Mato actualizará la Lismi para mejorar el empleo de las personas con discapacidad

"Queremos promover la plena incorporación al mercado laboral (de las personas con discapacidad) en igualdad de oportunidades" con el resto de los ciudadanos, explicó Mato este miércoles en su primera comparecencia en la Cámara Baja.

Y para ello, prosiguió, el Gobierno trabajará "en estrecha colaboración" con los representantes del movimiento de la discapacidad y con los órganos competentes, "en el impulso de un nuevo marco legal de promoción laboral".

"No en vano", incidió, "la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad cumple este año treinta años de vigencia y es necesario actualizar el marco normativo en materia de empleo".

En este nuevo marco, prosiguió la ministra, "revisaremos todas las herramientas de las que dispone la Administración para incentivar el empleo de las personas con discapacidad".

Entre estas herramientas, especificó, figuran el impulso de la contratación socialmente responsable en el ámbito de las administraciones públicas, el refuerzo, seguimiento y control de la reserva del 2 por ciento de puestos de trabajo en empresas con más de 50 empleados y la actualización de la relación laboral de carácter especial de estos trabajadores en los centros especiales de empleo.

En la misma línea, la titular de Servicios Sociales se comprometió a poner en marcha el Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2012-2015), en el marco de la Estrategia Española sobre discapacidad 2012-2020.

Igualmente, afirmó que el patrimonio protegido en favor de personas con discapacidad será también objeto de su acción de gobierno.

"Me he propuesto conseguir juntos que la discapacidad sea un referente en la política nacional y europea", aseguró la titular de Servicios Sociales.

MAYORES

Mato, que compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso para informar de las líneas de actuación de su departamento, informó también de que el Ejecutivo impulsará la puesta en marcha del Estatuto del Mayor, comprometido en el programa electoral del PP.

"Es un compromiso del presidente del Gobierno para que queden plasmados sus derechos (los de las personas mayores) frente a cualquier forma de discriminación, de violencia o de abuso", y "para que quede garantizada su participación social y su acceso a los servicios sociales", explicó.

Según avanzó, este estatuto incluirá políticas "que actúen sobre el mal endémico de la soledad" y acciones específicas con mujeres.

Además, indicó, reforzará la humanización en el trato que reciben las personas mayores, a través de la formación dirigida a los cuidadores y profesionales.

JUVENTUD

Dentro del sector de los jóvenes, el Ejecutivo se ha impuesto como "prioridad" impulsar un plan estratégico de emancipación juvenil, con acciones específicas, tanto a nivel nacional, como internacional.

"Dedicaremos todos nuestros esfuerzos a la creación de empleo, facilitar el acceso a la vivienda, y a un sistema de educación y formación profesional de calidad, que permita mitigar la lacra que supone el desempleo juvenil en nuestro país", señaló la titular de Servicios Sociales.

"Mi prioridad absoluta", añadió, será el diseño y creación de programas específicos para fomentar el empleo juvenil, y de ayuda y orientación para jóvenes emprendedores.

En este ámbito, dijo, "organizaremos el I Encuentro Mundial de Empleo y Oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño".

A su parecer, para mejorar la situación actual de la juventud española es necesario también abordar "una reforma urgente del sistema educativo".

"Es fundamental recuperar un sistema educativo basado en los valores, la cultura del esfuerzo y el rigor académico curricular, prestigiando y reforzando la figura del profesor", finalizó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

"GRAN PACTO POR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también afirmó que el Gobierno tiene el "propósito irrenunciable" de alcanzar "un gran pacto por la Sanidad y los servicios sociales", que dé un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos y garantice la sostenibilidad de las prestaciones que ahora reciben.

Se trata, explicó Mato en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, de que todas las personas reciban las mismas prestaciones sociales y sanitarias, independientemente de su lugar de residencia.

El "gran pacto", prosiguió, se basará en dos acuerdos entre Estado y CCAA: uno por la sanidad y otro por los servicios sociales, si bien los dos tendrán como principal centro de actuación al ciudadano.

"Este pacto social y sanitario tendrá su expresión en una propuesta, que me comprometo hoy aquí a trasladar a las fuerzas políticas, para llegar a acuerdos que permitan articular un anteproyecto de Ley de Servicios Básicos para su debate en Las Cortes", indicó la ministra.

Según dijo, esta norma será una ley de servicios básicos y tendrá como objetivo fundamental garantizar el acceso a estos servicios esenciales a todos los españoles.

Para impulsar este pacto social y sanitario, Mato se comprometió a convocar, en este primer trimestre, a los consejos territoriales y conferencias sectoriales con el fin de fijar el contenido de los acuerdos.

SANIDAD

En concreto, el acuerdo por la sanidad tendrá entre sus ejes la garantía de la sostenibilidad del sistema, una cartera básica de servicios común con suficiencia financiera y un calendario de vacunación único.

Prevé también la creación de un nuevo modelo de prestación farmacéutica y de otro de gestión asistencial, además de avanzar en la extensión de las tecnologías aplicadas a la sanidad.

En el ámbito de la investigación, la titular de Sanidad propuso crear una plataforma de innovación sanitaria que identifique y promueva la incorporación de las mejores prácticas, de la innovación diagnóstica, terapéutica y de gestión clínica en la asistencia sanitaria.

SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA

Dentro del acuerdo relativo a los servicios sociales, Mato apuesta por definir un catálogo de Servicios Sociales para el conjunto del territorio y criterios comunes para garantizar "una atención de calidad".

Aboga, igualmente, por "avanzar realmente hacia un sistema de atención a la dependencia", basado en el principio de equidad establecido por ley, para que ante las mismas situaciones personales de dependencia, se reciban los mismos servicios y prestaciones.

Hay que "priorizar la prestación de servicios para la atención de calidad a las personas dependientes y que contribuya, además, a la generación de empleo, mayoritariamente femenino y en el ámbito rural", enfatizó la ministra.

Del mismo modo, el Ejecutivo se propone establecer unos criterios comunes para determinar la capacidad económica de los usuarios del Sistema de Dependencia.

Finalmente, dentro del "gran pacto por la sanidad y los servicios sociales", Mato apostó por abordar el compromiso sociosanitario.

"Se trata de aprovechar acuerdos para hacer el sistema sanitario y el de servicios sociales compatibles, funcionales y más eficientes", explicó la ministra, quien añadió que las personas en situación de dependencia pueden encontrar en el ámbito sociosanitario su mejor nivel de atención.

PLAN DE APOYO A LA FAMILIA

La ministra aprovechó su intervención para anunciar la creación de un Plan Integral de Apoyo a la Familia, que contemplará medidas sobre conciliación de la vida familiar y laboral y la revisión de los impuestos que pagan las familias "con el fin de elevar la equidad fiscal", entre otros puntos.

Mato aseguró en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados que la familia "es la más extensa red de protección frente a la exclusión social" y que su labor debe ser reconocida y apoyada, más en estos tiempos de crisis "en los hay más de un millón y medio de familias con todos su miembros en paro".

Por esto, una de las medidas principales del nuevo plan será avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, con reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial para hombres y mujeres, el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad. Además, se adoptarán acciones específicas para las familias numerosas.

Se revisarán también los impuestos que pagan las familias, "con el fin de elevar la equidad fiscal".

Asimismo, la ministra concretó que se reformará el Consejo Estatal de Familias, como órgano de coordinación administativa de las políticas familiares y de participación social del movimiento asociativo. Este Consejo será el principal foro de debate de las situaciones a las que cada día tienen que hacer frente las familias y del que saldrán propuestas concretas de actuación.

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