Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) aplaudió que la reforma laboral aprobada en el Congreso de los Diputados, y que ahora pasa al Senado, castigue a las entidades que no destinen a los fines establecidos legal y reglamentariamente las donaciones y acciones de patrocinio por la reserva de empleo para las personas con discapacidad que reciben.
La reforma laboral, a través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, modifica el artículo 2 de la ley de infracciones y sanciones en el orden social, al considerar sujetos infractores a las "las fundaciones y asociaciones de utilidad pública beneficiarias de donaciones y acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción y de creación de empleo de personas con discapacidad, como medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad".
Además, modifica el artículo 16 de esta ley para establecer como infracción social "la aplicación indebida o la no aplicación a los fines previstos legal o reglamentariamente de las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de las empresas por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad".
Para el Cermi, con la tipificación de este tipo de conductas se podrá sancionar cualquier actuación que trate de burlar el fin estricto de las donaciones y acciones de patrocinio como medida alternativa al cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, esto es, generar empleo efectivo para personas con discapacidad.
El Cermi señaló que, hasta ahora, estas conductas carecían de sanción en el orden social, por lo que los abusos que pudieran cometerse en el orden social quedaban impunes.
Esta medida había sido sugerida por el Cermi al Gobierno a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración y busca fortalecer la transparencia y el uso apropiado de todos los dispositivos de fomento del empleo de personas con discapacidad.
PROPUESTAS DEL CERMI
El Cermi reclama que el incumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad sea tipificada como "muy grave" en lugar de "grave", implicando sanciones que oscilarían entre los 6.251 euros y los 187.515 euros.
Este cambio de tipificación supondría para las empresas la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción y la exclusión del acceso a tales beneficios por un periodo máximo de un año.
Así lo manifiesta a través de un documento de propuestas de enmiendas en materia de empleo para personas con discapacidad remitido a senadores para su incorporación al Proyecto de Ley de de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. El objetivo de este texto es disponer de más instrumentos para avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Igualmente, el Comité propone mejorar la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores con discapacidad que se establezcan como autónomos, incrementándola del 50% al 75%, en el caso de los hombres, y al 90% en el caso de las mujeres. Además, se aplicaría la bonificación sobre la base real de cotización -no sobre la mínima- y pasaría de temporal a indefinida para equiparla a los contratos de trabajo indefinidos.
En su documento, también insta a las fuerzas políticas a la equiparación legal de las personas con inteligencia límite a las personas con discapacidad a efectos de su inclusión laboral para que, con independencia del grado concreto de discapacidad, puedan disfrutar de las medidas de acción positiva en el orden laboral y de acceso al empleo.
Asimismo, plantea resolver los problemas surgidos en los Centros Especiales de Empleo (CEE) como consecuencia de la doctrina jurisprudencial en materia de subrogación laboral. Así, solicita que cuando un trabajador con discapacidad contratado por uno de estos centros, según el decreto que regula la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en un CEE, deba ser subrogado en el empleo por una empresa ordinaria, "se produzca la novación de su contrato de trabajo en uno ordinario, que mantenga los mismos derechos y obligaciones que el anterior".
En el mismo sentido, el Cermi solicita que cuando una empresa ordinaria se subrogue de trabajadores con discapacidad procedentes de un CEE, "ésta sea bonificada en virtud del contrato de trabajo, en los términos establecidos para la contratación de personas con discapacidad".
Igualmente, la plataforma de la discapacidad propone que los CEE no pierdan su condición si asumen trabajadores sin discapacidad provenientes de una subrogación laboral y, como consecuencia, disminuye el 70% de personal con discapacidad que insta la ley.
Fuente: Servimedia
