El profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid 
, Rafael de Asís, ha aseverado que los ajustes razonables, que son medidas que adaptan el entorno a las necesidades específicas de las personas y que se adoptan cuando falla el diseño para todos, “no se pueden comprender como una medida que busca reemplazar el incumplimiento de la accesibilidad y corregir así situaciones de discriminación”.
Es una de las conclusiones de la mesa redonda ‘No Discriminación y Accesibilidad Universal’, celebrada ayer durante la Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que, organizada por el Cermi con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y Obra Social Fundación La Caixa , se clausura esta tarde tras haber acogido un intenso temario ofrecido por expertos en materia de discapacidad y jurídica.
El objetivo de esta mesa redonda ha sido abordar el papel central que desempeñan la accesibilidad y los ajustes razonables en la eliminación de las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.
En este sentido, Rafael de Asís ha incidido en que es importante subrayar el campo de proyección de los ajustes razonables, que son los bienes, productos y servicios, que tienen que estar relacionados con la participación plena en la sociedad, así como definir su función, que es el logro de la accesibilidad.
Así, ha afirmado que se puede hablar de derecho a la accesibilidad y a los ajustes razonables. Según ha explicado, la accesibilidad, desde el punto de vista de sus construcciones jurídicas, se entiende como principio, como parte del contenido esencial de todo derecho, como parte del derecho de no ser discriminado por razón de discapacidad, y como un derecho singular.
En cuanto a este igual acceso a bienes, productos, servicios y derechos para tener una participación plena en la sociedad, Rafael de Asís ha expuesto que hay que plantearse si éstos se encuentran integrados en el discurso de los derechos humanos. En esta línea, ha señalado que la incursión del discurso de la discapacidad al de los derechos humanos, supone, para él, una serie de cambios, como “cambiar la idea de relacionar sus derechos con la idea de asistencialismo, reconstruir la idea de identidad humana y de igualdad, perdiendo el miedo a la idea de libertad y abriéndose a la de responsabilidad”.
En relación a los cinco de años de vigencia de la Convención de la ONU -que para Rafael de Asís se envuelve en una estrategia de no discriminación: de situación y de identidad-, el catedrático ha hablado de avances en materia de accesibilidad, aunque, ha reconocido, desde el punto de vista jurídico, “hay muchas dudas sobre la configuración jurídica de esta idea”.
Por otra parte, con respecto a la ponencia de Rafael de Asís, para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, David Giménez Glück, la accesibilidad sí que forma parte del contenido esencial de los derechos, principalmente, ha apuntado, el derecho a la no discriminación, a la libre circulación, a la información, a la expresión, al trabajo, a la educación o a la participación política.
Jesús Hernández, director de Accesibilidad de Fundación ONCE -donde se ha desarrollado el Observatorio de Accesibilidad a Municipios Españoles, Observatorio de Accesibilidad al Transporte, y el análisis de accesibilidad a portales de internet- ha reivindicado “no tener que reivindicar nada”, desde la aspiración de alcanzar una sociedad inclusiva, en la que exista un reconocimiento real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y donde se garantice el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto.
Por su parte, la directora de Planificación, Control y Gestión Administrativa, de la Dirección General de Personas y Organización de Repsol , María José López Menéndez, ha expuesto las buenas prácticas de su organización en materia de discapacidad y accesibilidad, como es el programa de incorporación de personas con discapacidad en su compañía, que se implantó en 2005, y a partir del cual se empezaron a adaptar los puestos de trabajos y las estaciones de servicio, habiendo 500 estaciones de servicios accesibles; o el programa de Teletrabajo, al que se pueden acoger los trabajadores con discapacidad, según sus necesidades específicas.
Por último, en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , Laura Diego, ha destacado la prioridad de su departamento para 2013, que, según ha expuesto, es la aprobación de un Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, que actúa como marco para las políticas públicas en materia de discapacidad en los próximos años, con el objetivo de la promoción de la accesibilidad de bienes y servicios y dispositivos de apoyo para personas con discapacidad.
MÁS DE 100 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
La sociedad debe dar voz a los más de 100 niñas y niños con discapacidad que hay en el mundo, con el objetivo de que gocen de su derecho a una verdadera participación. Es una de las conclusiones de la mesa redonda ‘La participación de niñas y niños con discapacidad’ celebrada durante la Conferencia Internacional.
