Las empresas de Economía Social de la Comunidad Valenciana cuentan en sus plantillas con un porcentaje dos o tres veces superior de personas con discapacidad que el resto de fórmulas empresariales tradicionales.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘La Economía Social como motor del empleo para las personas con discapacidad’, presentado este jueves en el Salón de la Delegación Territorial de la ONCE 
, elaborado por Fundación ONCE con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes ).
En este evento estuvieron presentes el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel; el director de FSC Inserta en la Comunidad Valenciana, Vicente Micó; el presidente de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana y consejero responsable del Área de RSE de Cepes, Emili Villaescusa; y la consultora de Abay Analistas, Nuria Guilló.
Una de las principales conclusiones del estudio es que, a nivel estatal, las empresas de la Economía Social incorporan “un porcentaje muy superior” de personas con discapacidad en sus plantillas (el 6,2% de los trabajadores) en comparación con el resto de empresas mercantiles (el 1,7%).
Además, el tamaño de las empresas es una variable relevante en la contratación de las personas con discapacidad. En España, el porcentaje de trabajadores con discapacidad es superior en las empresas de gran tamaño sobre las medianas (el 9,3% y el 2,2% respectivamente). En este aspecto, la Comunidad Valenciana, junto con Cataluña, Andalucía y Madrid aglutinan en conjunto el 63% del total de los trabajadores con discapacidad en empresas medianas y grandes de la Economía Social.
PRIMACÍA DE LAS PERSONAS
Emili Villaescusa afirmó que “la Economía Social ha demostrado ser una herramienta fundamental para generar empleo y riqueza económica y social, pero que, sobre todo, destaca por sus características de solidaridad y por anteponer a las personas por encima de cualquier consideración”.
“Precisamente por estos motivos”, añadió Villaescusa, “las empresas y entidades de la Economía Social han apostado firmemente por la inclusión de las personas con discapacidad y se han convertido en el principal escenario de normalización y visibilidad de este colectivo”.
José Manuel Pichel recordó que en la ONCE y las empresas de su grupo trabajan 67.000 personas, entre ellas 27.000 vendedores y 39.000 más en el grupo de empresas (que engloba lavanderías, hoteles y otros servicios), y que la ONCE creció en 2014 “algo más del 3%”, mientras que durante 2015 “estamos creciendo en torno al 10%”. “Con ello”, indicó Pichel, “estamos poniendo de manifiesto que lo social y lo empresarial es rentable, incluso nos atrevemos a decir que es muy rentable”.
Por todo ello, el delegado territorial de la ONCE animó a las empresas y entidades a consolidar esta “generación de empleo de calidad”, ya que, subrayó, “supone activar una palanca de la creación de empleo que precisa el compromiso de todos”.
Por su parte, Vicente Micó pidió “poner en común el potencial que la Economía Social puede representar para las personas con discapacidad” y recordó que no se puede hablar “de integración si no hay inserción laboral”.
Además, el director de FSC Inserta en la Comunidad Valenciana defendió la necesidad de este tipo de estudios, como el presentado este jueves, ya que “para poder proponer soluciones y establecer líneas de actuación, es fundamental disponer de información y datos precisos”.
Micó aprovechó también para recordar la reciente creación del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) y señaló que el estudio ‘La Economía Social como motor del empleo para las personas con discapacidad’ arroja unas conclusiones que “evidencian que aún queda mucho por hacer y que es necesario el trabajo de todas las partes, más aún cuando el trabajar por y para las personas forma parte del ADN social”.
Nuria Guilló fue la encargada de desgranar los datos más relevantes de este estudio. Así, explicó que una de las principales conclusiones es que “las empresas y entidades de la Economía Social pueden ser un oportuno escenario de normalización y visibilización de la integración socio-laboral de las personas con discapacidad, ejerciendo de motor para el acceso al mercado ordinario de trabajo”.
Guilló destacó como aspecto positivo que “una vez que la empresa ha tenido una experiencia satisfactoria con la contratación de una persona con discapacidad, rompe con esa barrera”, por lo que la presencia previa de un trabajador con discapacidad se ve por parte de las empresas como el “principal elemento facilitador”. Además, el estudio desvela que el 99% de las empresas que ya ha contratado a un trabajador con discapacidad recomendaría contratar a otra empresa que aún no lo haya hecho, ya que realizan su trabajo como “cualquier otro trabajador”.
Por todo ello, la consultora recomendó actuar en las pequeñas y medianas empresas, “donde todavía queda camino por recorrer” y focalizar las actuaciones en empresas que todavía no tienen ninguna persona con discapacidad “para lograr una primera experiencia exitosa de integración”.
Por último, Guilló señaló las tres principales estrategias a desarrollar por parte de las entidades especializadas para mejorar el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad. Según el estudio, estas tres líneas son “propiciar espacios de encuentro” entre el ámbito de la discapacidad y la Economía Social, realizar una “asistencia especializada a la Economía Social y continuada en el tiempo” y llevar a cabo la “comunicación y difusión de casos de éxito y avances” en este sentido.
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