Ignacio Tremiño, director general de Políticas de apoyo a la discapacidad
Se acaba una nueva legislatura y 'cermi.es semanal' requiere el balance del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño. Estos cuatro años le han parecido, profesionalmente, "muy duros" (y familiarmente: sus fines de semana fueron fugaces tardes de domingo). Ha sido "la legislatura más difícil de la historia de la democracia", una situación única, "desconocida hasta ahora", confiesa, y sin embargo de balance "muy positivo". Aunque "insuficiente, se quedan cosas en el tintero". Su último logro, es la aprobación de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo. El futuro, ni se lo plantea, es hombre de subirse al tren que pase. Aunque se aferra a una unívoca vía férrea: las personas con discapacidad, por las que quiere "seguir trabajando siempre".
¿Qué balance general puede hacer de la legislatura que está a punto de concluir como director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad?
Mi propuesta, a principio de legislatura, era que la discapacidad estuviera presente, de forma transversal, en toda la acción política del Gobierno. Es decir, que estuviera no solo en las leyes específicas en materia de discapacidad o de los sectores de la población más vulnerable sino en toda normativa que el Gobierno aprobara con medidas de acción positiva.
Desde esta Dirección General hemos sido proponentes o "coproponentes" con otros ministerios, en 24 leyes, durante esta legislatura, en la que la discapacidad se tiene en cuenta con medidas de acción positivas específicas para las personas con discapacidad o porque es la materia de principal de las mismas, como en el caso de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, el texto refundido.
Del mismo modo, también está presente en seis reales decretos legislativos, en 16 reales decretos y en una orden ministerial. En total, hemos tenido en cuenta a la discapacidad, a lo largo de esta legislatura, en 47, "producciones normativas".
Además, a través del Real Patronato de discapacidad 
hemos firmado 163 convenios con otras tantas entidades de personas con discapacidad y se han realizado, también durante la legislatura, 26 estudios sobre discapacidad; se han publicado 54 temas relacionados con la misma temática, y hemos dado 29 Premios Reina Sofía Reina Leticia en sus diferentes categorías. A pesar de la crisis, además de los premios que ya existían, hemos añadido dos nuevas.
Sin embargo, a pesar de que toda la legislación que se ha realizado este año ha tenido medidas positivas para las personas con discapacidad, no puedo decir que haya conseguido todo lo que hubiera querido. En materia de discapacidad siempre hay que seguir avanzando y todavía estamos muy por detrás del resto de poblaciones. Sí es cierto que si recordamos el escenario, si se me permite, tenebroso o, por lo menos, muy difícil de 2012 no solo hemos mantenido sino avanzado en los derechos de las personas con discapacidad.
¿Cuáles son los logros más importantes a su juicio, como persona con discapacidad, en políticas de apoyo a la discapacidad que se han producido durante su mandato?
Cuando llegamos al Gobierno había un problema gravísimo provocado por las Comunidades Autónomas (CCAA), que no pagaban a las entidades sociales. Acordémonos de la marcha de la discapacidad en 2012 realizada porque había entidades que llevaban sin cobrar incluso años. La situación era muy complicada y lo primero que nos reclamó el movimiento asociativo es que solucionáramos la situación de todas las entidades que englobaban tanto a las de la discapacidad como a las sociedades sociales en general como Cruz Roja, Cáritas, etc.
Además, se da la circunstancia de que se había hecho un plan de pago a proveedores porque, como los servicios sociales no son proveedores porque no facturan sino que realizan actividades a través de convenios con las administraciones, siempre se quedaban fuera de este plan. Lo que se hizo, con el fondo de liquidez autonómica, fue una partida específica, por primera vez en la historia de la democracia española, de 3.000 millones de euros para que las CCAA hicieran frente a sus deudas con las todas las entidades sociales, no solo con las de la discapacidad. Esto evitó la desaparición de muchísimas entidades pequeñas que no hubieran podido aguantar mucho más tiempo sin cobrar porque, recordemos, que esto coincidió con la desaparición de la obra social de las cajas de ahorro. Esto lo pidieron las propias entidades porque el problema era muy grave.
