Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Carlos Ramiro, y diversos representantes de distintas asociaciones de la discapacidad han analizado las posibles insuficiencias de la LISMI y el futuro de una nueva ley de inclusión laboral.
El debate ha tenido lugar en el transcurso de la jornada 'Más allá de la LISMI: hacia un nuevo modelo legal de inclusión laboral de personas con discapacidad', organizada por la Fundación ONCE 
y el Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad .
Durante su intervención Juan Carlos Ramiro ha defendido la "muchas veces denostada LISMI, ya que por encima del paso del tiempo tiene más virtudes que defectos". Según ha manifestado, lo que ha habido hasta ahora "han sido parches legales, pero se está trabajando con el movimiento asociativo para crear una ley actualizada a los cambios, para profesionalizar la discapacidad y conseguir que todos los conceptos que se trabajaron como el empleo protegido o con apoyo pasen a ser parte activa de la sociedad y generador de riqueza".
Por su parte el secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, ha señalado que la "principal diferencia" entre la LISMI y las actuales leyes que se están realizando al respecto, es que la primera es "asistencia" y las actuales son "generadoras de condiciones de igualdad y sociabilidad".
También ha intervenido el director técnico de Empleo de la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE ), Julián Palomo ha incidido en su intervención "en que la implantación de la nueva legislación es lenta por lo que hay que intentar ir creando disposiciones anexas para que no haya un vacío legal".
Por su parte, la directora gerente de la Asociación FEAPS para el Empleo de Personas con Discapacidad Intelectual (AFEM), Nuria García, ha explicado la necesidad de no confundir "normalización con homogeneización ya que implicaría la no aceptación de la diferencia que tienen las personas con discapacidad simplemente por serlo".
CCOO, UGT y CEPES
Diversos agentes sociales de las principales plataformas de apoyo a los trabajadores y del sector empresarial, han coincidido en señalar la importancia de cambiar las políticas de inserción laboral para personas con discapacidad y reestructurarlas para una eficaz relación entre empresas, Gobierno y las propias personas con discapacidad.
Como representantes de este sector asistieron la responsable del Departamento Confederal de Servicios Sociales de la Unión General de Trabajadores (UGT ), Gema Ramón, secretaria de Política Social de Comisiones Obreras (CCOO ), Rosana Costa y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES ), Juan Antonio Pedreño.
Gema Ramón declaró que "es necesario un cambio notable en las políticas sociales y de inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral, con un rumbo que se adapte a la nueva realidad social". También señaló que "los sindicatos no han sido participes de la construcción de las políticas sociales, puesto que, éstas se han realizado a las espaldas de los sindicatos, enterándonos de ellas por la televisión".
Por su parte, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño ha remarcado en el encuentro que "gracias a la LISMI se cimentó la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, pero también se han visto numerosas deficiencias que con el tiempo han salido a la luz y no han logrado subsanarse".
Pedreño, también ha dejado patente "la necesidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar con un salario digno y puedan conciliar su discapacidad con un trabajo saludable y una vida familiar normalizada". Además ha recalcado "el compromiso de las empresas representadas por CEPES en mantener unas políticas constructivas en estos tiempos de crisis y fomentar la responsabilidad social corporativa".
La secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, ha lamentado que "haya personas que pueden disponer de un empleo ordinario y hayan tenido que contentarse con hacerlo en uno protegido simplemente por pertenecer al sector de la discapacidad".
A este respecto, Costa ha subrayado que últimamente "se está poniendo el énfasis en las políticas sectoriales en detrimento de los sistemas públicos de bienestar social, básicos para el desarrollo y la igualdad en la inserción laboral de todos los colectivos sociales".
Costa ha indicado que todas las iniciativas en el aspecto laboral de las personas con discapacidad "deberían circular por tres ámbitos de apoyo: la concertación social, la negociación colectiva y la participación estatal".
