Según el ‘Estudio sobre la situación de la discapacidad en la Política Española de Cooperación para el Desarrollo’, de la economista y experta en Cooperación al Desarrollo del Cermi 
, Beatriz Martínez Ríos, “las personas con discapacidad son prácticamente invisibles en la política de Cooperación al Desarrollo y resulta imposible estimar la ayuda que les llega a través de los fondos multilaterales”.
El contenido de este estudio, realizado por el Cermi y promovido y financiado por la AECID , está recogido en el número 35 del periódico ‘cermi.es semanal ’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
En este sentido, se estima que la cooperación española dedica un 0,76% de sus fondos bilaterales a programas sobre discapacidad y que estos fondos se reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente.
“El uso que se hace de los fondos para Cooperación al Desarrollo podría ser más eficiente, si hubiera unas directrices claras sobre lo que se tiene que hacer, una estrategia sería un dinero empleado de una manera más eficaz”, explica Beatriz Martínez Ríos.
El estudio destaca el dato global sobre discapacidad en el mundo: más de mil millones de personas en el mundo viven con discapacidad (el 15% de la población), y de esta cifra, el 80% vive en países pobres, es decir, más de 800 millones de personas, según las últimas aportaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS 2011).
Según explica la autora del estudio, en estos países la discapacidad supone “una mayor exclusión mayor y un riesgo importante”, donde las barreras “son mucho mayores” y tener una discapacidad, en muchas ocasiones, “puede suponer hasta la muerte porque hay una gran vulneración de los derechos y una gran discriminación”.
Además, continúa, la situación de estos países en vías de desarrollo es tan “precaria” que ni siquiera existen organizaciones de personas con discapacidad ni entidades que las representen. Por ello, Beatriz Martínez Ríos opina que “una de las acciones más necesarias sería la capacitación y empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad en los países receptores para que ellos puedan influir en las políticas de su propio país y en las políticas de desarrollo”.
Entre las principales recomendaciones que ofrece la autora del estudio, destaca “aplicar la ley” y conseguir que se establezca un procedimiento en la cooperación al desarrollo en un Plan Director, donde se tenga en cuenta a las personas con discapacidad para que se recojan sus reivindicaciones y demandas en las acciones que se lleven a cabo en la Cooperación Española.
También, recomienda la creación de un punto focal sobre discapacidad, un punto que se dedique a transversalizar la discapacidad en todo el trabajo de la cooperación para poder influir en todos los documentos de trabajo que se realicen, “que haya personas en este tema a los que se puede recurrir siempre”.
Estas recomendaciones son “necesarias”, indica la autora del estudio, a pesar de la crisis, ya que, según explica, “no sólo se pretende aumentar la ayuda, sino también y, sobre todo, mejorar su eficacia”.
Para Beatriz Martínez Ríos, es “extraño” que siendo España un país adelantado en temas de legislación para la discapacidad, en lo que se refiere al desarrollo, “está muy atrasado”.
“España está aplicando en sus políticas nacionales, en lo que respecta a la discapacidad, una mayor exigencia que en su política de Cooperación al Desarrollo; por ejemplo, en nuestro país ya no se dedican recursos a la construcción de escuelas específicas para personas con discapacidad, sin embargo en la cooperación internacional sí. Está más atrasada la política internacional que la nacional, y no debería ser así”, afirma Martínez Ríos.
En materia de discapacidad, las políticas de ayuda al desarrollo “ya han sido evaluadas y ya sabemos que no sólo se necesitan más fondos, sino que se necesita una planificación estratégica más eficaz y más coherente con la Convención de la ONU y que tenga en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad”.
A raíz de la ratificación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad por parte de España, en agosto de 2011 hubo una modificación de la Ley de Cooperación Internacional, por la que se incluye la “necesidad” de que las personas con discapacidad formen parte de las prioridades sectoriales de la Cooperación española y además, que los mecanismos e instrumentos de cooperación sean accesibles e inclusivos para personas con discapacidad.
Servimedia