Al hilo de las entidades sociales, como gran defensor de la 'obligación moral' de los ciudadanos de marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la renta que es usted, ¿qué significa para la discapacidad, y para usted como usuario de silla de ruedas, la reciente Ley del Tercer Sector de Acción Social que ya ha calificado de "pionera"?
También la ha calificado de pionera el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, y todas las entidades porque es la primera ley en Europa que reconoce por ley los derechos de las entidades sociales. Eso implica una solidez para que estas puedan trabajar y colaborar con la Administración del Estado y con otras administraciones. Este es otro de los hitos destacables conseguidos durante la presente legislatura.
El Cermi ha creado un documento de propuestas para que los políticos que se presentan a las generales del 20-D las incluyan en sus programas. ¿Está de acuerdo con su petición de una reforma de la Constitución del 78 para "constitucionalizar como fundamentales los derechos sociales"?
Estoy de acuerdo en que los derechos sociales tengan la misma prioridad que cualquier otro derecho fundamental no sé si a través de la reforma de la Constitución o de otro procedimiento.
¿Cree viable, posible, deseable una nueva 'Ley de Inclusión Laboral' que sustituya a la Lismi para orientar y reforzar las políticas activas de empleo para las personas con discapacidad durante las próximas dos décadas?
La Lismi ha desaparecido ya en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en la que se recoge todo lo que era la Lismi más la Liondau o Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley de infracciones y sanciones en el orden social . Pero la mejor medida de inclusión es el empleo y cualquier medida que sea sirva para la inclusión laboral de las personas con discapacidad será bienvenida. No sé si a través de leyes o medidas concretas, pero sí coincido con el Cermi en que la inclusión laboral es la mejor medida de integración de cualquier persona con discapacidad.
Entonces, desde su perspectiva actual, ¿por qué las personas con discapacidad seguimos estando "estructural y permanentemente excluidos", como dice Luis Cayo, de un bien tan básico, esencial como es el trabajo?
Porque llevamos muchos años de retraso, a pesar de lo que estamos avanzando estos años y la velocidad que mantenemos. Hemos empezado más tarde que otros países y una prueba es que cuando tuve el accidente hace 25 años, la prioridad para mi familia nunca fue el empleo sino rehabilitarme físicamente, pero sin objetivo de incorporarme al mundo laboral. Hace tres lustros era así. Hoy la prioridad es la rehabilitación, pero también el empleo y no solo en la discapacidad física sino en la discapacidad intelectual y en todas las discapacidades. Lo que está claro es que ha cambiado el modelo gracias al movimiento asociativo y a los propios padres de las personas con discapacidad, como es el caso de las personas con discapacidad y otras discapacidades. Los mío, y lo digo con cariño, no se preocuparon de si tenía o no que volver a trabajar, ni siquiera se lo planteaban. Hoy en día, por ejemplo, los padres con hijos con discapacidad intelectual y otras discapacidades, sí se plantean se incorporen al mundo laboral. Esto hace 20 años era impensable.
Ha mencionado varias veces a la discapacidad intelectual y no sé si es por algún motivo personal o por solidaridad.
No, lo hago porque he cometido muchas veces el error, y estoy aprendiendo a corregirlo en estos años, durante esta legislatura, porque he aprendido muchísimas cosas de otras discapacidades que antes desconocía. Pensaba que lo conocía todo sobre la discapacidad, pero lo conocía desde el punto de vista laboral. Y lo que he aprendido, durante estos cuatro años, es a pensar no solo en mi discapacidad sino como persona implicada en la discapacidad. Para desempeñar bien mi cargo no es tan importante tener una discapacidad como estar implicado con la discapacidad. Durante esta legislatura he conseguido implicarme más con otras discapacidades que antes desconocía.
Entonces sabrá que la otra discapacidad discriminada, junto a la intelectual, es la enfermedad mental. Y lo sabe porque, recientemente, intervino en la presentación del estudio 'Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma' donde usted mismo denunció que la inclusión real de las personas con problemas de salud mental "todavía no ha llegado" y que "hace falta una metodología para erradicar el estigma".
Estoy convencido de lo que dije porque lo he visto durante estos años: las personas con problemas de salud mental sufren una doble discriminación, no solo por su discapacidad sino por ese estigma que les rodea y que la sociedad todavía, por desconocimiento, sigue teniendo un rechazo. Eso es así y es una asignatura pendiente.
