Pretende impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración hacia una atención más centrada en la persona
Servimedia
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, señaló que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha diseñado constituye “una gran oportunidad” para avanzar en la implantación de la figura del asistente personal y en la desinstitucionalización de las personas dependientes que viven en grandes residencias.
En una entrevista con Servimedia, manifestó que este plan establece diez políticas palanca que determinarán la evolución futura del país y que la octava de ellas, ‘Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo’, incluye el componente 22, denominado ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’, donde se habla de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.
Su objetivo es reforzar las políticas de atención a la dependencia e impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración hacia una atención más centrada en la persona, explicó Martín Blanco, que apuntó que ello implica “apostar por la desinstitucionalización y por un modelo de vida en comunidad”.
De hecho, en la Reforma 1 del Componente 22 se propone impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, “promoviendo la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de atención centrada en la persona”, afirmó. Dicha estrategia deberá ir acompañada de las inversiones definidas en este componente dentro del Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración.
Además, el plan prevé un capítulo de inversiones para desinstitucionalización, equipamientos y tecnología, que habla también de esta estrategia nacional. En este punto se incluyen la realización de los estudios necesarios al efecto; la puesta en marcha de campañas de sensibilización y difusión; la financiación de al menos tres proyectos piloto, para demostrar cómo funcionan las nuevas políticas y para utilizarlas como experiencias de aprendizaje, y garantías de que los centros residenciales a los que tengan que trasladarse aquellas personas que, por sus necesidades no puedan seguir en su domicilio reúnan unas características adecuadas para el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se quiere impulsar.
Para ello, se financiará la construcción de nuevos equipamientos públicos de tamaño y diseño adecuados a este modelo y la remodelación de los existentes, indicó Martín Blanco.
ACCESIBILIDAD
“Tenemos muchos desafíos como país, pero también muchas oportunidades”, insistió en director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, que destacó que el plan contempla en todo su desarrollo “la mejora de la accesibilidad universal desde una perspectiva integral”.
“Parte del principio básico de este enfoque basado en los derechos sociales”, que pasa por “garantizar la igualdad en el acceso a todo tipo de servicios para todas las personas”. Por ello, “una parte de las inversiones se destinarán directamente a reforzar la accesibilidad universal, entendida esta como un derecho instrumental, o dicho de otra manera, como la palanca para el acceso y disfrute de todos los derechos humanos”, recalcó.
En esta línea, resaltó que “la diversidad humana que entraña la discapacidad ha de ser tenida muy en cuenta en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda". En su opinión, “la vivienda es en sí mismo un bien, personal y social, pero también es un presupuesto ineludible para conquistar la inclusión, que, en el caso de las personas con discapacidad, comporta participar plenamente en la corriente general de la vida social”, concluyó. Esto implica “elegir dónde, cómo y con quién vivir, sin imposiciones, y sin verse obligadas a habitar en entornos específicos y separados, al margen de la vida en comunidad”, recalcó Martín.
Agregó que “las personas con discapacidad que viven en zonas rurales constituyen un grupo de población numeroso, que supera el millón de personas, con índices de exclusión social y carencia de apoyos y recursos adecuados mucho mayores que los de la población urbana”. Esto les supone “una presión constante y creciente para abandonar este medio”.
Por tanto, ellas y sus familias “deberán ser consideradas como agentes clave en el proceso de transformación del medio rural en un entorno inclusivo, que bajo el prisma de la innovación social ofrezca un nuevo modelo de entorno sostenible y armónico de convivencia”.
Finalmente, el director general aseguró que en esta nueva etapa estará “muy cerca y a disposición de las comunidades autónomas, responsables constitucionalmente de aterrizar la política social en la vida de la gente”.
“La discapacidad es un elemento de cohesión y me atrevería a decir un elemento vertebrador de nuestro Estado, así que vamos aprovechar esta fortaleza para caminar juntas hacia la ciudadanía plena”, concluyó.
