Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
La Defensora del Pueblo 
en funciones, María Luisa Cava de Llano y Carrió, en respuesta a la queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI ), ha iniciado una investigación ante las diferentes Comunidades Autónomas, en cuyo marco se propugna la adopción de las iniciativas pertinentes y tendentes a impulsar la reforma legal adecuada que permita fijar, en los procedimientos de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, un “cupo de reserva para personas con discapacidad”.
A través del escrito, opina que la institución inicia la investigación, teniendo presente que las medidas de acción positiva, que constituyen uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, se dirigen a garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, ante las diferentes Comunidades Autónomas.
Previamente, la institución del Defensor del Pueblo había comunicado al CERMI que habían admitido a trámite la queja planteada por la plataforma de la discapacidad e inició las actuaciones previstas en la Ley Orgánica reguladora.
Por ello, recibió el informe remitido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que se pone de manifiesto que “las Comunidades Autónomas, a través de su regulación específica, pueden recoger medidas de acción positiva en materia de adjudicación de oficinas de farmacia de nueva apertura, orientadas a compensar las desventajas o especiales dificultades de las personas con discapacidad”.
En este sentido, dado el carácter de las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios privados aunque de interés público, “esas medidas pueden ser de reserva de plazas, de cupos o, incluso, de puntuación recogida en los correspondientes baremos, a aplicar según el caso y grado de discapacidad”, continúa el informe.
Así, según María Luisa Cava de Llano y Carrió, el Ministerio considera que “se debe impulsar o apoyar cualquier iniciativa que se pueda producir en orden a evitar o minimizar las desventajas de acceso a la actividad laboral de las personas afectadas de algún grado de discapacidad”.
Fuente: Servimedia