El objetivo de esta mesa redonda ha sido abrir un debate ante la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y niños con discapacidad, y sobre los mecanismos que es preciso implementar para garantizar la participación activa de las niñas y niños con discapacidad en el ámbito de la educación, el ocio, el deporte, la salud, etc.
Así han coincidido los participantes en esta mesa, que han sido Gerison Lansdown, experta del Reino Unido en derechos de las niñas y niños; la comisionada de Género del Cermi y miembro del Comité para la Convención de la ONU, Ana Peláez; el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de la Convención de Derechos del Niño, Jorge Cardona; la coordinadora de la Red de Niñas y Niños con Discapacidad del Cermi, Inés de Araoz; y la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España , María Arias Robles.
Según ha apuntado Lansdown, “la participación de las niñas y niños con discapacidad importa”, ya que, para ella, “no se pueden definir sus intereses superiores sin escucharles, sin conocer sus aspiraciones o ideas”. Además, ha asegurado, si ellos participan, adquieren una mayor autoestima, se vuelven más confiados, aprenden más y se sienten más valorados. Por el contrario, ha continuado, si se les excluye de la toma de decisiones, “se promueve su marginalización”.
En este sentido, ha hablado del derecho del niño que establece la propia Convención de la ONU para expresar libremente su opinión y que se la tenga en cuenta, en función de su edad y madurez. Por ello, ha apostado por que sean activos y que participen en su propia vida. Además, ha incidido en la idea de que los propios Gobiernos, de la mano de las organizaciones que representan a las niñas y niños con discapacidad, les consulten sobre las medidas que vayan a adoptar y les vayan a afectar, así como que ha apuntado a la responsabilidad de crear mecanismos o herramientas que faciliten que expresen su opinión para que sea tenida en cuenta.
Por su parte, Ana Peláez ha alertado de que el Comité para la Convención de la ONU, del que es miembro, ha detectado que los Estados parte no consultan directamente a las niñas y niños con discapacidad, de cara a la aplicación en la normativa para hacer efectivo el tratado internacional.
También ha expuesto las recomendaciones que el Comité hizo a España, en este sentido. Así, indicaba que “deplora la falta de información sobre la eficaz participación de las niñas y niños con discapacidad en todos los niveles de su vida”, que “se deben adoptar medidas para incluirles en todos los ámbitos de su vida”, que España adopte políticas y programas que asegure el derecho a expresar sus propias opiniones, así como manifestaba estar “preocupado” por las tasas de malos tratos de las niñas y niños con discapacidad en nuestro país.
Para Peláez, a España le queda un “largo camino por recorrer” en este sentido, y, por ello, ha recomendado que tenemos que partir de los principios y mandatos de la Convención y aplicarla directamente a toda la infancia con discapacidad. Así, en su opinión, el movimiento asociativo tiene un “inmenso” compromiso en este aspecto, ya que no cuentan apenas con políticas de infancia. Para ello, ha señalado que habría que crear grupos de trabajo para dar a conocer estos derechos y ofrecer mecanismos de participación.
La coordinadora de la Red de Niñas y Niños con Discapacidad del Cermi, Inés de Araoz, ha manifestado que lo importante es “dar voz” a las niñas y niños con discapacidad, ya que no se trata sólo de una necesidad, sino de un derecho. Y, en este sentido, ha señalado que esto “conlleva un cambio en la manera de ver las cosas” y un proceso de transformación de las organizaciones, influenciadas por la Convención. Para ella, la participación es un derecho que está muy relacionado con la autodeterminación, la libertad de tomar las propias decisiones y el derecho de no verse obligado a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
En representación de Unicef España, Marta Arias ha apostado también por la participación de las niñas y niños con discapacidad, pero no sólo desde el punto de vista de beneficiarios, sino como agentes de cambio. Asimismo, ha resaltado el principio de equidad, es decir, poner el foco en sus derechos, “en todo momento, lugar y circunstancia”.
Por último, el catedrático Jorge Cardona, durante su intervención, también ha indicado que no sólo hay que tener en cuenta a las niñas y niños con discapacidad en lo que respecta a decisiones individuales, sino que “deben ser escuchados colectivamente” y se debe procurar que ejerzan su derecho de participación en todos los ámbitos, y facilitarles apoyos y medidas específicas para garantizar su participación en condiciones de igualdad que el resto.
