Representantes de las organizaciones sociales urgieron este martes al Gobierno a que apruebe las leyes del Tercer Sector y Voluntariado, actualmente en trámite parlamentario, antes de las elecciones generales, para no retrasar más esta legislación y responder al esfuerzo que el colectivo ha realizado en los últimos años para impulsarla.
Esta fue la principal reivindicación que expresaron en un encuentro informativo el presidente de la Plataforma del Voluntariado 
y de la Plataforma del Tercer Sector , Luciano Poyato; la directora de la Plataforma del Voluntariado, Mar Amate, y el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno.
Aunque reconocieron que los documentos que están en trámite son un "hito" para el sector de acción social, también pidieron a los diputados el "máximo consenso", por lo que ya han celebrado varias reuniones con los portavoces de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. "Tienen que ser leyes que se aprueben con un amplio consenso", subrayó Poyato, que recalcó que ambos proyectos de ley han sido impulsados por las organizaciones sociales.
"Vamos a apoyar los dos proyectos de ley aunque el del Voluntariado lo tienen que cambiar, porque hay una parte del sector social que no queda reconocido", dijo, en alusión a que las organizaciones no podrían trabajar con personas con antecedentes penales. "Pese que estamos en periodo electoral esperamos que una gran mayoría apruebe las leyes", agregó, calificando de "trascendental" este marco legislativo porque obliga a un diálogo "constante" entre el Tercer Sector y el Gobierno.
Poyato, que recordó que las organizaciones convocantes representan a más de 29.000 entidades, subrayó que han sido ellas y no los políticos quienes han impulsado estas leyes para defender los derechos sociales de las personas más excluidas. "No teníamos un cauce establecido con el Gobierno, independientemente de quien fuera el Gobierno", recalcó.
TERCER SECTOR
Pérez Bueno, que explicó las principales enmiendas que proponen al proyecto de Ley del Tercer Sector, comentó a los periodistas que las enmiendas que han planteado en esa materia se refieren, entre otros asuntos, a que se destinen 250 millones de euros a la lucha contra la exclusión y la pobreza durante los próximos cinco años, dentro de una partida extraordinaria al margen de la asignación tributaria del IRPF. Esta medida estaría contemplada dentro de un plan para paliar los efectos de la crisis, pues en su opinión esta situación "no ha recibido una respuesta extraordinaria".
Asimismo, piden crear un Observatorio Estatal del Tercer Sector, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que haga informes bienales de la realidad social para saber "hacia dónde tiene que ir" el sector y que se impulse una Ley de Subvenciones "específica" para las entidades sociales.
"Las entidades del Tercer Sector gozarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen vigente en cada momento" defienden.
El vicepresidente de la Plataforma y presidente del Cermi también reclamó "celeridad" a los legisladores "porque después de este esfuerzo podrían quedar sin aprobar" ante la "presión legislativa" existente previa a las elecciones generales. "Como mucho, que estén aprobadas después del verano", insistió.
VOLUNTARIADO
Durante su intervención, Amate desglosó las enmiendas propuestas para mejorar el proyecto de Ley del Voluntariado, reconociendo que el primer texto propuesto en enero en el Consejo de Ministros "prácticamente" recogía sus aspiraciones, pero luego se modificó.
Amate recalcó que las ONG no pueden asumir la responsabilidad de investigar los antecedentes penales del personal voluntario, pues les daría "un peso inquisidor" y supondría hacer una función de "vigilancia" que no les corresponde. "Muchas personas encuentran en el voluntariado una forma de inserción social", agregó.
Las organizaciones insisten en que el hecho de que una persona haya delinquido en el pasado no la inhabilita para hacer voluntariado una vez esté rehabilitada, entendiendo que hay algunas excepciones, como que quienes hayan cometido delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores no puedan trabajar en proyectos de infancia.
La directora de la Plataforma también se refirió a otra enmienda relacionada con la empresa, asunto que queda "velado" en el último texto que manejan los parlamentarios, porque "se pueden confundir a las empresas con entidades que hacen voluntariado". Asimismo, calificó de "desdibujada" la relación entre lo que se considera empleo y voluntariado. Además, insistieron en que las entidades sociales no pueden suplir ni a las administraciones ni a las empresas en las labores que las compete.
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