Las Cámaras de Comercio podrán gestionar fondos de la UE para la mejora de la competitividad empresarial

La modificación, que ha contado con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, supone adjudicar una nueva función de carácter público-administrativo a las Cámaras de Comercio para que, si la autoridad europea correspondiente lo considera "procedente", estas instituciones puedan colaborar en la gestión de fondos comunitarios dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas españolas.
  
"Las Cámaras han demostrado estos años que han sido muy eficaces gestores en trasladar los fondos de la UE a la capilaridad de las empresas españolas", ha recordado el 'popular' Celso Delgado, justificando así la inclusión de esta enmienda a propuesta del PSOE.

CON LA COLABORACIÓN DE LAS COMUNIDADES
  
Para garantizar una buena coordinación con las organizaciones empresariales, se podrán firmar convenios u otros instrumentos de colaboración, e incluso se abre la puerta a la posible financiación con fondos públicos de los planes camerales de Internacionalización y de Competitividad, en cuya redacción participará no solo el Ministerio de Economía sino también las comunidades autónomas para coordinar las acciones previstas por una y otra administración, y siempre con "pleno respeto" a las competencias autonómicas.
  
En esta misma línea, las Cámaras podrán actuar como ventanillas únicas empresariales a petición de los gobiernos regionales, pero ya no tendrán la función de promover la unidad de mercado. Sí podrán proponer a las administraciones reformas o medidas para fomentar el comercio, la industria, los servicios o la navegación; así como colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes para el incremento de la competitividad.
  
Asimismo, deberán apoyar o asesorar a las administraciones en la creación de empresas aunque la forma y extensión de estas nuevas funciones deberán ser determinadas por las comunidades autónomas, que también tendrán que determinar los mecanismos de control correspondientes para las diferentes funciones de las Cámaras, sin perjuicio de que se encargue al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los fondos públicos que reciba la Cámara de España.

COMPOSICIÓN Y ELECCIONES
  
El PP también ha pactado algunas modificaciones que afectan a la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras, así como al sistema de elecciones, que deberán ser convocadas con el acuerdo (y no la mera consulta) entre las comunidades autónomas y el Ministerio.
   
Así, los representantes de las empresas sumarán al menos dos tercios del Pleno (en lugar de la mitad más uno) y se elimina la previsión de que un representante de la comunidad autónoma y el director territorial o provincial de Comercio del Ministerio de Economía puedan asistir a las reuniones del Pleno, aunque sin voto.
  
En el caso de la nueva Cámara de Comercio de España, cuyo papel se reduce al de "órgano consultivo y de colaboración con la Administración" y de tutela de las actividades en el exterior, contará con un representante de cada comunidad y de las ciudades autónomas, pero además se reforzará el peso de las regiones con más empresas a través de hasta ocho representantes designados por las comunidades autónomas correspondientes en función de los requisitos que fije Economía.
  
Además, se elevan de 24 a 28 los vocales propuestos por el Ministerio entre las grandes empresas que más contribuyan al organismo nacional, si bien deberá "asegurarse el adecuado reflejo de la representación económica española" teniendo en cuenta tanto la contribución de las grandes empresas como los diferentes sectores y subsectores económicos en relación con su aportación a la economía.
  
También serán finalmente diez, y no seis, los vocales que elegidos por el Gobierno, al sumarse a los representantes de Economía, Industria, Hacienda, Empleo, Exteriores y Educación y Cultura ya previstos, los de Agricultura, Justicia, Fomento y Sanidad, que así tendrán voz en la Cámara de España.
  
Por otra parte, cuatro de los ocho representantes de las cámaras regionales que formarán parte del Comité Ejecutivo de la Cámara de España provendrán de las cuatro cámaras con más empresas en sus censos mientras que el resto se elegirán en la forma que se determine reglamentariamente. Esto da cumplimiento a la petición que ERC planteó para retirar su enmienda de totalidad, ya que Cataluña es una de las regiones con más empresas por lo que tendrá garantizada una presencia permanente en la Ejecutiva de la Cámara de España.
  
No obstante, para que todas las regiones sean escuchadas en los asuntos de más interés, el PP ha aceptado crear a través del nuevo reglamento de Régimen Interior de la Cámara de España una Asamblea General de Cámaras, con voz pero sin voto, en el que estén presentes los organismos de todo el país y que pueda desarrollar actuaciones para promover la participación en este tipo de entes.

OTRAS MODIFICACIONES
  
Para garantizar una adecuada elección de los máximos responsables de las Cámaras de Comercio (incluida la nacional), el director gerente deberá ser licenciado o titulado de grado superior. Eso sí, el presidente de la Cámara de España estará equiparado al Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España a efectos de representación y protocolo.
  
Su función como máximo responsable de la Cámara nacional será representar, promover y defender los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como prestar servicios a las empresas y cualquier otra función que le atribuya el Gobierno central. Siempre "sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial".
  
Por otra parte, los 'populares' han acordado con el PSOE una modificación para garantizar que en las actividades de las Cámaras se "respetarán las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad", por lo que "la información que se facilite bajo cualquier formato y, en general, los servicios de atención al destinatario y sus instalaciones deberán ser accesible" para las diversas discapacidades.
  
Con respecto a los plazos para que las comunidades autónomas adapten su normativa al contenido de la nueva ley, finalmente se amplía de seis meses a un año desde la entrada en vigor de la norma, y se eleva de dos a tres meses el tiempo para modificar los reglamentos a partir de ese momento.

ENMIENDAS DEL PP
  
Finalmente, el proyecto de ley también ha incluido los cambios a propuesta del PP, entre los que destacan que la inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos también afectará a los cargos directivos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, así como a los dirigentes de la nueva Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, cuyo mandato será de cuatro años.
  
Además, en los órganos de gobierno y administración de la Cámara de España estarán presentes las asociaciones de autónomos más representativas del país, y no sólo las organizaciones empresariales y sindicales. Y la representatividad de las grandes empresas se hará en función de su contribución a la economía y, el primer año, atendiendo a la contribución de la última cuota cameral devengada y abonada.
  
No obstante, transcurrido un año, se renovarán los representantes en función con las aportaciones económicas que se realicen durante ese tiempo y en función del Reglamento de Régimen Interior que se apruebe. Esos nuevos responsables de la Cámara de España terminarán el mandato que quede pendiente.

Europa Press