La enfermedad mental es una discapacidad sobrevenida. Se tarda años, una media de siete según los expertos, en recuperar el rumbo, las riendas de la vida. ¿Qué habría que hacer para la rehabilitación de este sector de la población y para que su talento no se pierda?
La batalla en el caso de la enfermedad mental se ha ganado desde el punto de vista de la Administración y, sin embargo, está por ganar desde el punto de vista de la sociedad en general. La sociedad es muy solidaria desde la barrera, en términos taurinos, cuando tiene que bajar a la arena sigue teniendo rechazo a la enfermedad mental. Hay que luchar contra eso.
¿Y esa metodología a la que aludía en la presentación del mencionado estudio?
Ahí lo importante es la experiencia. En el momento en que trabajas con una discapacidad como la enfermedad mental y la conoces, desaparecen esos falsos conceptos, los prejuicios.
¿Podría ser la próxima legislatura la de esa "refundación" que exige el movimiento de la discapacidad de la Ley de Autonomía y Dependencia?
El ministro ha dicho que lo primero que hay que afrontar es, precisamente, la financiación de la dependencia y eso es un tema que atañe no solo a la Administración del Estado sino al resto de las CCAA. De hecho, él es el primero que ha dicho, en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que esta ley nació con luces y sombras en materia de financiación, y que hay que mejorarla y sentarse con las administraciones. Sí, hay que mejorarlo.
Tema doloroso, dramático... el copago. Es "injusto, confiscatorio, expulsa, niega y diluye parte de ese derecho que reconoce la Ley de Autonomía y Dependencia" a las personas con discapacidad, ¿qué alternativa propone? ¿Cómo ve el futuro respecto a este tema?
Ocurre lo mismo. La Administración del Estado, las CCAA y los usuarios, a través de las organizaciones, tienen que sentarse y buscar un sistema que sea justo para todos y que garantice que todas las personas con discapacidad tengan derecho a la autonomía personal a través de la Ley de Dependencia. En el año 2012 aún no estaba garantizado y lo que ha hecho este gobierno es marcar las bases para que sea una ley de futuro.
La Ley de Propiedad Horizontal ya ha pasado por cuatro reformas. ¿Por qué hay tanta "incapacidad política" (falta de sintonía entre los políticos, la tecnocracia...) para responsabilizarse del problema y resolverlo?
Políticamente, no solo este Gobierno sino también los demás tienen claro que tienen que trabajar, que luchar contra esto. Más que un problema político o del equipo de gobierno que esté en cada momento, se trata del rechazo que hay en general por parte de la sociedad a afrontar esa situación. Volvemos a lo de antes. Si a mí, como ciudadano, me preguntan un periodista con el micrófono, en la calle, que si estoy en contra de que se eliminen las barreras de un portal para que una persona con discapacidad entre en su caso, te diré que no estoy en contra. Pero el problema surge cuando es en tu portal donde están las barreras y el ciudadano tiene que contribuir económicamente en su eliminación. La persona es solidaria mientras no le toquen el bolsillo.
Entonces, ¿tendremos que pasar a movilizarnos? Porque, según el presidente del Cermi, el Ministerio de Industria dio 300 millones de euros a las comunidades de propietarios hace poco para resintonizar antenas en lugar de para dotar de accesibilidades los accesos a las viviendas de personas con discapacidad y, parafraseo, "a nadie le ha dolido prenda".
Y confirmamos lo que acabo de comentar: la gente es muy solidaria para lo que le interesa. Todos los propietarios tienen problemas con la antena, pero no todos con las barreras arquitectónicas. Evidentemente, estoy de acuerdo en que se solucione y el compromiso de este Gobierno va en esta línea. Pero es verdad que nos ha faltado tiempo y es otra asignatura pendiente para la próxima legislatura, pero cuidado, que aún queda parte de legislatura y quedará pendiente parcialmente. Se ha ido mejorando año a año.
¿Para cuándo un espacio sociosanitario? ¿Cree, como el presidente del Cermi, que "no arreglar o reforzar de forma importante la atención social puede provocar el colapso del sistema sanitario tal y como lo conocemos?
