La ONCE ha logrado “atacar” la exclusión de las personas con discapacidad “de manera integral”

Así lo defendió, en declaraciones a Servimedia, la especialista senior en sostenibilidad social e inclusión del Banco Mundial para América Latina y Caribe, María Elena García Mora, autora, junto a los expertos Steven Schwartz Orellana y Germán Freire, del informe ‘Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible’ y según el cual en la región hay alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad, cifra que equivale al 14,7% de la población total.

Por lo que respecta a la labor de la ONCE, valoró que ha sabido “priorizar” tres áreas “importantes”, según el informe, dado que, en primer lugar, “fortalece la voz y agencia de las personas con discapacidad al ser también agentes del cambio”.

“Segundo, se enfoca en el fortalecimiento del capital humano y la inclusión laboral trabajando de cerca con el sector privado y, tercero, ataca el tema de accesibilidad universal con muchas iniciativas innovadoras”, abundó, para, a continuación, admitir que la organización a la que representa está “muy entusiasmada de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la inclusión de las personas con discapacidad”.

El Banco Mundial mantiene un Memorando de Entendimiento con el Grupo Social ONCE y, a este respecto, afirmó que, de cara a la elaboración del informe, “haber contado con un socio con semejante trayectoria y experiencia fue fundamental y, realmente, hizo la diferencia”.

“El Memorando de Entendimiento nos abrió espacio para poder fortalecer esta alianza”, agregó, convencida de que el Grupo Social ONCE “fue un aliado clave” en la difusión del informe.

Junto a ello, valoró que pusiera a su disposición sus recursos humanos y ofreciera consejos técnicos “esenciales para fortalecer la accesibilidad del reporte y de los diferentes productos”. “Nos abrieron espacios para presentar las recomendaciones del reporte y nos están ayudando a dar a conocer sus mensajes del reporte”, valoró, al tiempo que admitió que sus colegas han “aprendido mucho trabajando junto a ellos” y dijo esperar que “esto sea sólo un comienzo de un trabajo más estrecho en la región”.

“Es juntos, con socios como Grupo Social ONCE, sumando voces de quienes saben del tema, generando espacios de diálogo, que lograremos resultados”, apostilló.

INFORME

Por lo que se refiere al informe, éste señala que en uno de cada tres hogares de la región vive al menos una persona con algún tipo de discapacidad y en uno de cada cinco hogares en situación de pobreza extrema en la región vive una persona con discapacidad. Además, cerca de siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad son “vulnerables” a caer en la pobreza en situaciones de crisis, con perfiles especialmente expuestos a ello, entre los que se encuentran las mujeres, la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

Se trata del tercer informe en una serie sobre inclusión social, el primero de los cuales se elaboró en el 2015 y versó sobre inclusión de población indígena; el segundo, en 2018 y que analizó la inclusión de población afrodescendiente y el tercero, en 2021, que trata de la inclusión de personas con discapacidad.

“Los reportes anteriores han logrado fortalecer el diálogo entre el Banco Mundial y los gobiernos de América Latina y El Caribe en temas de inclusión de minorías etnoraciales y confiamos en que ocurrirá lo mismo con este”, confesó, al tiempo que advirtió de que el objetivo de la última edición es “presentar la situación de las barreras existentes para la inclusión plena de las personas con discapacidad e identificar políticas y programas que estén ayudando a eliminar estas barreras, para fortalecer su inclusión en la región”.

DATOS MUY RELEVANTES

El informe fue elaborado utilizando los datos existentes en censos, encuestas de hogares, encuestas especializadas, literatura secundaria y se complementó con un análisis legal e institucional y, entre las conclusiones que arroja, la especialista destacó una “muy relevante”, como es el hecho de que aún los datos “son insuficientes a pesar de ser una región rica en análisis estadístico”.

“Aún tenemos muchos vacíos de conocimiento y, en particular, para entender las barreras que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psicosocial”, lamentó, para puntualizar que esto “es crucial para poder generar políticas públicas inclusivas”, dado que, a su juicio, “la invisibilidad estadística se traduce en invisibilidad en la atención de políticas y programas”.

En paralelo, también estimó “crucial” que, incluso en aquellos países donde se ha disminuido o eliminado la brecha de pobreza entre hogares con personas con discapacidad y aquéllos sin estos perfiles, “aún existe una vulnerabilidad mayor a caer en la pobreza en los primeros”.

Según su punto de vista, este dato “refuerza” la tesis de que las políticas de los países “más progresivos” aún resultan “insuficientes para lograr un desarrollo sostenible de las personas con discapacidad”.

BRECHAS IMPORTANTES

En este sentido, consideró “claro” que en la región persisten brechas “importantes” en el acceso a educación y empleo y hay “un rezago en la acumulación del capital humano que se traduce en una tasa de analfabetismo cinco veces más alta que en la población sin discapacidad”.

“Vemos que los hogares con personas con discapacidad son más pobres y más vulnerables y vemos que esto es un círculo vicioso en donde los hogares más pobres tienen una prevalencia más alta de la discapacidad y, a su vez, la discapacidad puede llevar a la pobreza a través de menor participación en el mercado laboral, costos más caros en salud o adaptaciones en el hogar o el transporte”, denunció, para criticar que aún pervive “una segregación importante de las personas con discapacidad en muchos ámbitos en la sociedad”. A su entender, parte de esta situación tiene que ver con las barreras físicas que persisten en los espacios públicos y privados, pero también con las barreras legales y sociales que, dijo, “crean estigma y fomentan prejuicios que limitan más los espacios en donde las personas con discapacidad pueden participar de manera segura”.

Con todo, también quiso hacer hincapié en los “avances importantes” que se han registrado en la región en las últimas décadas, pues, mientras que en los años ochenta solo cuatro países tenían datos desagregados en sus censos, en la última ronda de censos hay 24 países que los incluyen.

De la misma forma, valoró el “reconocimiento” alcanzado en torno a la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en las leyes y políticas públicas, que se han traducido en políticas concretas en varios sectores incluyendo cuotas para su inserción laboral en 18 países en la región.

No obstante, según su experiencia, el “reto más importante” es ahora implementar todos estos derechos adquiridos y, en este punto, advirtió de que en algunos casos se trata de aspectos “complejos” tales como la capacidad jurídica y la institucionalización de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual.

Finalmente, otro “reto importante”, según su parecer, es que se trata de un grupo “muy heterogéneo”, por lo que, para ella, las políticas que pueden “fortalecer” la inclusión de un subgrupo “no necesariamente son útiles para otro subgrupo”. “Entender este punto es clave para lograr políticas públicas operativas que realmente modifiquen la situación actual de exclusión”, resolvió.