Y ha conseguido 1.020 contratos laborales para mujeres en esta situación
Redacción
Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha atendido desde 2017 a 3.523 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género. Asimismo, en este tiempo se han obtenido 1.020 contratos laborales. Del total de mujeres atendidas, 915 lo han sido a través del proyecto ‘Mujeres en modo ON VG’, programa específico de búsqueda de empleo para estas mujeres que se puso en marcha en 2020. De ellas, 200 han obtenido un contrato a través de este proyecto.
Esta iniciativa mejora la vida de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de su inclusión social y laboral y se enmarca dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que desarrolla Fundación ONCE a través de Inserta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el fin de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
Conscientes de la singularidad de la variable violencia de género en la atención y orientación de las mujeres con discapacidad, y para concienciar sobre la importancia de este tipo de programas, Inserta Empleo celebró este martes el III Encuentro de su proyecto ‘Mujeres en modo ON VG’, centrado en cómo la colaboración entre Inserta Empleo y el tejido asociativo de la discapacidad es fundamental para impulsar la mejora de la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género, que pasa, necesariamente, por su inserción laboral.
Durante el encuentro, que se celebró tanto de manera presencial en el Auditorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid como vía virtual, se abordó, a través de la intervención de diferentes expertos y testimonios reales, la especial vulnerabilidad que presentan estas mujeres y la importancia de la ayuda y acompañamiento que se les ofrece gracias a programas como este.
Y es que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 –la última ofrecida por el Ministerio de Igualdad y la primera que se detiene en las mujeres con discapacidad- el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja, frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad.
Asimismo, este mismo informe revela que las mujeres con discapacidad acreditada denuncian el maltrato en mayor medida (30,8%) que las mujeres sin discapacidad (20,9%). Lo mismo sucede con la búsqueda de ayuda formal: el 50,5% de las mujeres con discapacidad ha buscado ayuda formal (médica, psicológica, han acudido a servicios sociales, etc.) como consecuencia de la violencia de género de alguna de sus parejas, frente al 31,1% de las mujeres sin discapacidad.
IMPORTANCIA DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA DISCAPACIDAD
La inauguración de la jornada corrió a cargo del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, quien destacó el papel que las organizaciones realizan para dar espacio a la mujer con discapacidad, “que tiene muy poco espacio y, cuando lo tiene, lo tiene para malas estadísticas”, y abogó por encontrar soluciones tanto desde el ámbito político como desde la sociedad. Con respecto a la violencia de género en las mujeres con discapacidad, “es un reto que llama a la respuesta grupal”, apuntó.
Wafa El Elj, víctima de violencia de género, compartió su experiencia destacando el papel que tuvo su familia en su proceso de recuperación tras el maltrato que sufrió. Wafa explicó la gravedad de las secuelas psicológicas “que son las más difíciles de superar” y envió un mensaje de ánimo a las víctimas: “les animo a que luchen por ser libres. Es muy duro, pero se puede salir”.
El Elj concluyó su intervención haciendo una valoración de la situación en la que se encuentran las mujeres con discapacidad en la sociedad: “lamentablemente, la accesibilidad no se tiene en cuenta en muchos ámbitos y nos encontramos con diversos obstáculos continuamente”.
ESPECIAL VULNERABILIDAD
Durante el encuentro se celebraron dos mesas redondas. La primera, centrada en la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante la violencia de género, contó con la intervención de la eurodiputada del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, Rosa Estaràs, quien denunció el problema de acceso a la justicia, falta de información y acceso a los servicios y refugios que sufren estas mujeres, lo que hace que permanezcan durante más tiempo en situaciones violentas.
“Los estereotipos entre hombre y mujer son graves, pero aún más si cabe lo son los que hay hacia las mujeres con discapacidad”. La eurodiputada señaló que muchas veces se cree que son incapaces de tomar decisiones, se desestiman pruebas en la justicia o la mujer desconoce sus derechos, entre otros. “Existen una serie de estereotipos que solo agravan la situación”, apuntó.
Estaràs explicó que la nueva Estrategia sobre los derechos de las personas con Discapacidad, adoptada en marzo de 2021 por la Comisión Europea, implica un compromiso hacia la igualdad de género. En este sentido, señaló que desde Europa se está trabajando también en dos temas relevantes: por un lado, evaluar la violencia de género como un euro delito y, por otro lado, regular la ciberviolencia de género tanto para prevenir como para proteger a las víctimas, asunto que se votará este mismo martes.
