Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
La Generalitat Valenciana 
mantiene una doble vara de medir respecto a la educación pública y la concertada. Las dos redes se sustentan con fondos públicos, pero no tienen los mismos deberes. Mientras la escuela pública está obligada a acoger a todos los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una plaza, la concertada no.
Muchos de los centros privados subvencionados eluden solicitar al Consell la unidad de apoyo necesaria, una práctica de la que la pública no puede hacer uso. Así, sólo la mitad de los colegios subvencionados de la provincia de Castellón dispone de dicho personal de refuerzo, según se desprende de datos facilitados por la Conselleria de Educación .
Castellón cuenta con 31 centros ordinarios concertados, y 16 de ellos cuentan con medios para atender a estudiantes con necesidades de educación especiales. Éstos suman 14 unidades de apoyo de integración en Primaria, 4 en Secundaria, más una unidad específica. Aparte, hay otros dos centros de educación especial.
Es decir, cerca de la mitad de los centros privados que el Consell sustenta con dinero público en la provincia carece de los recursos pertinentes para poder albergar a jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual. Si no tienen la unidad de apoyo de integración, los colegios concertados pueden negarse a escolarizar a estos alumnos, y la Generalitat les da libertad para que la pidan o no.
Fuentes del departamento de Alejandro Font de Mora explicaron que en la totalidad de los centros públicos existen recursos (personal) para satisfacer las necesidades educativas de estos estudiantes, mientras en el caso de los concertados reconocieron que no todos cuentan con ellos. "Si no es así, pueden solicitarlos a la conselleria", afirmaron.
Los sindicatos de la enseñanza pública advierten que esta supuesta "libertad" provoca desbarajustes en el sistema educativo pues, según aseguran, hay centros concertados que obvian reclamar la unidad de apoyo para justificar así su rechazo a matricular a jóvenes con discapacidad.
Recientemente, a este respecto, una madre residente en Benicàssim denunció que un colegio concertado de Castellón, de cariz religioso (La Consolación ), se negó a escolarizar a su hijo, de 12 años de edad y con síndrome de Down, en base al argumento de la falta de medios. La madre criticó además el desconocimiento de la dirección del centro respecto a la educación que siguen los estudiantes con síndrome de Down.
El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos , José Antonio Rodríguez, defendió, por su parte, la actuación de la concertada y resaltó que los colegios privados con fondos públicos sí acogen a niños con necesidades educativas especiales. Rodríguez apuntó que la Consolación de Castelló tiene matriculados a alumnos con alguna discapacidad.
UGT , CCOO y Stepv , sindicatos que integran la plataforma por la Enseñanza Pública, entre otras entidades, demandan desde hace tiempo al Consell que promueva una distribución equitativa entre la educación pública y la concertada. UGT recuerda que el 90% de alumnos con discapacidad intelectual se concentra en la pública.
El Consejo Escolar de Castellón acogió el pasado jueves un encendido debate entre los sindicatos de la escuela pública y los de la concertada. Ambos pusieron de manifiesto sus diferencias respecto a la concertada. CCOO subrayó que la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la concertada ha de ser subsidiaria de la pública. La representante de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza señaló que "si el espíritu de la LOE es éste" es inconstitucional. A su juicio, atentaría contra el artículo 27 de la Carta Magna.
Cabe decir que la Constitución, en dicho artículo, admite la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral. No hace referencia en cambio a la educación concertada, un modelo que implantó en 1985 el Gobierno socialista con el objeto de satisfacer una escolarización universal y gratuita. Esta normativa obligaba a los concertados a llevar a cabo los mismos procesos de selección que la pública. El informe del Consejo Escolar constata que los subvencionados hinchan ahora su matriculación.
Fuente: Levante El Mercantil Valenciano