Por último, los ponentes han coincidido en señalar como primera acción de especial importancia, la necesidad de reestructurar y actualizar las tareas y cometidos de los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad, para equipararlas a otros organismos de Empleo tanto nacionales como europeos.
CERMI
La vicepresidenta del CERMI, Mª Luz Sanz, aseguró durante su intervención en la Jornada que "la educación de las personas con discapacidad, es una inversión que, bien hecha, se rentabiliza 100%", ya que "es más rentable invertir en recursos educativos que compensar las carencias existentes en el mundo laboral".
Sanz señaló que la normativa que respalda la educación inclusiva, "sólo se cumple con ciertas garantías en la enseñanza obligatoria, y no suele ser así en la FP, el Bachillerato o la educación universitaria, donde se siguen necesitando adaptaciones y ayudas". Por esta razón, la vicepresidenta del CERMI ha considerado indispensable la aportación de "todo tipo de recursos, didácticos, tecnológicos y humanos".
Sanz recordó que actualmente sólo el 3,6% de las personas con discapacidad tiene estudios universitarios, frente al 12,7% del total de la población. Para mejorar estas cifras, Sanz ha considerado necesarias las adaptaciones de "procedimiento, tiempo y forma" en procesos selectivos y pruebas de ingreso, así como del "currículo, la formación y sensibilización del profesorado y la mejora de la accesibilidad de las instalaciones y los transportes".
Mª Luz Sanz ha reconocido que se han producido importantes avances en materia de educación inclusiva, pero ha denunciado que aún así, las cifras siguen siendo insuficientes, "lo que se traduce en menos oportunidades laborales para las personas con discapacidad, y menos calidad en el empleo".
Agustí Matías, de la Comisión RSE y discapacidad del CERMI apuntó que en los últimos años ha habido un incremento de la inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral, pero en general, hay sectores de baja productividad, debido, "a la falta de accesibilidad, y al desfase formativo de este sector social".
Asimismo, ha informado de que en materia de contratación, dos de cada tres empresas incumplen la normativa, por lo que en la actualidad, la tasa de paro de este sector social, "triplica la del total de la población".
Sin embargo, Matías destacó la presencia de elementos favorables a la inserción laboral de personas con discapacidad, en los últimos 25 años, como es "la aparición del concepto de diversidad y empleo sostenible en las empresas", o el reconocimiento de los propios elementos diferenciadores y positivos de estas personas, como "su afán de superación, la creación de un clima laboral distinto o las ventajas económicas".
No obstante, la directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE, Josefa Torres, señaló que la situación de la mujer con discapacidad en el ámbito laboral "es peor que la de los hombres". Así, ha dicho que aunque el número de mujeres con discapacidad es mayor que el de hombres, "es mayor el número de hombres con discapacidad insertados en el mercado laboral".
Según Torres, "la LISMI no recogía ninguna medida de acción positiva a favor de las mujeres con discapacidad, y las medidas adoptadas, provienen de desarrollos normativos posteriores".
Por su parte, la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, manifestó que la necesidad de crear un nuevo modelo legal de inclusión laboral de personas con discapacidad, que sustituya a la LISMI, y que vaya más allá de las políticas aisladas, "abordando la discapacidad de forma transversal".
Villarino ha señalado que esta nueva ley debe ser el fruto de "una labor conjunta entre los diferentes agentes sociales, que afronte aspectos como la perspectiva de género, la educación y la inclusión laboral en empresas a través de las políticas de RSC".
Asimismo, ha expresado la importancia de crear una ley que atienda las necesidades de las personas con discapacidad de forma individualizada, que no aplique las mismas medidas a todos los tipos de discapacidades y que preste atención a los colectivos especialmente vulnerables. "La nueva ley debe centrarse ante todo, en las personas y en la igualdad de oportunidades".
