La inversión social retorna a la sociedad tanto en términos de ventajas económicas como en mejoras del bienestar y de la inclusión social. Es la idea principal que se desprende del estudio ‘Los beneficios de la inclusión social de las personas con discapacidad’ y así lo entiende también uno de sus autores, Gregorio Rodríguez, quien añade que esta obra será una herramienta fundamental para el sector de la discapacidad: “la evidencia científica que exponemos tiene el interés de contribuir a facilitar información a las personas con discapacidad y sus entidades para que tengan argumentos sólidos para defender que la atención y el bienestar social de las personas con discapacidad no solo redunda en su beneficio sino que redunda en el bienestar de la sociedad y en el conjunto de la economía”.
“Las conclusiones de este trabajo reafirman la legitimidad y la urgencia de las reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad por la plena inclusión social. Por tanto, los resultados de este estudio son importantes, en cuanto a que aporta un nuevo impulso y nuevas alas para continuar con nuestro trabajo diario por lograr la plena inclusión de social de las personas con discapacidad”, afirma en el mismo sentido Miguel Carballeda, presidente de la ONCE 
y la Fundación ONCE , entidad impulsora de este estudio.
La investigación se enmarca dentro de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, que pretende promover el acceso al empleo, elevar el nivel educativo y facilitar el acceso a los diferentes lugares de la vida de las personas con discapacidad. Se trata de un trabajo innovador por diversos motivos. Primero, por su enfoque, no hay muchos trabajos que hayan abordado la cuestión desde un punto de vista positivo (es decir, valorar los beneficios en lugar de cuantificar únicamente los costes de no realizar acciones en favor de la inclusión). Segundo, por sus contenidos, no abundan los estudios que aborden más de un aspecto de la inclusión social y este estudio ha tratado de integrar las tres áreas de empleo, educación y accesibilidad. Y tercero, por su metodología, este trabajo se ha arriesgado a tratar de valorar cuantitativamente los retornos de la inversión en inclusión social para aportar evidencias concretas sobre sus costes o beneficios.
En este último aspecto, la investigación ha puesto de relieve las dificultades metodológicas que implica en particular la medición de estos retornos en las acciones sobre accesibilidad, sentando las bases para continuar y ampliar la investigación en este área, aportando conocimiento sólido y específico que contribuya a mejorar las actuaciones en materia de accesibilidad.
Las conclusiones del estudio redundan en los aspectos positivos de esta inversión social y exponen de manera resumida las razones y pruebas que han ido desplegando a lo largo de las páginas de este trabajo. Y las recomendaciones se fijan en los mismos aspectos estudiados y se resumen en tres puntos: continuar extendiendo los programas de políticas activas de empleo; profundizar las políticas de educación y realizar estudios sectoriales de coste-beneficio acerca de la accesibilidad.
En estos tres aspectos tratados y analizados (empleo, educación y accesibilidad) se ofrecen las siguientes conclusiones:
Políticas activas de empleo
Deben ser consideradas una inversión del Estado ya que ayudan a reducir el riesgo de pobreza y generan retornos positivos. Si se valoran todos los beneficios, directos e indirectos, de la contratación laboral de personas con discapacidad, el retorno para el Estado y la sociedad alcanza 3,94 euros por cada euro invertido.
Un 60 por ciento de personas con discapacidad (736.000) vive en riesgo de pobreza y casi el 50 por ciento de las personas con discapacidad percibe rentas por debajo de los 500 euros al mes, según cifras de 2011.
Según la Estrategia Española sobre Discapacidad, las políticas activas de empleo para personas con discapacidad ha demostrado ser un instrumento necesario para su inserción pero no suficiente, de ahí que los nuevos objetivos incluyan la formación profesional como medida potenciadora.
El éxito en la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un factor que incide en el incremento del bienestar de las personas, contribuyendo además a la creación de riqueza del país.
En definitiva, la inversión en formación y políticas activas de empleo para personas con discapacidad es rentable y contribuye a disminuir la tasa de pobreza y reduce la desigualdad de la población.
Inversión rentable en educación
En este caso, la afirmación si cabe es más rotunda, tal y como confirma la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y es que la educación es una inversión social con beneficios o rendimientos netos tanto para el individuo como para el conjunto de la sociedad. Una de las razones son las cifras que ofrece este estudio, y destaca la que indica que la tasa de analfabetismo de las personas con discapacidad es del 10,8 por ciento, frente al 1,6 por ciento de la población en general. Tras estos datos, los siguientes tampoco mejoran pues las tasas de abandono escolar son superiores en estudiantes con discapacidad y presentan un bajo nivel de estudios universitarios o similares.
Junto a los beneficios económicos tangibles deben destacarse algunos beneficios no monetarios de la educación, que se traducen en mayor inclusión social y mayor calidad de vida. Entre ellos, están los efectos de la educación en la salud, en la mejora de la información sobre los recursos socio-sanitarios, un mejor conocimiento de los riesgos laborales y alimenticios, el conocimiento de la prevención, entre otros, de modo que a mayor educación mayor probabilidad de lograr no solo una mejor prevención para la salud sino también un conocimiento y uso eficaz de los recursos sociales y sanitarios. Asimismo, la mejora del nivel educativo implica distanciarse de la pobreza y la vulnerabilidad y en mayores niveles de cohesión social.
La difícil o imposible medición en accesibilidad
La eliminación de barreras es un factor condicionante y a veces determinante para el éxito en el acceso a la educación y el empleo. En este trabajo se ha realizado una valoración de alguno de los estudios y planes sobre accesibilidad en el entorno urbano, el transporte y la comunicación para constatar que si bien todos ellos insisten en los beneficios de la eliminación de barreras, no por ello concluyen en propuestas metodológicas de medición de coste-beneficio de la inversión en accesibilidad universal.
Se constata en este trabajo, impulsado por la Fundación ONCE, que no se suele analizar la accesibilidad desde la óptica de un análisis coste-beneficio. En general, buena parte de las dificultades asociadas a este tipo de análisis se refieren a las limitaciones para cuantificar algunos tipos de costes, pero sobre todo los beneficios privados y sociales de las medidas de accesibilidad dado su carácter indirecto e intangible y, en algunos casos, debido a que su impacto no siempre es visible en el corto plazo.
Por lo tanto, el análisis coste-beneficio de la accesibilidad todavía se considera un reto no resuelto y la revisión de los estudios pone de manifiesto tanto la necesidad de seguir profundizando en la medida de la accesibilidad como también, y sobre todo, de promover la práctica transversal de la eliminación de barreras dado su impacto positivo para todas las edades y en todo tipo de entornos.
(Reportaje publicado en 'cermi.es' 195)
