Las aseguradoras no podrán negarse ya a aceptar la póliza de una persona con discapacidad, como sí ocurre ahora, según prevé el anteproyecto de la ley que adaptará la legislación española a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, presentado este lunes por el Ministerio de Sanidad y Política Social 
a las comunidades autónomas.
Los consejeros autonómicos de Sanidad y la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, celebraron un Consejo Interterritorial de Salud en Palma de Mallorca, donde se presentó el citado anteproyecto, que obligará a las administraciones sanitarias a presentar en formato accesible la información para que los ciudadanos con discapacidad puedan decidir por sí mismos en procesos de trasplantes o ensayos clínicos.
En virtud de este anteproyecto, que consta de diez artículos y dos disposiciones finales, se modificarán normas sanitarias tales como la Ley General de Sanidad, la Ley sobre extracción y trasplante de órganos, la Ley reguladora de la autonomía del paciente y la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Estas variaciones introducen medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por sí mismas decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos y se incluye la discapacidad como causa de no discriminación de la persona en su relación con las administraciones públicas sanitarias.
EMPLEO
El anteproyecto de ley prevé también, tal y como ha indicado en varias ocasiones el Gobierno, aumentar del 5% al 7% la reserva de empleo público para personas con discapacidad, algo que si bien se viene haciendo ya en algunas convocatorias, se pretende fijar ahora de forma legal.
El 2% de las plazas totales serán para personas con discapacidad intelectual y el otro 5% para ciudadanos que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Igualmente, la futura norma endurecerá el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para el supuesto de comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales.
También modificará artículos de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Lioundau) para, entre otros aspectos, ajustar la definición legal de "persona con discapacidad" a la contenida en la convención.
En cuanto a protección civil, el anteproyecto prevé que se regulen protocolos de actuación específicos para las personas con discapacidad.
Fuente: Servimedia