Sí. No se puede resolver las necesidades sociales, como ocurre en muchos casos, con la asistencia sanitaria sino que tiene que haber una coordinación entre lo sanitario y lo social. Hay muchas necesidades que se tienen que resolver desde el punto de vista social y no solo sanitario, de ahí la necesidad de coordinarlo. El ejemplo sería una persona mayor que en lugar de estar atendido en un centro o podría ser atendido en su propio domicilio o un centro con una serie de recursos y evitando ocupar una plaza en el hospital. Esa es la coordinación sociosanitaria que es tan difícil, en la que estamos trabajando, y que se ha iniciado en esta legislatura también para coordinar esas dos patas tan importantes de la persona como es la Sanidad y lo Social.
Estando en el ministerio que estamos, que entraña la Igualdad, no podía faltar preguntarle por cómo abordan desde esta casa, usted personalmente, y si se aborda bien o de forma insuficiente, esa doble discriminación que sufre la mujer con discapacidad. ¿Qué tiene que ocurrir, dado su conocimiento de las virtudes y defectos del tejido asociativo, para que la mujer con discapacidad consiga la tan justa igualdad, paridad y decidir?
En este sentido, Cermi está avanzando mucho porque ha creado la Fundación CERMI Mujeres . Lo que hay que conseguir es que todas esas medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad hagan referencia a las mujeres y niñas con discapacidad y tenerlas en cuenta.
¿Puede concretizar lo que ya se ha hecho desde esta dirección general?
Cuando se aplica el criterio de la discapacidad, tener en cuenta el de mujer como en las encuestas de violencia de género, por ejemplo. Se ha hecho, accesible para mujeres sordas el 016 accesible, y hemos tomado medidas en el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad, dotado con 3.093 y compuesto por 96 medidas, se articula en cinco ejes de actuación, uno de ellos la igualdad. Entre los objetivos del Plan se encuentra la priorización de la igualdad y la erradicación de la discriminación, un principio transversal del plan para reducir el número de personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza y para promover la participación de este grupo de personas en condiciones de igualdad en las esferas política, económica y social. En definitiva, atajar el grado de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
¿Quiere destacar algún reto en particular conseguidos durante esta legislatura?
Sí, claro. Sin orden cronológico, se me ocurren varios. En primer lugar, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. En el artículo 20 se habla de incrementar los fondos sociales del IRPF con los llamados con aquellas herencias que recibe la Administración, a través del Estado, de personas que no han dejado testamento ni herederos. El Estado se quedaba con ese dinero y ahora se destinará a incrementar el IRPF, el 0,7 destinado a fines sociales, de obligación moral. Esto es una reclamación histórica del Cermi, lo conozco personalmente desde siempre, y ahora lo hemos logrado mediante esta ley.
Otro hito importante es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que aúna todas las leyes más importantes en materia de discapacidad: la famosa Lismi, la Liondau y la le de Infracciones y Sanciones. La adaptación a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad era un mandato del congreso de los diputados.
Me gustaría destacar también como algo muy significativo que en 2013 Naciones Unidas concedió a España el premio que concedió Naciones Unidas el premio Franklin D. Rooseevelt International Disability Rights, considerado el «Nobel de la Discapacidad». Fue recogido por su majestad la Reina y la ministra Mato y representa ese tipo de cosas, junto con muchas otras, por las que merece la pena haber trabajado en el Gobierno de España, a pesar de lo complicado de la legislatura y los inicios difíciles. Fue concedido a España por la legislación que tenemos, por la adaptación de la legislación española a la Convención.
Repasemos, si quiere, algunas de las propuestas que han salido adelante durante esta legislatura que tengan que ver con el empleo para las personas con discapacidad, tan importante para nuestro sector.
Está la ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y que modifica el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público. Es muy importante porque prohíbe al sector público contratar con empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades o por discriminación de las personas con discapacidad. Aquellas empresas que no cumplan con la obligación legal de la contratación de personas con discapacidad no podrán contratar con la administración del Estado. Aunque bien es cierto que falta desarrollar la reglamentación de cómo verificar que las empresas cumplen o no, pero es cuestión de hacer un reglamento que lo pondrá en marcha el equipo de Gobierno que entre porque ya no hay tiempo para ello.