Por su parte, la directora gerente de Cocemfe, Elena Antelo, reclamó la inclusión de estas mujeres en las estadísticas, la accesibilidad a los recursos y que se tenga en cuenta la experiencia de las organizaciones de la discapacidad en casos de violencia extrema, ya que “cuando llegan a los circuitos que tenemos establecidos, han pasado por situaciones horribles”.
Antelo también quiso destacar la importancia de que los profesionales sepan reconocer las situaciones que impiden que las mujeres con discapacidad tengan más participación en la sociedad y reclamó el papel de la Administración como agente activo: “desde el tejido asociativo desplegamos programas de prevención de la violencia, activación para el empleo y otras acciones que pueden ayudar a las mujeres a empoderarse, pero en casos de extrema violencia, el peso no puede recaer en nuestras entidades, ya que no contamos con recursos como puede ser, por ejemplo, una vivienda”.
El director de Plena Inclusión, Enrique Galván, apuntó a la necesidad de tomar conciencia, de una modificación legislativa, así como de generar accesos de apoyo y servicios accesibles para todas las mujeres. Galván señaló el “marcado estereotipo y prejuicios que existen sobre qué es una persona con discapacidad intelectual. Se piensa que no son objeto de atracción y que son objeto de sobreprotección, que los demás pueden decidir sobre ellas. En otras ocasiones sucede que la persona con discapacidad que sufre abusos no sabe detectar si esa situación es un abuso o no”.
Galván relevó un par de datos que maneja su entidad: “las mujeres con discapacidad tienen un riesgo 13 veces superior de sufrir violencia de género y tan solo el 3% de mujeres y niñas denuncian” y explicó las áreas de trabajo de Plena Inclusión, enfocadas a los espacios públicos, institucionales y privados para mejorar los entornos de seguridad de estas mujeres. En este sentido, reclamó la promoción de la formación a las personas que atienden a las víctimas con discapacidad cognitiva desde las oficinas de atención.
EL DATO COMO HERRAMIENTA DE VISIBILIZACIÓN
La segunda mesa abordó la importancia del dato como herramienta para visibilizar la violencia de género de mujeres con discapacidad. La directora Ejecutiva del CERMI y secretaria del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres, Pilar Villarino, destacó las grandes peticiones que desde su entidad se han hecho a las administraciones públicas. Por un lado, que se ponga en marcha una macro encuesta del estado de la mujer con discapacidad víctima de la violencia de género para poder tomar políticas adecuadas; así como luchar contra el sesgo en los datos, “el cual viene derivado de la invisibilidad permanente que existe entre las mujeres con discapacidad”. En este sentido, Villarino abogó por la transformación digital.
Otras demandas son la plena accesibilidad a los mecanismos de ayuda; la formación en especifidades de la discapacidad entre las personas que están implicadas en el proceso; el acceso a la justicia con todas las garantías procesales o los protocolos entre los miembros policiales y judiciales. Villarino destacó, así, la importancia del trabajo en red y el desarrollo e implantación de la asistencia personal en el ámbito de estas mujeres.
Por su parte, la subdirectora general adjunta de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Celia Santos Sánchez, explicó la labor que hace la Administración en este sentido. “Los datos son fundamentales para orientar las políticas públicas y para concienciar a la población a través de datos objetivos y fiables”. Santos reconoció que los datos de registros administrativos de violencia contra la mujer trabajan únicamente con los datos provenientes de las mujeres que denuncian, lo que dificulta el conocimiento del problema en profundidad; si bien las encuestas aportan algo más de información sobre el mismo, pero lejos de la prevalencia real del problema en la sociedad, que es más grande. “Si añadimos la variable discapacidad, nos resulta muchísimo más complicado medir el problema”, afirmó.
Por otro lado, la figura del compass, persona que acompaña a las mujeres en su proceso de recuperación, fue un tema transversal de la jornada. Así, Carmen Rodríguez, Compass del proyecto en Inserta Canarias, y Felipe Expósito, compass del proyecto en Inserta Asturias, pudieron compartir su experiencia con los asistentes.
La clausura corrió a cargo de la vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz.
