Los ministros de la UE aprueban “avances legislativos” para poner en marcha la Tarjeta Europea de Discapacidad y la de Aparcamiento

El ministro de Consumo español con la comisaria europea

En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE

Redacción

El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE (Epsco) ha aprobado “avances legislativos” para que las personas con discapacidad puedan disponer de una Tarjeta Europea de Discapacidad y una Tarjeta Europea de Aparcamiento. Lo hizo en una reunión celebrada en Bruselas que estuvo presidida por el nuevo ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Así lo anunció el propio Bustinduy en la rueda de prensa posterior a dicha reunión, en la que estuvo acompañado por la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, y en la que señaló como un “hito importante” el desarrollo de las deliberaciones legislativas de la orientación general del Consejo sobre la directiva para implantar ambas tarjetas así como las conclusiones sobre el Informe Especial del Tribunal de Cuentas europeo número 20/2023 de apoyo a las personas con discapacidad, entre otros asuntos.

A su juicio, ambas tarjetas “lograrán avances que garanticen que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos de forma plena en todos los países de la Unión”. “Empezando por un pilar de las libertades fundamentales del Derecho europeo como es el derecho a la libre circulación”, abundó, convencido de que se trata de “una demanda histórica” que “reforzará los derechos de 87 millones de personas”.

El objetivo de la directiva para establecer ambas tarjetas es garantizar la igualdad de acceso a condiciones especiales o trato preferencial, como tarifas de entrada reducidas o nulas, acceso prioritario, asistencia y plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. Esto incluye eventos culturales y de ocio, instalaciones deportivas y de playa y servicios de transporte.

Tras mostrar su “agradecimiento” al “trabajo, la coordinación y el esfuerzo que lo han hecho posible”, Bustinduy también resaltó el “apoyo a las personas con discapacidad” recogidas en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo número 20/2023, también abordado en la reunión.

CUIDADOS Y RACISMO

Junto a ello, el ministro hizo hincapié en la aprobación por parte del Consejo de sus conclusiones sobre la transición de los sistemas de atención a lo largo de la vida hacia modelos de apoyo “holísticos, centrados en la persona, basados en la comunidad y con perspectiva de género”.

“Estas conclusiones son particularmente importantes porque reconocen que los cuidados son un derecho que ha de ser garantizado, con el objetivo de fondo de construir una Europa donde el cuidado de la vida sea un bien público esencial y donde se democratice el derecho al cuidado en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y con la valoración que merecen”, sentenció.

En paralelo, subrayó el debate suscitado en la reunión en relación con el plan de acción contra el racismo en la UE para el período 2020-2025, con “énfasis especial” en el “papel” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y dentro del cual se ha “reforzado” el objetivo de “acabar con los perfiles raciales”.

A este respecto, el titular de Derechos Sociales defendió que, en una sociedad “igualitaria y libre de prejuicios, ninguna minoría étnica debe ser objeto de sospecha policial”. “Acabar con los perfiles raciales ilegales es, por tanto, una prioridad impostergable que demanda toda nuestra atención”, advirtió, convencido de que este Consejo “ha tratado una hoja de ruta destinada a valorar, cuidar y mejorar la vida de nuestros conciudadanos”.

En la misma línea, la comisaria europea de Igualdad quiso “felicitar” a la presidencia española del Consejo de la UE por sus “esfuerzos intensos” para lograr la adopción del “enfoque general” en cuanto a la directiva para establecer la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Aparcamiento, la segunda de las cuales sustituirá a todas las tarjetas de estacionamiento existentes para la movilidad transfronteriza en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la directiva.

En este sentido, aseveró que los derechos de las personas con discapacidad “tienen que ir más allá de las fronteras europeas y ambas tarjetas van a convertirlo en una realidad para millones de personas con discapacidad y también sus familiares”.