También en esa línea de trabajo, destacar la ley 31/2015, recientemente aprobada, por el que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo. Esta ley obliga a la Administración General del Estado (AGE) y a los gobiernos autonómicos a reservar un mínimo de los contratos públicos que sacan a concurso en favor de CEE y de empresas de inserción social. En el desarrollo, falta acordar ese porcentaje. Lo importante es que el Gobierno está ya obligado a reservar ese porcentaje.
Estas dos últimas medidas potenciarán y consolidarán el empleo de este sector de la población. Cabe destacar que el crecimiento del empleo de las personas con discapacidad en la última legislatura ha crecido a un ritmo, más o menos, de un 20 por ciento por año. A pesar de la crisis. También durante esta legislatura se han firmado más de 680.000 contratos de trabajadores con algún tipo de discapacidad. Es el número de contratos más elevados de la historia de España. Por tanto, se va avanzando en materia de empleo.
¿Qué hay de esa ansiada compatibilidad entre la pensión no contributiva y un puesto de trabajo que se pide desde el movimiento asociativo?
Es otro de los temas importantísimos en materia de empleo y, efectivamente, muy reclamado por el Cermi. Se trata de ampliar la compatibilidad entre la pensión no contributiva y los ingresos para el desarrollo de una actividad lucrativa. Se ha elevado al máximo para que las personas puedan compatibilizar la pensión con el trabajo y esto se traducirá inexorablemente en que cada vez más gente que está cobrando una pensión no contributiva se anime a incorporarse al mercado laboral.
Para cualquier persona, y máxime una con discapacidad, la inclusión mayor se logra a través del empleo. Si tienes capacidad de trabajar, y aunque tengas una capacidad muy residual, si tienes un trabajo te sientes realizado como persona, importante de tener derechos y obligaciones como la de contribuir a la riqueza del país. El empleo es que es vital para todo el mundo, y si me apuras aún más para las personas con discapacidad.
Pero, también en materia de empleo, que se ha hecho mucho, ha crecido el número de personas con discapacidad que se han incorporado a la reserva del 7 por ciento en profesiones sanitarias especializadas y hemos establecido la reserva en los cuerpos de jueces y fiscales. En 2013, convocamos por primera vez, con excelente acogida, una oferta de empleos públicos para personas con discapacidad intelectual, que se cubrió al cien por cien.
Y en Educación, ¿qué se ha conseguido durante esta legislatura?
En 2014 se aprobó el real decreto 412/2014 del 6 de junio con el que se estableció la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y estableció un 5 por ciento de reserva de las plazas de acceso para personas con discapacidad. Son medidas que consolidarán la incorporación de las personas con discapacidad no solo al mundo laboral sino al mundo de la Universidad, de la Educación...
En este mismo sentido, también en las prácticas académicas se da prioridad para su adjudicación a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la situación de desventaja de la que se parte es tan evidente que hay que ofrecer a las personas. Lo explico porque muchas personas no lo entienden.
Por último, en Educación, el número de alumnos con necesidades educativas especiales y con becas ha crecido en el 2015 respecto al año anterior: 6.200 alumnos más respecto al año pasado. Se está invirtiendo más en Educación porque será futuro empleo para las personas con discapacidad.
¿Algún último avance que quiera rescatar realizado por este Gobierno en pro de las personas con discapacidad?
Otro de los avances importantes, y que había sido reclamado históricamente por el Cermi, es la recuperación de los llamados saldos de cuentas y depósitos abandonados, aquellos en los que no se haya hecho gestión alguna por parte de los interesados en los últimos veinte años. Ahora serán destinados a financiar programas que promuevan la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad a través del Real Patronato de la Discapacidad gracias a la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Este es otro de los avances que dejan claro que la discapacidad, que era el compromiso de este director y que ha estado presente siempre en la acción política del Gobierno. Siempre se podrá hacer más, pero tanto el equipo que me encontré cuando llegué, muy implicado con la discapacidad, y que no cambié no hemos descansado y lo hemos dado todo.
Beatriz Sancho
