La Agencia Tributaria 
tiene previsto iniciar 1.436 actuaciones inspectoras en el marco de la lucha contra el fraude que genera alarma social en 2012, lo que supone un aumento del 14% en comparación con el ejercicio anterior.
Así lo explicaron este jueves en un encuentro informativo el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana.
Los responsables de Hacienda explicaron la resolución de la Dirección General de la Agencia Tributaria publicada este jueves en el BOE, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012.
Entre el fraude que genera alarma social están los entramados que abusan de formas societarias, mediante los cuales profesionales, artistas y deportistas utilizan empresas para "deducir indebidamente, a través de ellas, sus gastos particulares".
Además, en este contexto se incluye el empleo de facturas falsas con el fin de minorar el pago de impuestos y se realizará un "estrecho seguimiento" las operaciones con pago de efectivo de elevado importe.
Sobre este tema, fuentes de Hacienda indicaron que aún no se han decidido los umbrales a partir de los cuales no se podrán realizar operaciones en efectivo y que siguen realizando "análisis para ver cuál sería la cuantía razonable".
Además, aclararon que esta limitación afectará tanto a las operaciones entre empresas como a aquellas que realice una sociedad con un particular. Es decir, en todos aquellos flujos en los que haya una persona jurídica.
El objetivo de ingresos para este año es de 8.171 millones de euros, un 8% más que los objetivos del año pasado, indicaron los responsables de la Agencia Tributaria.
Respecto al personal, desde Hacienda valoraron que el Gobierno permita una tasa de reposición del 10% en sus funcionarios dada la actual coyuntura de las cuentas públicas españolas.
Además, pusieron en valor la labor de lo 28.000 funcionarios, e indicaron que de media cada uno de ellos es responsable de detectar 375.000 euros de fraude. Se trata, aseguraron, de un uso "eficiente de los recursos".
CONSUMO ELÉCTRICO
En la resolución se explica que se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a la desarticulación de los circuitos de la economía sumergida, que tendrán como objeto central el control integral de la importación y venta de mercancías procedentes de terceros países, fundamentalmente de Asia.
Además, será "objetivo esencial" de las actuaciones de investigación el descubrimiento de los arrendamientos no declarados de viviendas y locales de negocio.
En la lucha contra la economía sumergida se analizarán los datos de consumo de energía a fin de localizar inmuebles donde se puedan estar desarrollando actividades productivas no declaradas. Hacienda dispone ya de información de consumos eléctricos de más de 35 millones de inmuebles, explicó la Agencia Tributaria.
Por otra parte, el Gobierno pondrá el "máximo empeño" en hacer aflorar las rentas que han sido ocultadas a la Hacienda Pública española por medio de la utilización de paraísos fiscales o residencias artificiales en el extranjero.
En el control de las grandes empresas y de los grupos económicos, se prestará especial atención a la deducción de gastos financieros generados artificiosamente con el único propósito de no pagar impuestos en España y a las operaciones de ingeniería fiscal.
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