El Gobierno prevé destinar el próximo año un total de 4,1 millones de euros para organizaciones estatales dedicadas a la discapacidad, según se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
El proyecto de cuentas estatales incluye una partida para programas de personas con discapacidad, en el que figuran 18 organizaciones nacionales, que se repartirán los 4,1 millones reservados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado reserva 1.520,4 millones de euros para prestaciones familiares de pago periódico por cada hijo menor de 18 años o mayor de esa edad siempre que tenga una discapacidad igual o superior al 65% y viva a cargo del beneficiario, y de prestación económica única por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad, y por parto o adopción múltiples.
El programa ‘Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad’ del Imserso cuenta para el próximo año con una asignación presupuestaria de 55,68 millones de euros, destinados fundamentalmente al desarrollo de servicios directos y a la concesión de prestaciones económicas a las personas con discapacidad.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 incluye una partida de 1.142 millones de euros para beneficios fiscales por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
Por otro lado, las cuentas del Estado prevén 19,18 millones de euros en subsidios económicos para personas con discapacidad, lo que supone un descenso del 14,8% respecto a los 22,52 millones de 2015 porque se trata, según recoge el proyecto presupuestario, de “un colectivo de carácter cerrado, sin nuevas incorporaciones y, por tanto, con tendencia decreciente del gasto”.
El Gobierno justifica esta caída en que los perceptores de esas prestaciones van falleciendo y, por ende, su derecho a recibirlo. Como consecuencia, el importe va disminuyendo año tras año, ya que no hay nuevas incorporaciones a esa pensión, pues desde 1990 fueron sustituidas por las pensiones no contributivas.
Como consecuencia de la entrada en vigor de las pensiones no contributivas en el Sistema de la Seguridad Social, reguladas por la Ley 26/1990, que suprime expresamente el reconocimiento de nuevos derechos al subsidio de garantía de ingresos mínimos y al de ayuda por tercera persona, regulados por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, va descendiendo paulatinamente el número de solicitantes de estas prestaciones, aunque se mantiene el reconocimiento del subsidio por movilidad y compensación por gastos de transporte.
Como los beneficiarios se van dando de baja en los subsidios para acogerse a las pensiones no contributivas, esto hace que disminuya la partida de subsidios económicos para personas con discapacidad, a la vez que suba la de pensiones no contributivas.
El objetivo fundamental de la política de discapacidad del Gobierno para 2016 es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este colectivo, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del desarrollo de las políticas públicas de la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas, y con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias. La promoción de los derechos y de la autonomía personal de las personas con discapacidad es la meta sectorial a la que se encamina la acción del Ejecutivo en este apartado.
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