CLAUSURA
Según el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, para la efectiva aplicación de la Convención de la ONU es necesario el compromiso de la sociedad civil y de las organizaciones de la discapacidad.
Para Tremiño, la responsabilidad es de todos, pero ha apuntado a las entidades sociales de la discapacidad y a las propias personas con discapacidad y sus familias como los impulsores para que las administraciones “lleven a buen término la Convención y conseguir así su efectiva aplicación”.
Por su parte, el defensor del Pueblo Europeo , Nikiforos Diamandouros, que también ha participado en el acto de clausura, ha manifestado su compromiso por defender los intereses de los ciudadanos europeos, y, en especial, de los ciudadanos con discapacidad, para lograr también el efectivo cumplimiento del tratado internacional.
La vicepresidenta del Cermi, Concepción Díaz, ha afirmado que la Convención “aporta un cambio social, sobre todo, en lo que respecta al enfoque de los derechos humanos en el discurso de los derechos de las personas con discapacidad, aunque, según ha añadido, también son derechos sociales, económicos, lingüísticos y culturales.
Asimismo, ha animado a seguir luchando para promover un cambio, el cual, según ha manifestado, “tiene que experimentar el movimiento asociativo y revolucionarse para que se aplique en todo el mundo, liderar la Convención y hacer presión para que se implemente”.
Por otra parte, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, ha mostrado el compromiso del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en su lucha por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
Por último, la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristina Fraile, ha querido llamar la atención sobre la relación de la Cooperación al Desarrollo y la discapacidad y ha hecho referencia al próximo encuentro que tendrá lugar en Nueva York el próximo mes de septiembre sobre Desarrollo y Discapacidad.
UNIVERSIDAD, EXCELENCIA Y DISCAPACIDAD
Previamente, se ha celebrado la mesa redonda ‘Universidad, excelencia y discapacidad’, con el objetivo de reflexionar acerca del compromiso de la Universidad para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica, laboral, cultural, etc. y así asegurar su acceso a la formación universitaria y a la profesión universitaria en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que apostar por una universidad inclusiva, que promueva la investigación, la innovación, la formación especializada y el asesoramiento y la transferencia de resultados en materia de discapacidad.
En la mesa han participado el vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED , Álvaro Jarillo; el director del Área Educativa de Fuhem , Víctor M. Rodríguez Muñoz; la profesora titular del Dpto de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos y asesora del Ministro de Educación durante 2006-2010, Mercedes Gutiérrez Sánz; la asesora de la Secretaria General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes , Gloria Molero; y la directora técnica de Fiapas y miembro de la Comisión de Educación del Cermi, Carmen Jáudenes.
Todos han coincidido al afirmar que ha habido avances en materia legislativa en los últimos años, en lo que se refiere a su aplicación y adaptación a la Convención de la ONU, tal y como se establece en su artículo 24, que habla de la educación inclusiva. En este sentido, Jarillo ha destacado como puntos críticos para la inclusión universitaria en España: la continuidad y transición entre educación secundaria y superior, la transparencia (acceso a datos) y la homogeneidad en criterios de acceso, la permanencia y salida de la universidad, la diversidad en los parámetros de inclusión y criterios de adaptación curricular, la precariedad financiera y la falta de recursos, y la formación y capacitación de los cuerpos docentes y demás personal universitario.
Por su parte, Víctor Rodríguez ha destacado que lo necesario para una universidad inclusiva es profundizar en el desarrollo normativo por parte de las administraciones educativas y hacer cumplir las normas, así como la reinvención e imaginación por parte de las universidades ante la falta de financiación. Con respecto a este punto, ha coincidido Mercedes Gutiérrez, quien ha manifestado que el Espacio Europeo sobre Educación Superior es “una oportunidad de oro”, ya que fuerza a una enseñanza más personalizada y creativa.
Además, Carmen Jáudenes ha destacado, entre otros aspectos, como claves para el abordaje inclusivo en el sistema universitario, la identificación de las necesidades específicas de apoyo y una disposición adecuada y estable de los recursos de apoyo, la formación del profesorado y la toma de conciencia de la comunidad universitaria y de todos los agentes involucrados.
Por último, Gloria Molero ha hecho referencia a las entidades de la discapacidad como las responsables del desarrollo de muchas acciones a favor de los estudiantes con discapacidad en la universidad.
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