (PNV) indicó a este respecto que "no es la ley adecuada" y María Teresa Rivero (CiU) apuntó que el texto "genera confusión en materia competencial e inseguridad jurídica", al tiempo que reiteró que 13 sentencias del Supremo avalan el reparto autonómico de las subvenciones a las ONG.
Sin embargo, María del Carmen Dueñas, del PP, recalcó que el proyecto de ley refuerza la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como "interlocutor" ante la Administración General del Estado y supone "un reconocimiento" a la labor que dedican las organizaciones sociales, además de que "busca fortalecer la sociedad civil".
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