Pervenche Berès, Presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
Diplomada por el Instituto de Estudios Políticos de París, la parlamentaria europea estima que la lucha por la integración en la educación y el empleo están íntimamente unidos y llama a los empresarios a contribuir a la inserción de las personas con discapacidad por ser "un beneficio para ellos".
Recientemente, la UE ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo lo valora ?
Acojo satisfactoriamente esta ratificación que el Parlamento Europeo (PE) ya había solicitado en una resolución el 29 de abril de 2009. Sin embargo, lamento que once Estados miembros que habían firmado la Convención en 2007 aún no la hayan ratificado. Asimismo, la ratificación del protocolo aún no está muy avanzada. De hecho, he remitido una carta a la Comisaria Viviane Reding al respecto por el que el PE presiona para que las implicaciones suscritas por los Estados miembros sean mantenidos.
Si revisamos el momento socioeconómico actual de crisis ¿considera que los objetivos fijados en la Estrategia 2020 son realizables ? Por ejemplo, el aumentar en un 75% la tasa de empleo...
Lamento que antes de elaborar la Estrategia 2020 no se realizara un análisis en profundidad de la situación de crisis en la cual nos encontramos actualmente, ya que la primera prioridad antes de construir el futuro es la de salir de esta crisis. Asimismo, deberíamos haber hecho un balance crítico de la Estrategia de Lisboa para estudiar por qué no hemos alcanzado sus objetivos antes de definir unos nuevos.
Toda estrategia fijada en diez años debe ser ambiciosa y establecer sus objetivos en cifras. Por lo tanto, pienso que hemos tenido razón al hacerlo, pero que ahora es conveniente poner todos los instrumentos comunitarios al servicio de esta estrategia y complementarlos con las políticas nacionales. También hay que aclarar el orden de prioridades que para mí es el siguiente : la lucha contra la exclusión y por el empleo son condiciones para volver de manera sostenible al equilibrio presupuestario. Invertir este orden de prioridad, pone en peligro simultáneamente los objetivos de la UE 2020 y la estabilidad presupuestaria.
En este último punto (el empleo), cuál es el papel de las personas con discapacidad, dado que son más vulnerables frente al desempleo.
Debemos controlar que los programas de apoyo a los colectivos más vulnerables, como el de las personas con discapacidad, no sean víctimas de los recortes presupuestarios colaterales.
Reducir el riesgo de pobreza en 20 millones de personas es también uno de los objetivos de la UE 2020. ¿Qué medidas podemos adoptar para que este objetivo sea una realidad?
Llevo muchos años luchando por la introducción un ingreso mínimo. El artículo 153-2 del Tratado sobre el funcionamiento de la UE permite a la Unión establecer « por vía de una directiva, las prescripciones mínimas » en un objetivo de « integración de las personas excluidas del mercado laboral ». Por lo tanto, el argumento por el que la Unión no tiene competencia en esta materia no es válido.
Una cuestión preocupante es la relativa a los fondos de cohesión. El Fondo Social Europeo es un instrumento muy importante al respecto, así como el motor de los Programas Operativos Plurirregionales para la Lucha contra la Discriminación, como el desarrollado por Fundación ONCE. ¿Cuál es el valor de estos fondos y qué recursos adicionales deberían recibirse para cumplir con los objetivos de la UE 2020 ?
El combate que vamos a tener los próximos meses sobre el fondo social europeo es doble : por una parte está el aspecto presupuestario, por el que debemos procurar que la cantidad total ofrecida al FSE no se disminuya por una reducción presupuestaria general. Por otra, está la revisión del reglamento sobre el FSE en sí mosmo, donde deberán conciliarse la transparencia y el control de los resultados con la simplificación de los procesos administrativos. Respecto a la lucha contra la discriminación, también habrá que pelearse para mantener el programa Progress.
¿Cree que las medidas de discriminación positiva, como la cuota de reserva de puestos de trabajo en una empresa, son una buena vía para la inserción profesional normalizada ?
Creo que una vez que se han agotado todos los argumentos y el « soft law » muestra sus límites, hay que legislar. Si las empresas, públicas o privadas, no están por la labor de integrar a personas con discapacidad o de asegurar la presencia de las mujeres en puestos directivos, el legislador debe intervenir, en un ideal de que sea de manera temporal, hasta que las mentalidades cambien.
Al respecto, en España la contratación de personas con dsicapacidad ha pasado a ser una política de RSE, como lo es la igualdad de género, ¿qué piensa de ello ?
Acojo favorablemente esta medida que es el resultado de una política proactiva sobre la que otros países deberían tomar ejemplo. Sin embargo, destaca la cuestión del carácter voluntario u obligatorio de las normas de RSE.
A menudo las personas con discapacidad padecen la discriminación en la educación. ¿Cómo se puede reforzar la educación inclusiva para garantizar que los alumnos con discapacidad puedan disponer de profesores preparados?
Los docentes deberían seguir una formación a lo largo del curso con el fin de aprender a adaptarse a las necesidades pedagógicas específicas de los alumnos con discapacidad. También deberían estar preparados para facilitar la interacción de estos alumnos con el resto de la clase.
Las personas con discapacidad encuentran en el autoempleo una oportunidad laboral, ¿de qué manera la UE promueve estas actuaciones ?
Recientemente, la UE ha puesto en marcha un programa de microfinanciación que promueve el autoempleo y que está destinado prioritariamente a las personas más vulnerables (mujeres, jóvenes, romaníes, personas con discapacidad).
La mujer con discapacidad encuentra más dificultades para integrarse social y laboralmente. ¿Qué nuevas políticas deberían crearse para combatir esta forma de discriminación múltiple ?
No estoy segura de que haya que desarrollar nuevas políticas. Disponemos de una legislación antidiscriminatoria que ahora conviene respetar. Mientras que una ley no sea respetada y exista un sentimiento de impunidad, no servirá para nada crear nuevas normas. La CE debe reforzar su control sobre la puesta en marcha de la legislación vigente y, si es necesario, lanzar procedimientos de infracción.
¿Y para motivar al empresario a contar con las personas con discapacidad?
Hay que recordar a las empresas su responsabilidad social. Se benefician de un entorno jurídico estable, de infraestructuras, de mano de obra bien formada. Todo esto también tiene un coste en términos de participación colectiva en la sociedad. Deben comprender que al final la exclusión tiene un coste social y que la contribución a la integración es un beneficio para ellos. La perspectiva de las empresas sobre las personas con discapacidad no cambiará a menos que la visión del conjunto de la sociedad sobre este colectivo evoluciones. No somos seres formateados para ser empleables y competitivos, hay que aceptar y enriquecerse de las diferencias de todos. Es por este motivo, que la lucha por la integración en la educación y el empleo están intrínsecamente unidos.
¿De qué modo trabaja el PE con las asociaciones para las personas con discapacidad. ¿De qué manera valora sus propuestas y aportaciones ?
El PE ha creado en su seno un intergrupo sobre la discapacidad que realiza un trabajo de sensibilización de todos los diputados y que también sirve de enlace con las asociaciones y la sociedad civil. Por otra parte, la Comisión de empleo y asuntos sociales va a redactar un informe sobre la movilidad e inclusión de las personas con discapacidad y la puesta en marcha de la directiva de no discriminación. Será una ocasión para acudir al encuentro de las asociaciones y escuchar sus preocupaciones.
Nathalie Domínguez/Foto: Archivo CE
