Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El movimiento asociativo de las personas con discapacidad ha elaborado un manifiesto, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), en el que reclama a los poderes públicos una educación inclusiva "real y efectiva".
Así, a través de este manifiesto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI 
Estatal) reclama que se garantice el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios, "sin discriminación o segregación de ningún tipo por esta circunstancia, proporcionando los apoyos necesarios para que la inclusión educativa en un entorno educativo abierto sea una realidad".
También exige la sensibilización de toda la comunidad educativa hacia la realidad, la diversidad y el valor intrínseco de las personas con discapacidad y su contribución a la comunidad en la que viven; al mismo tiempo que demanda una identificación temprana de la discapacidad y una atención preventiva y compensadora, así como una mejora de los procesos de detección, mayor coordinación y fomento de la escolarización desde la educación infantil.
El Comité, además, postula la revisión y actualización "urgentes" de la legislación estatal y autonómica en materia educativa para ajustarla plenamente al paradigma de educación inclusiva establecido por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, plantea que las estructuras de educación no normalizada, aún existentes en nuestro país, deben dirigirse hacia su completa convergencia con el modelo de educación inclusiva.
En este sentido, mientras se alcanza un sistema educativo coherente con el principio de inclusión, el movimiento asociativo exige que la legislación establezca la obligación de garantizar la libre elección de la modalidad educativa y de escolarización por parte del alumnado con discapacidad o de sus familias. De acuerdo con el mandato de la Convención, el proceso de elección deberá regirse siempre por el principio "pro educación inclusiva", por lo que, según asegura el Comité, "en ningún caso, será admisible que la administración competente en materia educativa obligue al alumnado a su escolarización en centros de educación especial".
Además, solicita que se promueva, tanto en la formación inicial como en la formación permanente del profesorado y de los profesionales responsables de la orientación educativa, una adecuada cualificación, especialización y actualización competencial que acomode su intervención al alumnado con discapacidad; al mismo tiempo que reclama que los proyectos educativos de los centros incorporen planes de atención a la diversidad.
Por una parte, pide la adecuación de las nuevas tecnologías al principio de accesibilidad universal y a la estrategia de diseño para todas las personas, "con el objetivo de que el alumnado con discapacidad encuentre en ellas una oportunidad y no una barrera". Por otra, demanda que los centros que escolaricen alumnado con discapacidad establezcan medidas de flexibilización y/o alternativas en las metodologías de aprendizaje de las materias.
También propone la incorporación del diseño para todos y la accesibilidad universal en la propuesta curricular de formación y en la adquisición de competencias prevista en las distintas titulaciones de enseñanza superior.
El CERMI recuerda en el manifiesto la necesidad de informar a toda la comunidad educativa de sus derechos y deberes e insiste en que el Plan de Becas y Ayudas al estudio esté al alcance de todos los estudiantes con discapacidad.
Asimismo, reclama que se promueva la coordinación del profesorado que imparte los diferentes niveles y la adecuada orientación psicopedagógica, con el objeto de posibilitar el tránsito del alumnado con discapacidad entre las distintas etapas educativas, tal y como recoge la Convención, "para su posterior capacitación profesional e inserción en el mundo laboral".
Así, plantea que se desarrollen y se hagan efectivos, por parte de las administraciones competentes, el reconocimiento de las lenguas de signos españolas y que se regulen los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. También exige que se promuevan las actuaciones necesarias para fomentar la inclusión educativa de las niñas y adolescentes con discapacidad, dirigidas a paliar la "clara situación" de mayor desventaja de este grupo social en el ámbito educativo.
Otra de las demandas es la referida a la adopción de las medidas económicas necesarias para asegurar que ningún alumno con discapacidad con escasos recursos económicos, se vean privados del derecho a acceder a una educación inclusiva de calidad.
Por último, propone que se tenga en cuenta y se abra la participación y corresponsabilización del tejido asociativo representativo de la discapacidad en el sistema educativo; recuerda el papel esencial de los medios de comunicación de transmitir y visibilizar una sociedad inclusiva; recuerda la puesta en marcha, que establece la Estrategia Europea 2020, de los mecanismos y recursos necesarios para disminuir los porcentajes de abandono escolar; así como que el Pacto Europeo de la Discapacidad, promovido por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), incluye entre sus prioridades, la igualdad de acceso y oportunidades en materia de educación.
El CERMI Estatal expresa, a través de su manifiesto, que "fomentará la coordinación con el movimiento asociativo de la discapacidad y de sus familias para la mejora de los procesos de inclusión y atención al alumnado con discapacidad y sus familias".
Fuente: Servimedia