Además identificó como principales retos de futuro "la disminución de la tasa de inactividad del sector y de la situación de precariedad". Asimismo, expresó la necesidad de la elaboración de datos estadísticos en materia de discapacidad a todos los niveles, incluido el laboral. A este respecto, Villarino ha anunciado que estos datos ya figurarán en la próxima encuesta de población activa del INE.
También ha apostado por el fomento de la contratación pública por parte de la Administración, y por la creación de medidas de acoplamiento de las leyes, como códigos de conducta, manuales de buenas prácticas, etc.
Para concluir, Pilar Villarino ha reconocido que la LISMI "ha sido un hito importante para el sector de la discapacidad", pero que "hay que adaptar la legislación a las nuevas situaciones y necesidades de la sociedad". "El marco jurídico es válido, pero es necesario adecuar las medidas jurídicas y los modelos que derivan de ellas a las nuevas realidades".
PARTIDOS POLÍTICOS
El diputado de GPC-CiU, Carles Campuzano, señaló que "el modelo LISMI está agotado y la actual crisis económica acelera aún más su declive".
Así, Campuzano está convencido de que aunque la LISMI ha sido útil y, a pesar de las modificaciones que se han introducido a lo largo de los años, en la actualidad, "es necesaria una revisión global ya que la realidad económica, empresarial y del mundo de la discapacidad no tienen nada que ver con lo que eran hace 25 años".
El diputado GPC-CiU ha manifestado además la necesidad de enlazar revisión, con la crisis económica para "ser capaces de combinar las reformas de futuro con las medidas a adoptar ante la actual situación económica".
"Hay que poner el acento en las necesidades concretas de las personas con discapacidad que quieren acceder a un empleo, así como las de las propias empresas", ha añadido. Con este objetivo, según ha informado, su partido ha iniciado un proceso interno de reflexión en torno a nuevo modelo que sustituya a la LISMI.
El diputado de Partido Popular (PP), Francisco Vañó, ha reforzado esta idea asegurando que aunque se ha mejorado la situación, "la LISMI se ha quedado obsoleta y no estamos en el mejor de los mundos". Esto lo demuestra, según el portavoz popular, el hecho de que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad, todavía triplica las del resto de la sociedad.
Así, ha asegurado que en la Comisión de Discapacidad del Congreso, tienen "una vocación de pacto para que mejore la situación de este grupo social y que continuarán en esa línea".
La diputada del Partido Socialista (PSOE), Mª José Sánchez Rubio, ha añadido por su parte, que "no es que la LISMI haya caído en desuso, pero con el traspaso de las competencias a las autonomías, perdió globalidad, algo que puede recuperar con la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las PCD".
Para Sánchez Rubio ha concluido anunciando que la solución está en "reorientar las políticas de la mano de las empresas, los sindicatos, y las organizaciones del sector de la discapacidad".
EL PRECARIO ACCESO AL MERCADO LABORAL
En estas jornadas se ha presentado también el libro 'Evaluación de las políticas de empleo para personas con discapacidad y formulación y coste económico de nuevas propuestas de integración laboral' a cargo de uno de sus autores, el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Carlos García Serrano y en el que se analiza el precario acceso al empleo de las personas con discapacidad.
El estudio recoge una evaluación global de las políticas de empleo para personas con discapacidad en España desde la óptica de la eficacia de las políticas públicas en la integración laboral de este sector de la población, y la actitud de las empresas ante estas políticas y ante las ayudas públicas de fomento e integración laboral.
A este respecto, García Serrano ha explicado que "los hogares que cuentan con personas con discapacidad en España tienen unas rentas parecidas a los hogares sin discapacidad. El estar ocupado es importante pero el salario de las personas con discapacidad es un 20% menor que el del resto".
También subrayó que las personas con discapacidad suponen el 2% de la nómina de las empresas y ha lamentado "un déficit claro de ocupación". "Tan sólo 250.000 personas con discapacidad tienen empleo de cerca de 3,2 millones de ciudadanos españoles que pertenecen a este colectivo".
Fuente: Servimedia
