El proyecto de Ley del Tercer Voluntariado pasó este miércoles su primer trámite en el Pleno del Congreso de los Diputados con el debate de totalidad de la norma, en el que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
, Alfonso Alonso, presentó el texto a la Cámara Baja y los portavoces de CiU, La Izquierda Plural, PNV y ERC expusieron sus enmiendas de devolución al texto del Gobierno porque consideran que la norma incurre en "injerencia competencial".
Estas enmiendas a la totalidad serán votadas mañana tras finalizar el Pleno y el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de enmiendas parciales.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, dijo del anteproyecto que era "necesario" porque la actual ley que rige el voluntariado en España es del año 96 y en estos casi 20 años "la realidad social española ha cambiado" y hay nuevos perfiles de voluntarios. "En el 96 no había redes sociales ni los desarrollos tecnológicos actuales que permiten la participación virtual. Hay, por lo tanto, nuevos ámbitos, nuevos actores y más actividad " en el campo del voluntariado.
Alonso enfatizó que la nueva ley quiere "regular la acción voluntaria, recoger el marco jurídico de las entidades de voluntariado, potenciar el voluntariado, delimitar los derechos y deberes de los voluntarios, establecer el marco de ccoperación con entidades públicas y reconocer nuevos actores como son las empresas y las universidades".
Agregó Alonso que la ley también clarifica que el voluntario nunca podrá ser despedido por ejercer tal tarea, que "jamás tendrá contraprestación económica" y que los condenados con sentencia firme no podrán ser voluntarios con menores ni en proyectos de violencia de género.
Las cuatro formaciones que han presentado enmienda de devolución, esto es, La Izquierda Plural, CiU, ERC y PNV coinciden en acusar al proyecto de ley de "injerencia competencial".
Así, Joan Tardá, de ERC, aseguró que el objetivo de este proyecto ley es consolidar un modelo de voluntariado común para todo el Estado, "otorgándose competencias básicas a quienes no las tenían".
Por su parte, Rosana Fernández, del BNG, que apoyará estas enmiendas además de calificar de "cansina" la actitud injerente del Gobierno en competencias de las comunidades, cuestionó que deban de ser las entidades sociales las que investiguen los atecedentes penales de los voluntarios, "este punto debe reconsiderarse", puntualizó.
Isabel Sánchez del PNV, dijo que el proyecto de ley se basa en el artículo 149.1 de la Constitución que "es del todo incorrecto, puesto que incide en toda la actividad del voluntariando y obvia que esta actividad es es inherente a las distintas materias competenciales".
Josep Pérez, de La Izquierda Plural, apoyó esta tesis y se mostró en contra de que los condenados no puedan ser voluntarios "porque el voluntariado es una vía de reinserción".
Por último, Carles Campuzano, de CiU, que se opone también al proyecto de ley, calificó de "extremadamente detallista en cuestiones que no sé si una ley del Estado debe regular", una ley que además "amenaza con desarrollos posteriores reglamentarios. Da la sensación de que es una ley de la burocracia gubernamental que cree que los problemas sociales se resuelven con regulación".
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